“No habrá verdades históricas sino justicia”. Con estas palabras Alejandro Encinas, quien estará a cargo de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia de Ayotzinapa, se dirigió a los representantes del movimiento de Ayotzinapa en el cuarto aniversario de los hechos ocurridos en Iguala que llevaron a la desaparición o muerte de 43 normalistas y de otras personas más. El mismo día un juez federal dictó auto de libertad a ocho integrantes de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos que habían admitido su complicidad en el secuestro y ejecución de los 43.
El caso se ha politizado tanto que parece imposible ya tener verdad y justicia. La información disponible sugiere que lo que Jesús Murillo Karam llamó la “verdad histórica” es muy cercano a lo que realmente ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los normalistas fueron atacados y detenidos por policías municipales de Iguala por órdenes del presidente municipal, José Luis Abarca. Este pensaba que los estudiantes buscaban irrumpir en un evento del DIF organizado por su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien quería ser candidata del PRD para suceder a su marido.
Los policías entregaron a los jóvenes a un grupo de narcotraficantes denominado Guerreros Unidos, quienes consideraban que los normalistas eran miembros de un grupo rival, llamado Los Rojos. Los estudiantes fueron ejecutados y los cuerpos de cuando menos algunos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula. Varios policías de Iguala y miembros de Guerreros Unidos confesaron su participación en los hechos. Hay un sinnúmero de otros indicios y testimonios que respaldan la versión. Unos mensajes de Blackberry de líderes de Guerreros Unidos, detectados por autoridades estadunidenses y exhibidos en un juicio en Chicago, avalan la misma interpretación.
Dilema
Los líderes del movimiento de Ayotzinapa no aceptan esta versión porque no involucra al gobierno federal o al Ejército y para ellos el responsable debe ser “el Estado”.
Ayotzinapa es una escuela normal rural que desde sus inicios ha tenido el objetivo de derrocar el régimen capitalista del país y reemplazarlo por uno socialista. Por eso han cuestionado cualquier elemento de la investigación que involucre a Guerreros Unidos. Sus críticas impulsaron a los miembros detenidos de Guerreros Unidos a afirmar que fueron torturados para dar sus testimonios y esto llevó a las liberaciones que estamos viendo. El nuevo gobierno de Morena, que incluye a mucha gente de izquierda que ha simpatizado con el proyecto político de Ayotzinapa, está ahora a punto de tomar el poder y esto fortalece al movimiento.
No hay indicios, sin embargo, de que “el Estado”, o sea, el gobierno federal, haya ordenado o participado en el secuestro o ejecución de los estudiantes. Las hipótesis de los líderes de Ayotzinapa han resultado simples especulaciones. Es verdad que no hay verdades históricas pero es poco probable que la verdad sea muy diferente de la que registran las investigaciones.
Alejandro Encinas, un político de larga trayectoria en la izquierda, tiene ahora frente a sí un dilema muy importante. Si lo que quiere es realmente encontrar la verdad es muy probable que el resultado sea el mismo o muy similar al que ya obra en los expedientes rechazados por los líderes de Ayotzinapa. Si desea justicia nunca convencerá a los líderes de ninguna versión que no culpe al Estado, aunque no sea verdad.