Sábado 22 de septiembre de 2018
Política

USO Y ABUSO DE LA SPOTIZA

Spotiza
2018-05-14 09:49:08 por Antonio Caporal
Foto: Especial

Con la transmisión de 59 millones 731 mil 200 spots en estaciones de radio y canales de televisión, partidos políticos y autoridades electorales absorben potencial inversión para escuelas, hospitales, servicios públicos, carreteras, puertos...

 

En las elecciones presidenciales de 2006 partidos, candidatos y ciudadanos tenían derecho a contratar de manera libre espacios en radio y televisión para exponer propuestas o puntos de vista. Pero con la reforma electoral de 2007 se acabó esa oportunidad y se implementó un modelo de comunicación política que:

1. expropió los tiempos del Estado en medios electrónicos a favor de fuerzas políticas y autoridades electorales;

2. impuso la prohibición para contratar espacios en radio y televisión; y,

3. estableció limitantes a lo que se expresa en los spots que difunden los partidos.

Además del daño a la libertad de expresión y al derecho a la información el nuevo modelo derivó en una prerrogativa que representa miles de millones de pesos regalados para partidos y autoridades electorales y, en consecuencia, una pérdida multimillonaria para la industria de la radio y la televisión y con ello la derrama a muchas otras actividades económicas que requiere el país.

Pero sobre todo significa una merma sustancial a las finanzas públicas, toda vez que las instituciones  del Estado al ser despojadas de sus tiempos en medios electrónicos ahora tienen que pagar por sus anuncios, como por ejemplo las campañas de vacunación o de prevención de desastres naturales.

¿De cuánto es el autorregalo que se dieron los partidos a costa de los recursos públicos y de los medios de comunicación? Estamos hablando de una suma que alcanza el equivalente a 5.2 billones de pesos, cifra que iguala al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018.

¿A qué equivale dicha suma? Al sueldo de un año de todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal: médicos y enfermeras del sector salud; maestros de escuelas públicas; ingenieros y trabajadores de obras y servicios; militares, marinos y policías; empleados de los poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos.

También a todo lo que se construye y moderniza en un año: escuelas, hospitales, clínicas, carreteras; además, a todo lo erogado anualmente en programas sociales y apoyos a grupos vulnerables.

De esta forma, entre todos regalamos a los partidos políticos y autoridades electorales alrededor de 5.2 billones de pesos en este proceso electoral federal, cantidad que hace palidecer a los 50 mil millones de pesos que alcanza el gasto del sistema electoral mexicano, que incluye presupuestos de los institutos y tribunales electorales nacionales y del país, así como prerrogativas de partidos políticos.

 

 Expropiación arbitraria

En 2006 el conflicto poselectoral por la elección presidencial provocó una “crisis institucional”: el bando perdedor, encabezado por su candidato, Andrés Manuel López Obrador, desconoció el resultado de los comicios y llamó a la movilización social e intentó bloquear las actividades en el Congreso, incluida la toma de posesión del presidente de la República.

Por otro lado el bando ganador, el PAN, se vio presionado a tal grado que determinó que era necesario legitimar su triunfo.

Ambos bandos, junto con el PRI, resolvieron que debían modificar la normatividad electoral con una serie de prohibiciones y otras medidas extremas.

Así, a partir de 2007 las fuerzas políticas modificaron la Constitución e inventaron leyes y reglamentos para entre otras cosas apropiarse de los tiempos del Estado en medios electrónicos, particularmente de los espacios de mayor audiencia, conocidos como prime time, mismos que fueron construyéndose durante años por la industria de la radio y la televisión, por medio de la inversión de cuantiosos recursos para producir programas de entretenimiento, telenovelas y noticieros.

Asimismo, la industria ha invertido por décadas importantes sumas en el despliegue de comunicadores, técnicos e infraestructura para transmitir eventos deportivos nacionales y extranjeros o bien para realizar coberturas especiales, como por ejemplo desastres naturales como inundaciones o sismos, o la visita del Papa u otras personalidades del mundo.

Pero lo anterior no importó a los legisladores de aquel 2007. Los coordinadores parlamentarios de entonces eran en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, del PRI; Santiago Creel y Héctor Larios, del PAN; Carlos Navarrete y Javier González, del PRD, y Ricardo Monreal y Ricardo Cantú, del PT.

El caso es que mientras los partidos transmitieron apenas 704 mil spots en las elecciones de 2006, cuando tenían que pagar por ellos, ahora que son gratis transmiten junto con las autoridades electorales casi 60 millones de spots en tres mil 111 estaciones de radio y canales de televisión en el país.

Ninguna economía del mundo y ninguna utilidad empresarial podrían alguna vez alcanzar el crecimiento exponencial que reportan los spots de los partidos: 8,500% en doce años.

Y conforme aumente el número de radiodifusoras y canales de televisión se incrementará el número de spots: de 43.7 millones en 2012 (ya con la reforma electoral aprobada) pasó a 59.7 millones en el actual proceso.

