Como juez “creo que la libertad es la posibilidad de hacer el conjunto de cosas que el orden jurídico autoriza” y que en las sociedades modernas “es una libertad condicionada: no es una libertad pura” porque, desde luego, “tiene posibilidades y tiene límites”, afirma el ministro José Ramón Cossío Díaz (Ciudad de México, 1960) un actor destacado de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surgida de la reforma de 1994 y que le ha permitido al máximo tribunal de justicia del país ser un elemento clave de estabilidad social, así como factor de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
A lo largo de sus casi 15 años como uno de los once supremos jueces de la SCJN, responsabilidad que concluirá en el mes de noviembre próximo, Cossío Díaz se ha distinguido como un ministro liberal, con proyectos y posiciones garantistas en favor de la ampliación de los derechos consagrados en la Constitución.
En entrevista con Vértigo aborda la importancia de la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal, la libertad con la que deben contar jueces, magistrados y ministros al momento de procurar justicia, y la trascendencia en este sentido de la reforma de la SCJN hace 25 años.
—¿Qué papel juega la libertad en el quehacer diario de jueces, magistrados, ministros y del Poder Judicial en general al momento de procurar justicia?
—Hay dos dimensiones: nuestra Constitución y los tratados internacionales que ha celebrado México reconocen ámbitos importantes de la libertad del ser humano como la libertad de expresión, reunión, tránsito, asociación o comercio, entre otros; y los jueces del país estamos obligados a proteger esta condición de la libertad. De manera tradicional esa libertad se ha visto afectada por el Estado. Nuestro texto constitucional y la nueva ley de amparo nos permiten proteger esa libertad respecto de particulares que se encuentren en situación de un excesivo poder respecto de otras personas con quienes litigan. Esa es una primera tarea que tiene que ver con la libertad: que debemos proteger a quien venga a solicitarnos la protección.
Y hay, también, una dimensión interna de la libertad que es la que uno tiene que ejercer todos los días para evitar colocarse en una situación que pueda vulnerar la propia independencia para poder resolver como a mí me parezca, de acuerdo con mis capacidades técnicas y con mi conciencia.
—¿Cómo se ejerce esa libertad frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo?
—En el tiempo que he desempeñado la responsabilidad de ministro no he sentido que haya intromisión por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El presidente de la República litiga en ocasiones por medio del Consejero Jurídico de la Presidencia, otras veces mediante el Procurador General de la República, algunas más con el procurador fiscal y, en pocas ocasiones, a través de los secretarios de Estado.
El caso del Congreso de la Unión “es muy parecido: vienen los presidentes de comisiones; pocas veces lo hacen los presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado. Creo que la independencia se rompe cuando uno se coloca en una situación donde uno puede solicitar favores o ponerse en una condición de vulnerabilidad.
Racionalidad
—Esa independencia es un aspecto fundamental para que los jueces impartan justicia. ¿Qué importancia tienen la libertad y la autonomía de los juzgadores en el momento de analizar los casos y emitir una resolución?
—Es muy importante, porque el Derecho al final del día, y el Derecho moderno mediante el orden jurídico actual, nos pide que resolvamos en una racionalidad jurídica que a veces es difícil de entender, porque esta nos dice que frente a los litigios que se promueven el juez debe tener imparcialidad para colocarse dentro del mundo técnico, de normas y de hechos. De no hacerlo de esa manera hay una tentación espantosa porque uno empieza con puntos de vista subjetivos a juzgar en un mundo que no es el mundo de la racionalidad que estamos tratando de establecer.
—En ciertas circunstancias sociales o políticas la libertad siempre estará en riesgo. ¿Cuáles son los peligros que se corren de afectar la independencia y el libre actuar de la Suprema Corte y el Poder Judicial?
—El riesgo es sustituir este aspecto de una racionalidad jurídica, que es muy difícil de establecer, y alcanzar veredictos con base en opiniones, preferencias, gustos o prejuicios de los integrantes del caso, porque entonces sí se da una sustitución completa: el juzgador, en lugar de tomar en cuenta lo que dice el orden jurídico, puede responder que “no sé ni me importa”. Y si hay pruebas en el expediente, decir que “no me interesa…” Al final de cuentas, un prejuicio, para decirlo en términos generales. Y en esas condiciones jugar un papel que no corresponde, y lo digo con mucho cuidado: jugar a ser Dios: “Yo desde mi infinita sabiduría, yo desde mi infinita moralidad, yo desde mi infinito entender las cosas, resuelvo que este señor se queda con hijos o sin hijos o con casa o sin casa, con libertad o sin libertad”. Ese me parece un juego peligrosísimo porque entonces hay una sustitución completa de unas reglas que se crearon democráticamente, más allá de si están bien o mal, por el legislador. Hay una práctica por sustitución que me parece que distorsiona por completo la convivencia social.
Tránsito
—A usted le ha correspondido participar en una Suprema Corte surgida de la reforma de 1994. ¿Qué tan importantes han sido los cambios que de ella derivaron y que le dieron nuevo rostro y nuevas atribuciones a la SCJN?
—Ha sido una reforma importantísima porque ampliar las controversias constitucionales permitió la institucionalización del pluralismo político: una mayor libertad política. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos un régimen hegemónico históricamente y de repente empezamos a tener gobernadores y presidentes municipales de oposición, un Congreso de la Unión que ya no era claramente mayoritario... Eso aumentó la conflictividad entre los órganos y había dos formas de resolver los conflictos: una política y otra por la vía jurídica. En la vía política son siempre negociaciones, acuerdos, arreglos, que no están mal: la política para eso sirve, pero también permitió que cuando se llegara a exacerbar un cierto conflicto vinieran los actores a la SCJN, lo que permitió transitar al pluralismo político institucionalizado.
—¿Para usted que es la libertad?
—Como juez creo que la libertad es la posibilidad de hacer el conjunto de cosas que el orden jurídico autoriza. La Constitución no reconoce una libertad absoluta, metafísica o filosófica que permita que cada quien en este mundo haga lo que se le pegue la gana: eso no lo reconoce sino que me reconoce la libertad de que yo me exprese, con ciertas restricciones para no ofender; la libertad de que transite, pero sin afectar el tránsito de los demás, entre otras. La libertad como está construida en las sociedades modernas es una libertad condicionada: no es una libertad pura. Hay una forma de construcción jurídica de la libertad que desde luego, y esto es lo paradójico de esta construcción, tiene posibilidades y tiene límites.
El ministro José Ramón Cossío Díaz (Ciudad de México, 1960) estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Más tarde cursó la Maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Se graduó como Maestro en Derecho por la UNAM y obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha escrito 25 libros (algunos en coautoría) y ha coordinado otros 16.
Considerado como un ministro de visión liberal, ha recibido premios y reconocimientos como el Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales; el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el Campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; el Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en 2010 y en 2017, por su labor en los ámbitos de Justicia, entre otros.
Es integrante de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales y desde 2014 es integrante de El Colegio Nacional de México.
En noviembre de este año concluye su periodo de 15 años como ministro de la Suprema Corte.