Las realidades no compran votos, las promesas sí. Por eso Andrés Manuel López Obrador es presidente. Si bien la campaña electoral de 2018 estuvo llena de promesas de todo tipo, algunas de ellas imposibles, como el ingreso mínimo universal de Ricardo Anaya, el tabasqueño fue el candidato que pudo hacer más promesas que le parecieron creíbles al electorado.
El problema es que se acerca el momento de cumplir. Quizá por eso López Obrador ha cambiado su visión del estado de la economía, y después de haber dicho a principios de septiembre que México no estaba en una crisis, que no sufría una situación como la de Argentina, decidió afirmar la semana pasada que el país está en bancarrota.
No es el presidente electo el primer miembro del nuevo gobierno que se queja de la condición del país. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Senado, Martí Batres, han dicho, palabras más o palabras menos, que reciben a un país destrozado.
No sorprende. Así funciona la política. Donald Trump habló del desastre económico y social de Estados Unidos en campaña y en su discurso inaugural solo para que poco después dijera que el país está viviendo su mejor momento de la historia gracias a él.
Programas y ajustes
Decir que recibe un país hecho un desastre es el primer paso de cualquier nuevo gobernante que quiere compararse favorablemente con sus predecesores. En unos cuantos meses el presidente López Obrador estará hablando de los avances que ha logrado en poco tiempo. El país, como por arte de magia, ya no estará en bancarrota.
Pero no será fácil cumplir todas las promesas de campaña. El simple gasto que esto implicaría sería suficiente para realmente quebrar la economía nacional. Y el propio López Obrador sabe que, si dispara el déficit y con él la deuda pública, el país tendrá facturas muy importantes que pagar después de algún tiempo.
Nada más el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro puede ser un ejemplo de lo que se avecina. López Obrador prometió en la campaña que daría dinero a los ninis. Ahora que se han dado a conocer los detalles sabemos que el programa costará 108 mil millones de pesos anuales. A esto hay que sumar 120 mil millones de pesos para duplicar las pensiones de las personas de la tercera edad, más 16 mil millones para las personas con discapacidad, más 22 mil millones para sembrar árboles frutales.
Otros gastos serán la descentralización de oficinas gubernamentales, que puede costar unos 135 mil millones de pesos, más 150 mil millones para el tren maya, más unos 100 mil millones que se tirarán a la basura para cancelar el aeropuerto de Texcoco, más el costo del internet universal, más el de hacer las universidades gratuitas y obligatorias, más bajar los impuestos en la frontera norte y dar subsidios especiales a la región.
La lista de gastos adicionales a los ya excesivos que realiza el actual gobierno crece cada día. Hace ya mucho que se rebasaron los 500 mil millones de pesos anuales que López Obrador propuso en campaña. Los ahorros que se contemplan no son suficientes para compensar ese gasto. Recortar a la mitad los sueldos de los funcionarios ahorrará quizá dos mil 500 millones de pesos. Que los funcionarios lleven un tupper con un sándwich al trabajo tampoco ayudará. Tarde o temprano López Obrador se verá obligado a subir impuestos o a aumentar el déficit y la deuda pública.