Ciudad de México, 22 de agosto. La alteración de la vida cotidiana, la pérdida de calidad de vida, el atraso en el desarrollo económico en diversos sectores, el desgaste en la libertad de tránsito en las principales carreteras del país, el quebranto de la paz social en pueblos enteros y familias desintegradas por la desaparición de sus seres queridos son solo algunos de los estragos que deja la violencia y la inseguridad en un país que pide a gritos acabar con este problema de carácter administrativo, social, cultural, educativo y de declive en valores cívicos.
A lo largo de dos décadas expertos y estudios han lanzado una serie de diagnósticos e investigaciones sobre las causas que generan esta inseguridad que no se ha podido controlar y que imputan al Estado, lo mismo por falta de políticas públicas estratégicas de fondo que por la escasa profesionalización de policías federales, estatales y municipales, pésimas tácticas en las áreas de seguridad nacional y un enorme atraso estructural en los sistemas de procuración de justicia, entre otros elementos.
Pero también afirman que la sociedad está fallando a través de la familia como institución en la formación de niños y niñas con determinados valores de convivencia social.
En vísperas de la entrada en funciones de una nueva administración en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con ello una nueva era en la forma de afrontar la gestión pública, en la órbita y pensamiento del nuevo gobierno y de todo México está el anhelo ferviente de “pacificar al país” como medida inmediata para iniciar el pretendido desarrollo económico y social.
Con ello en mente la futura administración programó 18 foros y 25 consultas especiales con jóvenes en conflicto con la ley, migrantes e indígenas, entre otros participantes, que buscan debatir una posición de las víctimas sobre una Ley de Amnistía, lacreación de una comisión de la verdad, consultas sobre la despenalización del uso lúdico y médico de las drogas, feminicidios y otros temas.
Al término de los foros un grupo de redactores agrupará las observaciones, por temas, en un documento y con base en esta información el equipo de transición elaborará iniciativas que se entregarán al Congreso de la Unión, por lo que la decisión final quedará en manos de los legisladores.
Disyuntiva
Según la Encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, en cifras correspondientes a septiembre de 2017 al menos 76% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro; 81.8% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 74.6% en el transporte público; 68.1% en las calles que habitualmente usa, y 67.7% en el banco. Asimismo, 62.5% de la población de 18 años y más residente en las principales ciudades del país manifestó que durante el tercer trimestre de 2017 modificó sus hábitos respecto de “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; 54.3% reconoció haber cambiado hábitos respecto de “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3% cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda pasadas las ocho de la noche”, y 33.4% cambió rutinas relacionadas con “visitar a parientes o amigos”.
Todas estas percepciones ciudadanas se dan por el incremento táctico en la forma de operar del crimen organizado en cuestiones de tráfico de estupefacientes, secuestros, extorsiones y cobro de piso a comerciantes, entre otros ilícitos que afectan la forma de vida de gran parte de la población.
En el Proyecto de Nación 2018-2024, que alista las inéditas estrategias del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se definen tres planteamientos que prevén “retomar el control de las prisiones federales y crear penales verticales para delincuencia organizada con tolerancia cero; y vincular las investigaciones de la PGR con el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. En la medida que no tengan recursos económicos su capacidad operativa se verá mermada, lo que obstaculizará la compra de armas, el reclutamiento de personas y la corrupción de servidores públicos”.
Como tercer referente se propone “combatir el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada. Por ello se necesita trabajar en el fortalecimiento de los programas de prevención, la creación de empleos y la recuperación de los espacios públicos”.
Ejes
Con la realización de dos foros hasta el momento, en Chihuahua y Michoacán, el próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, delinea la ruta que seguirá la próxima administración para consensuar un programa de pacificación y conciliación nacional que permita a su vez lograr la construcción de una “paz estructurada” de largo plazo.
Durazo asevera que mediante los foros previstos se busca “socializar la idea de que la paz es un trabajo colectivo que involucra a todos y fomentar actitudes sociales que puedan producir y sostener esas condiciones de paz porque solo una cultura de la paz permitirá liberar a las actuales y las futuras generaciones del odio y la violencia que hoy estereotipa a nuestro país y garantizar que la tragedia que hemos vivido no se vuelva a repetir”.
Propone ir por un camino innovador “para darle a México la paz, la seguridad perdidas, y cambiar radicalmente el modelo de coerción policial militar, de carácter puramente reactivo, por una política de seguridad, de edición amplia y profunda”.
Reseña el propósito. “Estos 18 foros se celebrarán en diversas ciudades de la República y habrá también más de 25 consultas especializadas a lo largo y ancho del país considerando a los mexicanos en el exterior”.
