La única oportunidad que tiene el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad radica en el regreso a la tarea primaria del Estado: el ejercicio del poder coercitivo para dotar a los ciudadanos de la seguridad cotidiana.
Sin embargo los primeros pasos han ido por otro lado: las víctimas. Y si bien el Estado tiene la obligación de atender las necesidades de los afectados por la violencia delincuencial las víctimas son la parte secundaria del proceso criminal. La prioridad del Estado debe centrarse en la liquidación de las bandas criminales.
El Estado debe lidiar a contrapelo. En la segunda mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se llegó a la conclusión de que la situación criminal había pasado del nivel de la seguridad pública que atienden los gobiernos en las calles y en los Ministerios Públicos a la seguridad interior que tiene que ver con la acción del Estado contra bandas organizadas y con el blindaje del propio Estado para protegerlo del poder criminal.
La seguridad interior es la situación de estabilidad social, económica y política que permite el desarrollo con bienestar.
No es casual que las zonas dominadas por el crimen organizado o por bandas criminales desorganizadas pero violentas sean las más pobres y con mayores necesidades de atención social. Muchas empresas cierran sus plantas en áreas donde el Estado y la seguridad no cuentan y lamentablemente las tareas de empleo y salarios son asumidas por las bandas criminales.
Exigencia
El principal desafío del gobierno de López Obrador estará en la definición de un Estado de seguridad interior. Y no se trata de perfilar una nueva función represiva del Estado. La seguridad interior, hay que repetirlo, es una situación de estabilidad para el desarrollo a partir del criterio de que la principal inestabilidad hoy es la derivada de las acciones violentas del crimen organizado. Inclusive la doctrina de seguridad interior es indispensable para redefinir el papel de las Fuerzas Armadas hasta ahora como capacidad de respuesta del Estado ante la violencia criminal. Pero la seguridad interior implica el acompañamiento de políticas de inversión, empleos, salud, educación, vigilancia y bienestar.
La reunión del presidente electo con víctimas organizadas por el poeta Javier Sicilia sacudió los ánimos del próximo presidente de la República. Pero la función del Estado tiene que ver con prioridades de gobierno, no con simpatías sentimentales. Por lo que se vio en esa reunión el equipo de López Obrador no ha entendido aún que el enfoque desde las víctimas no se agota en indemnizaciones sino en la recuperación de la tranquilidad social.
Hay que decirlo sin demagogias: México no requiere de una paz con justicia y dignidad para las víctimas sino que exige una paz con la restauración del poder del Estado sobre la delincuencia. Es decir: lo que ha estado en juego ha sido la pérdida por parte del Estado de la rectoría del bienestar, el desarrollo y la tranquilidad. Zonas territoriales del Estado han pasado a dominio absoluto de bandas criminales.
Por tanto, sin Estado de seguridad interior no habrá Estado de bienestar ni Estado de desarrollo. Si el gobierno de López Obrador no lo asume así le esperan al país otros seis años con violencia criminal.