En abierto desafío al gobierno que viene el INEGI le adelantó a sus principales funcionarios el segundo incremento salarial del año, con lo que el presidente del organismo obtendrá una percepción mensual de 217 mil pesos.
Aunque la ley que acota las percepciones de los servidores públicos a un tope equivalente al salario presidencial, que será de 108 mil pesos, no está aún promulgada el marco rebasa en un poco más del doble a este.
La explicación del organismo habla de que los incrementos estaban incluidos en el presupuesto de gasto para este año, solo que el primero llegaría en enero y el segundo en diciembre.
Estamos hablando, pues, de una evidente maniobra para evitar algún eventual bloqueo a la llegada del nuevo gobierno… atrincherados en el precepto constitucional que conculca derechos adquiridos de los trabajadores.
Como usted sabe, siendo el INEGI una instancia autónoma su presidente tiene un nombramiento suprasexenal; es decir, su periodo no termina el 30 de noviembre.
Sin embargo, por si las dudas, aunque el Banco de México mantiene la misma condición, se habla de 200 funcionarios que solicitan jubilación prematura o promueven su liquidación.
En la ruta están en proceso de colocarse en la mesa centenares de amparos en espera de que la reforma de ley sea promulgada por el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, por más que lo aprobado en la Cámara de Diputados requiere una serie de actualizaciones por parte del Senado.
Pérdidas
El vaticinio habla de un éxodo de funcionarios de alto nivel con maestrías y doctorados hacia el sector privado nacional o extranjero ante el nuevo marco salarial.
Este incluiría a funcionarios de las secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y el propio Banco de México con larga carrera en el servicio tras haber sido becados por el Estado.
De cumplirse a la letra esto el país perdería una colosal inversión en capital humano.
Sin embargo en la balanza están la búsqueda de puestos públicos como objeto de lucro o la vocación de servicio que tanto pregonan los políticos.
Decía alguna vez El Tlacuache César Garizurieta, quien fuera magistrado del Tribunal de Justicia de su natal Veracruz, que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error, lo que sirvió de pauta para que se denostara al político o funcionario que a su vejez no había hecho fortuna.
Carlos Hank González, alguna vez secretario de Agricultura, otra de Turismo y una más regente del Distrito Federal, decía que un político pobre era un pobre político.
Y aunque no se trata de que los funcionarios públicos se pongan hábitos franciscanos lo cierto es que aún con salarios desproporcionales los excesos llegaban a cargo del erario público.
Se podría, sí, discutir el tope impuesto pero no el espíritu de solidaridad que se reclama de un servidor público.
El dilema es servir o servirse.