Las sedes de los foros “serán los estados del país con mayor violencia, las cárceles, los centros de ayuda a migrantes y algunas zonas indígenas en un programa que se prolongará hasta octubre del año en curso”, explica Durazo.
“Lo que se recoja en todo este proceso será devuelto a ustedes y a la propia sociedad en políticas públicas, en planes de desarrollo y en los programas sectoriales 2018-2024; es decir, de estos foros surgirán estrategias para reducir la violencia y para construir una paz estructural”, añade.
Comentó que el contenido girará en torno de cinco ejes: “Víctimas, garantías de no repetición y mecanismo de reparación; seguridad y justicia; dinámicas fronterizas, migración y seguridad; prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional, y construcción de paz”.
Posiciones
Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, expone que “la violencia que se vive en el país no se terminará con comisiones de la verdad ni con meras amnistías o la despenalización de ciertos estupefacientes. El problema de la inseguridad no se resolverá de la noche a la mañana sino que requerirá de años”.
Admite que por ello “no es una tarea sencilla ni se puede construir de la noche a la mañana. Se requiere de años y de reformas (legislativas). Una cosa es clara: corresponde al gobierno, tanto federal como locales, luchar y lograr la pacificación; es una cuestión de gobernabilidad. Desde el equipo del presidente electo estamos conscientes de la complejidad de empezar a abrir estos espacios de escucha”.
Y establece: “Es un país de personas desaparecidas, sabemos que está lleno de fosas clandestinas, de forenses llenos de cuerpos sin identificar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la razón de toda la violencia? ¿De dónde se nutren los diferentes grupos? Dar una respuesta única sería irresponsable (porque) los factores son muchos”.
Destaca que “crear una nueva y única política para México en materia de seguridad requiere de expertos, acciones multidisciplinarias y aprender de los errores cometidos”.
Ana María Salazar, experta en seguridad, estima que “sigue habiendo pocos detalles de cómo reducir la violencia y la tasa de homicidios. Al contrario, la forma en que se estarían interpretando algunos mensajes que surgen de estos foros apuntan a la reestructuración (o destrucción) de las instituciones de seguridad e impartición de justicia, con reducción de beneficios, personal, recursos y salario. Debilitar lo poco que hay”, asegura.
Tajante advierte: “Les recuerdo a los nuevos dueños de la estrategia de seguridad que negociar la ley es doblegar. Esto es una lección clave para la gobernabilidad a largo plazo en México porque en general se percibe que el Estado tiene poca disposición de hacer uso de la fuerza, aun cuando esté respaldado por el Estado de Derecho y la ley, que es el arma más importante que tiene el gobierno”.
Afirma que “si negocian la ley entonces cualquier exigencia, por más descabellada que sea, está sobre la mesa, incluyendo violar la Carta Magna, despojar propiedades privadas, robar, extorsionar, golpear a policías y a ciudadanos”.
La apuesta por pacificar al país está en el aire. La sociedad y los gobiernos saliente y entrante están rotundamente convencidos de que la situación de inseguridad ya es intolerable y que requiere de medidas contundentes y funcionales para poner freno a la violencia desmedida.
Cinco datos centrales de inseguridad
En 2016 la cifra negra de delitos alcanzó 96% y del total de delitos cometidos solo 1% alcanzó una sentencia condenatoria, de acuerdo con un estudio del laboratorio de políticas públicas Ethos.
En 2016 México tenía por cada 100 mil habitantes: 4.2 jueces (promedio de 16 jueces), 3.2 agencias del Ministerio Público y 7.5 agentes investigadores, cifras muy por debajo del promedio de la OCDE.
Del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 (datos de la PGR) se iniciaron 63 mil 054 carpetas de investigación, de las que únicamente 21 mil 728 (34.46%) se determinaron, mientras que 41 mil 331 (65.54%) se encontraban sin decisión. De las 63 mil 54 carpetas solamente 19.35% se iniciaron con detenidos.
La escasez de jueces y Ministerios Públicos es un factor determinante que remite a prisión por periodos menores de tres años a presos que cometen delitos de bajo impacto (61.7% a nivel federal), mientras que solo una minoría (5%) de los que cometen más de la mitad (60%) de los delitos más violentos va a la cárcel, de acuerdo al Proyecto de Nación 2018-2024.
La percepción de inseguridad sigue siendo mayor en el caso de las mujeres, con 80.3%, mientras que los hombres se ubicaron en 71.1%, según la Encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI.