Plataformas Electorales no fortalecen institucionalidad

Antonio Caporal
Política
UNAM
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Al cierre de los foros “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios”, organizados por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas universitarios consideraron que las plataformas electorales carecen de planteamientos concretos y específicos en torno a cómo fortalecer nuestra mermada institucionalidad política, las relaciones entre poderes y el desempeño de éstos.

En la última mesa de análisis Estado de derecho, democracia y rendición de cuentas, moderada por Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia (SUT), puntualizó que en la articulación de las plataformas políticas “las generalidades casi siempre son políticamente correctas”.

Ésa, dijo, es una expresión de que las plataformas han sido más que nada un requisito para registrar candidaturas y no un documento central de compromisos de partidos y de candidatos con los ciudadanos. Estos documentos deberían ser el sustento básico del debate político, pero si no ha sido así, es porque en buena medida no ha habido exigencia social con respecto a lo que plantean.

En opinión de Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el rubro de rendición de cuentas hay un equívoco generalizado en todas las plataformas y programas, porque se asimila sólo un proceso de información, pero no la sujeción de que una democracia debe operar con relación a quienes gobiernan, “porque de otra manera tenemos una rendición de cuentas sin consecuencia, y esto se puede ver en el caso de la cuenta pública”.

El Estado de derecho plantea igualdad ante la ley; sin embargo, un tema relacionado con este rubro, y que no se aborda en las plataformas electorales, es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo a las 12 semanas, que sólo está permitida en una entidad, mientras que en otras 13 es objeto de castigo con una sanción privativa de la libertad de tres a cinco años, y en 18 más se penaliza hasta por 30 años. “La desigualdad es ostensible, las mexicanas están sujetas a diferentes regímenes, eso es falta de Estado de derecho”, remarcó.