Ciudad de México, 30 de abril. Derivado de seis años de labores en la Cámara de Senadores y dos trienios de la Cámara de Diputados, la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión cierra su ciclo como una de las etapas parlamentarias más pujantes de la historia moderna del país, que generó reformas estructurales y constitucionales en materia política, administrativa, económica, judicial, comercial, cultural, social y de competitividad para beneficio del México del futuro.
Los trabajos de la LXIII Legislatura se tradujeron en acuerdos fundamentales para impulsar la transformación económica y social del país desde diversas áreas clave: laboral, energética, de competencia económica, telecomunicaciones, hacendaria, financiera, educativa, nueva ley de amparo, nuevo sistema penal acusatorio, política-electoral y en materia de transparencia.
También dio luz a la creación de distintas legislaciones en materia de delincuencia organizada, protección de datos personales, combate a la tortura, disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, reforma política del DF, Zonas Económicas Especiales, desaparición forzada, seguridad interior, legalización de la marihuana con fines médicos, inhabilitación del fuero constitucional a funcionarios públicos y ratificación del TPP11, entre otras no menos importantes que tendrán enorme trascendencia para el desarrollo próximo del país.
Quedan, es cierto, pendientes como los nombramientos del fiscal general, del fiscal anticorrupción y de los magistrados especializados en el tema, pero la LXIII Legislatura del Poder Legislativo llega a su último tramo de actividades, que concluye formalmente este 30 de abril, legando una labor bicamaral de suma relevancia para el progreso de México.
Integración
La LXIII Legislatura del Congreso de la Unión inició sus funciones el 1 de septiembre de 2012 en el Senado y por lo tanto su composición permaneció igual durante las legislaturas LXII y LXIII de los diputados.
Al inicio las primeras tres fuerzas en la cámara alta las constituyeron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) con 54, 38 y 21 senadores respectivamente. Sin embargo, en el segundo trienio la configuración registró movimientos: PRI, 55 escaños; PAN, 34; PRD, siete; Partido Verde, cinco; PT, 19, y sin grupo parlamentario, ocho.
En esta LXIII Legislatura, por su parte, en la Cámara de Diputados el PRI fungió como primera fuerza con 204 legisladores; le siguieron como segunda y tercera fuerza el PAN y PRD, con 108 y 55; Partido Verde, 39; Partido Nueva Alianza, doce; Encuentro Social, nueve; sin partido, cuatro, y un diputado independiente.
Los primeros tres años de esta etapa legislativa se caracterizaron por el Pacto por México y la aprobación de las reformas estructurales durante el periodo 2012-2015.
De acuerdo con la Presidencia de la República el objetivo de este ciclo de reformas fue solucionar de forma concreta los grandes problemas de México, con base en tres propósitos principales: elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico; fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos, y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades.
Estos cambios requirieron el acuerdo entre el gobierno federal y las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD, que integraban el Pacto por México, lo que equivalió a 58 modificaciones a la Constitución y otras 81 a leyes secundarias, así como a la creación y transformación de diversas instituciones de gobierno.
Entre estas últimas destacan el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Reformas estructurales
Los acuerdos derivaron asimismo en la reforma energética, cuyo objetivo es garantizar el abasto, a precios competitivos, de energéticos como petróleo, luz y gas natural.
Al mismo tiempo la reforma energética busca modernizar este importante sector para detonar inversiones, crecimiento económico y creación de empleos.
Se consolidó además la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como referente para fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet.
También impulsa la generación de más y mejores opciones para los consumidores reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital e integrar a la sociedad al conocimiento con el uso de las tecnologías.
La reforma en el rubro de competencia económica se sustenta en regular la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia.
La meta es que la competencia se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios, para que el desarrollo económico, la productividad y la competitividad del país no se frenen por la existencia de restricciones a la libre concurrencia y distorsiones a la competencia económica, así como por la ausencia de medidas que prevengan monopolios y conductas anticompetitivas.
Se estableció, asimismo, una reforma financiera que crea condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato, lo que representa una oportunidad para que el sector financiero contribuya en mayor medida al crecimiento económico del país.
El propósito de esta reafirma que más personas accedan a los productos y servicios financieros; reducir el costo del crédito; fortalecer la educación financiera y la protección a los usuarios de los servicios financieros; mantener un sector financiero sólido, y hacer más eficaces a las instituciones financieras, así como el actuar de las autoridades.
