La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, diversas multas, derivadas de los procedimientos administrativos sancionadores de quejas en materia de fiscalización, impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al candidato a la presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Las impugnaciones presentadas por el candidato son los únicos cuestionamientos que el TEPJF ha recibido al respecto, tienen como común denominador la petición de que las multas sean revocadas porque, en su concepto, no están acreditadas las faltas que se le atribuyen. En consecuencia, la intervención de la Sala Superior se ha limitado a contestar si tienen fundamento los argumentos del sancionado.
Al resolver el SUP-RAP-152/2018, la Sala Superior determinó que el INE había demostrado la participación de 656 servidores públicos, asignados a 29 dependencias de la administración pública del estado de Nuevo León, en actividades relacionadas con la obtención del apoyo ciudadano en beneficio de Rodríguez Calderón. La Sala consideró que la participación de los servidores públicos en horario laboral, a través de actividades ajenas a su función pública, significó la disposición física y temporal de los funcionarios, vulnerando los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Ello, conforme a las reglas en la materia de fiscalización, constituyó aportaciones en especie de un ente prohibido por la ley.
En consecuencia, el Pleno confirmó la multa impuesta por el Consejo General, equivalente a 4,995 unidades de medidas y actualización, es decir, a $377,072.55 pesos.