 

 ¿De qué tamaño es el robo?

El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y las prerrogativas —y gastos de campaña— de los nueve partidos nacionales alcanzan 24 mil 215 millones de pesos en 2018. A ello hay que sumar los presupuestos de los institutos y tribunales electorales así como de los partidos de las 30 entidades que tendrán comicios concurrentes en este año: la cifra alcanza los 50 mil millones de pesos.

Dicho monto es escandaloso e insultante, como bien lo han referido los expertos y, por supuesto, la ciudadanía.

Pues bien, resulta que tal cantidad representa alrededor de 1% del otro gasto electoral, es decir, de los millones de spots en radio y televisión que los partidos se autorregalaron con la reforma electoral que aprobaron en 2007.

Al haberse apropiado de los tiempos del Estado en medios electrónicos los partidos se adjudicaron una prerrogativa en especie —“costo de oportunidad” le denominan los expertos—, que en el actual proceso electoral federal y 30 concurrentes representan recursos del orden de los 5.2 billones de pesos; es decir, una cantidad 100 veces superior a los 50 mil millones que representa el gasto del sistema electoral mexicano.

Para dimensionar esa cifra podemos compararla con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 que es, precisamente, de 5.2 billones de pesos.

Visto de otra forma, los spots gratuitos de los partidos en medios electrónicos representan los sueldos de un año de todos los empleados de las dependencias del Ejecutivo federal —maestros, médicos y enfermeras del sector salud; ingenieros y trabajadores de obras y servicios; policías, militares y marinos encargados de la seguridad—; también de los que laboran en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, así como de los que lo hacen en los organismos autónomos y las universidades públicas.

Además, representa el gasto de todo un año en la construcción, equipamiento y mantenimiento de todos los hospitales y clínicas del sector salud, la edificación y mantenimiento de escuelas públicas, la construcción de miles de kilómetros de carreteras y caminos, los recursos destinados para apoyos a grupos vulnerables como los adultos mayores, las becas para estudiantes, los comedores comunitarios, las lecherías de Liconsa, etcétera.

Para llegar a dicha cifra de 5.2 billones Vértigo consultó el directorio Medios audiovisuales, editado por Medios Publicitarios Mexicanos SA de CV, actualizado a diciembre de 2017, el cual contiene las tarifas que las televisoras y radiodifusoras del país cobran por sus espacios en sus diferentes horarios y/o programas.

Hicimos un promedio de costos de canales de televisión por un mensaje de 30 segundos (tiempo de duración de los spots de los partidos).

Asimismo, y de acuerdo con el directorio Medios audiovisuales, en el horario de mayor audiencia (Prime time) se establece la tarifa más alta y en el de menor audiencia está la más baja, que puede ser incluso diez veces menor en precio en el mismo canal. Además, se tomó en cuenta el alcance y tarifas de diversas cadenas o canales de televisión, fueran estas públicas o privadas o bien de cobertura local o nacional.

Igual hicimos con las estaciones de radio, es decir, promediamos pequeñas radiodifusoras del interior de la República y cadenas más grandes.

En cada apartado —radio y televisión— multiplicamos los promedios de costos por el número de spots transmitidos. El resultado: 5.2 billones de pesos. (Véase infografía Costo de spots.)

 

Prerrogativa oculta

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias apunta en una de sus publicaciones: “Los partidos políticos disponen hoy de mayores prerrogativas que antes: a los recursos líquidos que reciben del INE debe sumarse el valor de mercado de los spots que reciben de forma gratuita.

Los spots no representan una erogación presupuestal directa pero implican un costo de oportunidad y tienen un valor económico que debe considerarse”.

El Centro de Estudios también indica que “la prohibición a los partidos para adquirir spots, previsto en la reforma electoral de 2007, no se ha traducido en una verdadera disminución del costo real del sistema electoral y de las campañas políticas”.

A su vez, la organización México Evalúa refiere que en México existe un “financiamiento público indirecto” hacia las fuerzas políticas y precisa que dicho financiamiento es “el conjunto de aportaciones y recursos que hace el Estado a los partidos a través de

provisión de espacios en radio y televisión, franquicias postales y telegráficas y privilegios en materia fiscal”.

Al respecto, añade: “Sean contabilizados o no, los tiempos de radio y televisión tienen un costo de oportunidad o valor intrínseco.

Al utilizar este tiempo para las campañas electorales se deja de utilizar para otros fines importantes de la sociedad, como la promoción de campañas de vacunación o actividades similares”.

Indica que “se ha señalado que es probable que si ese costo oculto el monto total de las campañas en México haya aumentado significativamente. El financiamiento público para radio y televisión es el rubro que más contribuyó al costo electoral en 2012 ¡y no se contabiliza de forma alguna!”

Sobre la falta de rendición de cuentas, México Evalúa menciona que diversos “estudios sobre la transparencia de recursos dirigidos a partidos políticos señalan a México entre el grupo de países que presentan una opacidad significativa. Por su modelo de rendición de

cuentas, la información disponible de sus partidos y los mecanismos para su publicidad, México se encuentra a la par de naciones africanas como Botswana, Gambia, Kenia y Namibia”.