Por su parte, la reforma hacendaria se configuró para incrementar de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender necesidades prioritarias de la población como son educación, seguridad social e infraestructura.
Además, la reforma hacendaria genera nuevos mecanismos para incentivar la formalidad, reducir los elevados niveles de desigualdad y establecer que paguen más impuestos los que tienen ingresos más altos, protegiendo a los que menos tienen.
La LXIII Legislatura lega igualmente una reforma laboral que procura flexibilizar el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente.
Una reforma laboral que incorpora el concepto de trabajo digno o decente; incluye nuevas modalidades de contratación individual: periodos de prueba, contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada; modifica el cálculo de la generación de salarios vencidos, y privilegia la productividad como el principal criterio para acceder a puestos vacantes y de nueva creación.
En tanto la reforma educativa, una de las más importantes en el quehacer legislativo del último sexenio, garantiza el ejercicio del derecho de niños y jóvenes a una educación integral e incluyente.
La reforma educativa impulsa la profesionalización de la función docente, la mejora de instalaciones y la reducción de la desigualdad en el acceso a la educación.
Pero también el involucramiento de los padres de familia y la sociedad mexicana en su conjunto en la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos, así como con la realización de foros de consulta sobre la planeación del sistema educativo y las necesidades educativas regionales.
En tanto con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales la LXIII Legislatura buscó garantizar que bajo un Estado de Derecho pleno todos seamos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en que nos encontremos.
Con esta reforma se regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país.
A su vez la nueva Ley de Amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos: se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente interés jurídico, y no se otorgarán suspensiones del acto reclamado que causen más perjuicios sociales o contravengan disposiciones de orden público como beneficios para el quejoso.
El cometido de la reforma política-electoral es por su parte consolidar una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La reforma se propuso igualmente fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios, con lo que se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre poderes, así como facilitar el diálogo y los acuerdos.
La reforma en materia de transparencia le otorgó autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para transformarlo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al aumentar las facultades del INAI se propone facilitar la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomentar la rendición de cuentas, por lo que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante esta LXIII Legislatura hubo otros importantes procesos legislativos entre las diversas fuerzas políticas.
Haberes
Carlos Ramírez, analista político, establece sobre el legado que dejan las once reformas estructurales aprobadas: “Mucho, salvo por dos detalles: la primera Legislatura de Diputados de la primera mitad de sexenio aprobó reformas estructurales que llevarían un sentido del desarrollo, pero la de la segunda mitad ignoró las responsabilidades de obligar al Ejecutivo a cumplir las promesas de beneficio social”.
Roberto Duque, especialista en temas jurídicos y electorales, considera que entre los pendientes destaca la cuestión del Estado de Derecho, en el que a su juicio “hay un déficit enorme en todo el país y en este tema no hemos avanzado. Vemos con regularidad que desde las altas esferas del poder no se aplica la ley o incluso se infringe la ley: persiste la impunidad. El Estado de Derecho es uno de los pilares indispensables de toda democracia desarrollada: es un tema en el que no veo avance”.
El secretario de Salud, José Narro, reconoce al respecto que “todavía falta mucho, sí”, pero puntualiza que “los grandes beneficios de las reformas estructurales se alcanzarán en la próxima década”.
Y añade: “Alguien puede estar en desacuerdo y yo admito que es discutible el contenido de las reformas, pero lo que no se puede admitir es que se diga que no tienen importancia: son reformas fundamentales. Son grandes reformas. Ahí están, encabezadas por la gran reforma, a mi entender, que es la reforma de la educación en el país, todavía insuficiente, con muchas cosas por hacer, sin duda alguna, pero una reforma que abonará hacia el futuro del país, sin duda”.
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apunta por su parte que el legado que dejará esta LXIII Legislatura mediante la implementación de estas reformas estructurales será destacado: “El contexto ha sido muy difícil en la aprobación de estas reformas, pero han dado sus frutos y seguirán dando fruto en los próximos años. Se trata de un paquete de reformas intergeneracionales”.
Gurría destaca el reto que significa que las reformas se sigan implementando: “Hay que seguir con su legado y no hay que retroceder, porque hay muchos que quieren aprovechar la transición para retroceder, por lo que estamos dispuestos a ayudar a México para enfrentar estos retos”.
El titular de la OCDE reconoce a México “como el mejor reformador de los últimos años entre los 35 países integrantes, que son los de mayor desarrollo en todo el mundo”.
Es el legado que deja para la historia moderna de México la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.