Lunes 24 de septiembre de 2018
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Ordena TEPJF a partidos devolver recursos no ejercidos

TEPJF
2018-03-12 12:58:12 por Antonio Caporal
TEPJF

Al confirmar el Dictamen Consolidado y la Resolución del INE respecto a las irregularidades encontradas en la revisión del Informe Anual de Morena, correspondiente a 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó, por mayoría de votos, que, a partir del presente ejercicio (2018), los partidos políticos deberán devolver al erario público los remanentes del financiamiento público entregado para actividades ordinarias y específicas que no hayan sido comprobados, utilizados o devengados durante el año.

Morena planteó que, al emitir las resoluciones derivadas de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes anuales de los partidos nacionales y locales de 2016, el INE omitió requerir a todos los partidos políticos el reintegro del remanente no ejercido del financiamiento público para gasto ordinario y actividades específicas.

En el SUP-RAP-758/2017, el TEPJF determinó que de la interpretación armónica del marco legal correspondiente1 se concluye que los partidos políticos son sujetos obligados por las normas presupuestales y hacendarias, y que el Constituyente les asignó la calidad de entidades de interés público. Por ello, los recursos derivados del financiamiento público de los partidos se rigen por los principios que regulan el gasto público, como los de economía, austeridad, racionalidad y anualidad del presupuesto. De esta manera el Pleno ratificó los criterios desarrollados en las sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-647/2015, y SUP-RAP-452/2016.

Así, la Sala Superior consideró que los partidos políticos, en tanto ejecutores de gasto, se encuentran obligados a realizar los reintegros de los remanentes, ya que estos no están contemplados entre las excepciones que el Congreso de la Unión señaló en las leyes hacendarias y presupuestales. No hacerlo así, implicaría permitir que los partidos ejerzan recursos para fines distintos a los constitucionalmente previstos, lo cual los alejaría de la transparencia presupuestaria con la que deben conducirse quienes reciben recursos públicos.

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Antonio Caporal
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