En tanto el director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, expone que la implementación del modelo de comunicación no cumplió con el cometido planteado en la reforma electoral en el sentido de reducir los costos de los procesos electorales e incluso estos se incrementaron al establecer espacios gratuitos en radio y televisión para los partidos: “Se trata de un importante financiamiento, en este caso en especie, que reciben los partidos y que es a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots (su valor comercial representa decenas de miles de millones de pesos)”.

El ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) agrega que “nada hay gratis bajo el Sol y esos spots tienen un costo de oportunidad. Con frecuencia los gobiernos tienen que desembolsar dinero para su propaganda institucional (campañas para prevenir enfermedades o alertar sobre riesgos por fenómenos naturales, por ejemplo) durante años electorales porque casi todos los tiempos del Estado se ponen al servicio de los partidos. Reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes con la oleada de promocionales, que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto”.

Por otro lado, el diputado federal José Sandoval Rodríguez ha propuesto utilizar la totalidad de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión “únicamente para la difusión de información relevante y de interés general de los mexicanos, en lugar de ponerlos al servicio de los partidos políticos y los candidatos”.

También sugiere que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea “libre y se solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades electorales”.

Para que entiendan los partidos

En un trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Issa Luna Pla, investigadora de este mismo, expone: “La reforma de 2007 introdujo un modelo de propaganda política que busca imitar a la publicidad comercial; incluso, reproducir sus reglas. Esto es, aparecer lo más posible en ellos pero sin preocupación sobre los efectos que pudiera tener dicha exposición mediática y mucho menos interesados en el bien que pudiera causarle en general a la democracia mexicana.

Si en la mercadotecnia se reconoce que la repetición y los niveles de penetración en las audiencias tienen un efecto directo en las ventas de bienes y servicios, en la política los efectos son bastante diferentes y las técnicas inequiparables a la mercadotecnia comercial”.

La investigadora también indica que “a juzgar por las campañas que se han observado en los siguientes años después de la reforma electoral de 2007 es claro que quienes están realizando la propaganda desconocen la ley, los objetivos y fines de la democracia y la competencia política. Y de conocerla, muestran ninguna intención de que los spots contribuyan a la participación política y el voto informado”.

Añade: “El spot televisivo, como formato para la propaganda política, está prohibido en diversos países, como Japón o Francia. En el modelo anglosajón los spots son permitidos pero se regulan en su intensidad para balancear este tipo de propaganda con la informativa y educativa, que básicamente se concentra en debates y programas de exposición de plataformas y candidaturas. El modelo mexicano no ofrece elementos de balance entre el lenguaje de mercado y el cultural político; de hecho, inclina el uso de la televisión como espacio meramente publicitario”.

Asimismo la investigadora indica que “un estudio elaborado por una empresa de consultoría llamada Coordenadas Consultoría SC, titulado Más spots, menos votos, demuestra que el exceso de spots televisivos inhibió el voto y no generó participación electoral.

Según los datos, cada mexicano mayor de cuatro años estuvo expuesto mil 502 veces a los spots políticos, cuando las campañas comerciales establecen un máximo de cinco veces para persuadir al consumidor. De manera tangencial los investigadores encontraron que las audiencias de los spots han crecido, pero que este crecimiento no es correspondiente con la participación política”.

El modelo de propaganda política de 2007 “perpetúa la desinformación política entre la sociedad mexicana” y “la desinformación conduce a una elección de políticos corruptos”.

 En consecuencia, asegura, “los spots no son el formato de comunicación idóneo para promover la democracia participativa. El contenido de los spots, por su naturaleza, no fomenta la competencia política”.

Inequidad

Cuando los partidos impusieron la reforma electoral argumentaron que, entre otras cosas, garantizaría el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación electrónicos a quienes aspiraran a un cargo de elección popular.

Pero resulta que en el actual proceso electoral queda comprobado que no fue así.

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, acudió al INE para demandar una distribución equitativa de los spots en radio y televisión.

Al respecto precisó que por cada spot suyo la coalición que encabeza Ricardo Anaya Cortés tendrá 19; la de José Antonio Meade 24, y la de Andrés Manuel López Obrador 63; es decir, que mientras que en toda la campaña ella tendrá 23 spots en cada una de las tres mil 111 estaciones de radio y televisión, en el mismo orden los demás colocarán dos mil 788, dos mil 894 y mil 476, respectivamente.

En este sentido, expresó, su denuncia “responde al derecho ciudadano a tener un voto informado”.

Así está la “equidad” de la que tanto alardearon los partidos en 2007. Y mientras tanto, a disfrutar de su prerrogativa equivalente a 5.2 billones de pesos a costa de las finanzas públicas (es decir, de todos los contribuyentes) y de miles de familias que trabajan para la radio y la televisión. 

 

 

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Antonio Caporal
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