Nueva York, Estados Unidos, 29 de mayo. La estrategia de represión adoptada por el gobierno de Nicaragua, que incluye el uso de grupos armados progubernamentales para reprimir protestas, ha causado la muerte de al menos 81 personas, de acuerdo con el grupo civil Amnistía Internacional (AI).
En un informe, el organismo destacó que la estrategia del gobierno ante las protestas populares en Nicaragua ha sido caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos armados.
“Las autoridades nicaragüenses se han volcado contra su propia gente en un ataque violento, sostenido y frecuentemente letal contra sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la reunión pacífica”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora en América para AI.
Guevara señaló que “el gobierno del presidente Daniel Ortega ha tratado desvergonzadamente de encubrir estas atrocidades, violando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
La representante de AI consideró que el Estado de Nicaragua debe suspender de inmediato las tácticas represivas contra manifestantes y respetar su derecho de criticar las políticas públicas, en lugar de criminalizarlos.
Guevara instó al presidente Ortega a permitir el establecimiento de una comisión internacional para llevar a cabo una investigación pronta, imparcial y efectiva.
Pidió que cuando corresponda esta comisión internacional debe “presentar cargos contra todos los sospechosos de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones graves de los derechos humanos y crímenes en virtud del derecho internacional”.
Las manifestaciones, en su mayoría dirigidas por estudiantes, comenzaron el 18 de abril en respuesta a las reformas del gobierno que aumentaron las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y los empleadores, y recortaron los beneficios.
Hasta el 28 de mayo, al menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en medio de la respuesta del gobierno a las protestas.
Titulado “Disparar para matar: la estrategia de Nicaragua para reprimir protestas”, el informe documentó el uso de armas letales por parte de la policía nicaragüense, la gran cantidad de personas heridas y la trayectoria de los disparos: a menudo dirigidos a cabeza, cuello y pecho.
“Estos patrones han llevado a la organización a concluir que hay evidencia de que la policía y los grupos armados progubernamentales cometieron múltiples ejecuciones extrajudiciales”, aseguró Guevara.
En una entrevista con AI, Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sostuvo que Ortega pudo detener la represión el segundo día de protestas, pero decidió no hacerlo. Añadió que “la orden era matar”.
La estrategia para la represión parece haber sido dirigida desde los niveles más altos del gobierno. El presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo satanizaron repetidamente a los manifestantes y negaron que se asesinara a personas, asentó AI.
Mientras, funcionarios públicos negaron atención médica a las víctimas, manipularon la evidencia y se negaron a ordenar autopsias y otros exámenes forenses.
El uso de grupos armados progubernamentales, también conocidos como “turbas sandinistas”, ha jugado un papel clave en la represión de las manifestaciones, con las autoridades permitiéndoles atacar a los manifestantes, incitar a la violencia y difundir el miedo entre la población, señaló el informe.