Ciudad de México, a 28 de septiembre. La Cámara de Diputados instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a proceder de manera urgente respecto de los bienes y activos financieros en poder de la red de presuntos prestanombres y empresas fachada del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a efecto de establecer la extinción de dominio, para recuperar los activos que estaban destinados a la población más necesitada de esa entidad.
Asimismo, convocó a reunión de trabajo urgente con el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para evaluar la situación que atraviesa dicha institución y los asuntos más relevantes en la materia que tiene.
El punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, refiere que la PGR ha incurrido en lenidad al no realizar las labores que le competen ante la de falta de su titular. “La ausencia de Procurador General de la República es uno de los múltiples yerros que han costado mucho al país en términos de impunidad”.
Resalta que el 26 de septiembre, se dio a conocer que Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de prisión por los cargos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
“Si bien se reconoce la pertinencia y la importancia que tiene la figura del procedimiento abreviado, que posibilita la aceptación de la responsabilidad, a cambio de la reducción de la pena, llama la atención los términos de la negociación que implicará la aplicación de una pena corporal relativamente leve y la muy insuficiente condena en materia de recuperación de activos, ya que se habla de 40 propiedades, cuando se la han documentado 90 inmuebles en la esfera patrimonial de Duarte. No sólo eso, la condena no se refiere a activos líquidos o cuentas financieras de su red de lavado de dinero”, indica.
Ante ello, resalta la urgencia de conocer un informe, por parte de la PGR, de las indagatorias correspondientes al caso Javier Duarte de Ochoa y que igualmente, de manera apremiante, se detonen todas las acciones jurídicas concernientes a la recuperación de activos de los millonarios caudales desviados.
Al presentar el punto de acuerdo, su proponente, el diputado Jesús Guzmán Avilés (PAN) señaló que no se puede hablar de avances en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga responsable y eficazmente a delincuentes como el ex gobernador de Veracruz.
Expresó su preocupación por la actuación errática de la PGR en la integración del expediente y el seguimiento del caso. Asimismo, por la sentencia que fue de nueve años, con posibilidad de que sólo sean cuatro años y medio, y salga dentro de tres años y medio, y 58 mil pesos de multa.
“Estamos hablando de más de 61 mil millones de pesos que fueron desviados por Javier Duarte, y sobre los que la Auditoría Superior de la Federación estuvo advirtiendo durante años, sin que el gobierno federal hiciera nada. Las pruebas ahí están, así como las indagaciones del SAT sobre el desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a 31 empresas fantasma”, sostuvo.
Por ello, se pronunció por que venga y rinda cuentas el encargado del despacho de la PGR y explique a los diputados y diputadas las razones por las que Duarte tiene esa “raquítica sentencia”. Asimismo, para que informe sobre las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se ha realizado respecto a los bienes relacionados con las conductas ilícitas en este caso.
Durante la discusión, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) señaló que la sentencia a Duarte de Ochoa brinda seguridad sobre el compromiso adoptado por el actual gobierno federal para investigar cualquier delito, sin importar la afiliación política de quien comete ese delito.
“Tenemos que ser responsables ante las consecuencias de situaciones como ésta; redundar en reproches e insistir en lo que se califica como error, nos impide ser objetivos ante las áreas de oportunidad que se evidencian en el desarrollo de éste, y cualquier otro procedimiento”, opinó.
Estimó que la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, es una muestra de la responsabilidad y compromiso de las autoridades penales para dar una lucha frontal a todo aquello que atente contra la seguridad y legalidad en nuestro país.