La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y 1,372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar. Esta situación afecta directamente a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México que solicitaron la declaratoria federal de desastre.
Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro.
Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera. Muestra de ello es el caso de la Ciudad de México, donde el entonces Jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a estos hechos, y que no obstante haber sido solicitada información sobre las mismas por la CNDH se recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas.
Destaca, igualmente, que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar con la CNDH al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementar las medidas requeridas en materia de auxilio y rescate de personas e investigación en los inmuebles colapsados, no obstante que es cabeza del Sistema Nacional de Protección Civil y que durante el desarrollo de la emergencia concentró y proporcionó públicamente información al respecto.
En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209,344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60,366 presentaron daño total y 148,978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172,026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU. Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
En eventos de tanta complejidad como los que se analizan, resulta fundamental que la Comisión Nacional cuente oportunamente con toda la información con la que disponen las autoridades; sin embargo, en algunas ocasiones las respuestas oficiales a las solicitudes de información no siempre fueron oportunas ni incluyeron todo lo requerido, por lo cual la CNDH se vio obligada a dirigirse de nueva cuenta a la autoridad correspondiente para insistirle el envío de la información.
Esta Comisión Nacional inició 375 expedientes, 4 de oficio y 371 derivados de las quejas presentadas de manera individual y colectiva por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. Como estrategia y metodología para abordar este asunto, la CNDH determinó hacer una investigación integral que comprende los siguientes tópicos o líneas de investigación: protección civil; procuración de justicia; autorizaciones, licencias y permisos en materia de construcciones y uso de suelo; inscripción registral de inmuebles; empresas; corrupción; asignación de recursos públicos a personas afectadas; transparencia y rendición de cuentas en la recepción de ayuda humanitaria.
Para esta Comisión Nacional, tampoco ha habido transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos; ejemplo de ello son las irregularidades advertidas en la entrega de tarjetas de recursos del FONDEN por parte de BANSEFI, consistentes en la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola persona. BANSEFI informó que en esos casos se hizo entrega de una sola tarjeta y que el resto permanecía bajo resguardo en la bóveda de ese banco; sin embargo, cuando la CNDH solicitó tener a la vista esas tarjetas, BANSEFI adujo el secreto bancario para evitar el acceso, lo cual es inaceptable tratándose de recursos de apoyo a la población en un asunto de trascendencia nacional.