En días pasados se realizó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el enfoque puesto en discutir la posibilidad de modificar el esquema que impuso el entonces presidente Richard Nixon de “combate a las drogas”.
Desde aquellos años no ha habido otra tendencia que no sea el aumento en el número de adictos y de muertos, el incremento absoluto de la violencia y la expansión sin control del dinero procedente de actividades ilícitas relacionadas con la producción y tráfico de drogas. En pocas palabras, un rotundo fracaso.
No obstante las evidencias la mayor parte de los países concurrentes a la Asamblea General, incluyendo a México, firmaron una propuesta que es en realidad la continuidad de la misma política prohibicionista presentada por el presidente norteamericano, Donald Trump.
En el debate el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que el planteamiento de la persecución penal del consumidor de enervantes no ha tenido buenos resultados. Recordó que en el caso de su país, Portugal, la legalización para el consumo de todas las drogas es lo que permite reducir los principales indicadores de adicción, violencia y encarcelamiento.
Le recordó al presidente de Estados Unidos que de mantenerse esa línea poco se avanzará en los siguientes años, por lo que si en realidad se quiere contener ese grave problema debe pasarse de un enfoque persecutorio a uno de carácter sanitario y de salud pública en general.
Debate
Países como Alemania, Francia y España, entre otros, no firmaron la propuesta de continuidad y sí en cambio lo hizo México, que sin duda es un referente mundial de lo que sucede con el problema de las drogas: no hay programas ni políticas en materia de prevención a las adicciones que cuenten con presupuesto adecuado ni continuidad en la aplicación de los mismos.
Mientras tanto, de manera simultánea, en la Ciudad de México el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reconocía —en un discurso para presentar un balance y propuesta en materia de prevención al consumo de las drogas— que durante su sexenio (1994-2000) se equivocó en el enfoque y medidas aplicadas en esa materia. Frente a la inminencia del cambio de gobierno en nuestro país resulta fundamental que ante el tétrico balance de muertos y desaparecidos (o no localizados) la nueva administración abra con seriedad un debate en torno del cambio o no de enfoque sobre la problemática de las adicciones a las drogas. Los indicadores estadísticos proporcionados por el INEGI en el sistema penitenciario nacional demuestran que casi 75% de los internos tienen de 18 a 35 años, de los que 80% tiene que ver con el consumo y con delitos relacionados con el consumo y tráfico de drogas.
No será la primera vez que en nuestro país se discuta al respecto. Pero lo cierto es que no podemos esperar diferentes resultados en las políticas de contención y sometimiento al crimen organizado mientras se apliquen las mismas medidas, que no dan los frutos esperados. Un ejemplo a nivel internacional: según la ONU Colombia rompió en 2017 el récord de hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca, con un incremento de 17% respecto de 2016. Conclusión: aumentó el consumo.