Domingo 18 de noviembre de 2018
Legislativas

Van por auditorías ciudadanas al gobierno

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2018-10-22 12:02:56 por Norberto Vázquez
Foto: Cuarto Oscuro.

Ciudad de México, 22 de octubre. Conscientes de que la corrupción gubernamental frena el desarrollo económico y social del país en el Congreso de la Unión se plantea la posibilidad de que la sociedad civil organizada, quizá por medio de organismos empresariales representativos, pueda ejercer mecanismos de vigilancia hacia la administración pública para supervisar el buen uso de los recursos.

Se trataría de auditorías ciudadanas a obras de alto impacto realizadas por los tres órdenes de gobierno y las diversas dependencias del Estado mexicano.

Este proyecto legislativo busca evitar la corrupción administrativa mediante  controles que surjan de la sociedad, para fortalecer la supervisión y fiscalización del manejo de recursos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejercerlos conforme a eficiencia, economía, transparencia y honradez, para lo cual dispone como punto central la participación social a manera de centinela frente a las acciones de gobierno en materia de obra pública.

De manera concreta se plantea el diseño de un Comité de Auditoría Ciudadana organizado por las diversas cúpulas industriales del país, que invitarán a por lo menos las diez mejores firmas privadas de auditoría y servicios forenses de ámbito nacional a presentar cotizaciones para llevar a cabo auditorías ciudadanas a fin de esclarecer el gasto en magnas obras civiles.

Elefantes blancos

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) entre 20 y 30% del presupuesto de obra pública se desperdicia en corrupción: este flagelo de infraestructura se traduce en que la inversión que se realiza, en vez de hacerlo crecer, resta crecimiento económico al país.

Otro referente estadístico lo establece el informe Métrica de transparencia en la obra pública, presentado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa y en el cual se identifica que el dinero del erario destinado a construcción pública no se invierte de manera eficiente: de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda los gastos en inversión física aumentaron 7.8% en cinco años, al pasar de 658 mil 200 millones de pesos en 2009 a 820 mil millones en 2014, pero según el INEGI el valor de la inversión decreció al pasar de 866 mil 300 millones a 691 mil 800 millones de pesos en el mismo periodo.

Este informe plantea que “el riesgo de corrupción está en los pagos indebidos a consultores especializados para que estos validen la supuesta viabilidad y rentabilidad de los proyectos o por conflictos de interés por parte de funcionarios públicos”.

Se evidenció que también se puede ver que “el promedio de las obras aumentó de precio 36.3% y se tardaron 126% más de lo programado para concluirse. Además, 67.5% del total de los 80 contratos contabilizados a lo largo de tres años tardó por lo menos un año más de lo debido”.

Algunos ejemplos son lo ocurrido en 2014 cuando tuvo que ser cerrada la mitad de la Línea 12 —del tramo que va de la terminal Tláhuac a la estación Culhuacán— debido a la detección de fallas en su infraestructura; así como el caso del Paso Exprés, en la carretera México-Cuernavaca, que se inauguró el 5 de abril de 2017 con la promesa de ser una construcción de excelente calidad y que supuestamente permitiría a los turistas de la Ciudad de México trasladarse al puerto de Acapulco en únicamente tres horas con 15 minutos, pero tres meses después registró un socavón de cinco metros de profundidad y doce metros de diámetro, en el cual cayó un vehículo cuyos dos tripulantes murieron.

Legislación

La propuesta que lanza la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados promueve ahora que se reformen las fracciones XVII y XVIII, así como adicionar una fracción XIX al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que al inicio de un ejercicio presupuestal anual los mandatarios estatales, municipales o alguna secretaría de Estado precisen 20% de las partidas presupuestales, que contribuyen aproximadamente a 80% del monto del presupuesto anual.

Acompañando esta información se deberán avisar los objetivos cuantitativos y cualitativos de los proyectos y actividades que conforman dichas partidas así como los planes detallados de ejercicio presupuestal correspondiente.

Luego de 30 días hábiles después del inicio del ejercicio presupuestal los organismos empresariales de mayor relevancia y prestigio en el país recibirán las solicitudes de todo aquel ciudadano que quiera formar parte del Comité de Auditoría Ciudadana.

Para poder formar parte de dicho comité se deberá acreditar fehacientemente que se cuenta con la preparación técnica y experiencia práctica de al menos diez años en materia de administración pública o privada.

El mismo día de cierre del ejercicio presupuestal anual, en acto público y bajo coordinación de representantes de al menos tres organismos empresariales, se efectuará un sorteo abierto para la conformación del comité; este a su vez invitará a por lo menos diez de las mejores empresas privadas de auditoría y servicios forenses de ámbito nacional a presentar cotizaciones para llevar a cabo las auditorías por partida presupuestal.

Después de 30 días hábiles el Comité de Auditoría Ciudadana elegirá a la mejor empresa de auditoría para cada partida y hará pública su decisión fundamentándola a detalle. Y en esa misma fecha se deberá entregar toda la información referente al ejercicio presupuestal de cada partida y dará inicio la auditoría con alcance forense, es decir, que hará pública la metodología con la cual realizó su investigación.

A 30 días de haberse iniciado la auditoría ciudadana la firma encargada deberá entregar un reporte detallado de aciertos, errores y temas a aclarar; y el ente auditado tendrá 30 días a partir de la publicación de los reportes para responder públicamente por las eventuales desviaciones encontradas.

Los reportes de dichas auditorías ciudadanas se dirigirán “masivamente” a la sociedad haciendo uso tanto de los medios de comunicación oficiales del Estado así como de medios de comunicación particulares.

Exigencia

Para Sergio Fernando Ascencio Barba, diputado panista promotor del proyecto parlamentario, “es muy importante empoderar a los ciudadanos en los ámbitos de la esfera pública y el quehacer gubernamental de nuestro país”.

Aclara que “una de las más sentidas demandas de la sociedad es la de combatir con eficiencia y abatir contundentemente la corrupción endémica y rampante que desgraciadamente padece México”.

Señala los objetivos: “La iniciativa tiene el propósito de fortalecer la participación social al otorgar a los ciudadanos la facultad de contratar auditorías independientes o de naturaleza externa para conocer si sus gobernantes trabajan a la altura de sus expectativas”.

Dice que con ello “se  podrá evitar que en nuestro país vuelvan a darse casos de desfalcos a la hacienda pública como los de Veracruz con Javier Duarte, Chihuahua con César Duarte o Quintana Roo con Roberto Borge”.

Y expone Ascencio: “No queremos más casos de corrupción que lastimen a nuestro país y le impidan alcanzar todo su potencial. No queremos en México que los casos de corrupción queden impunes; por el contrario, todo aquel o aquella que traicione la confianza de los ciudadanos debe ser llevado a la justicia”.

Determina que “una de las maneras de prevenir y atajar la corrupción es precisamente con los controles y supervisión de la sociedad civil, que pueden hacerse de manera directa conforme a la ley y a la par de los órganos fiscalizadores del Estado”.

Alude a que “México tiene el derecho de exigir a gobiernos y congresos que se conduzcan con probidad, con trasparencia, y que rindan cuentas de cara a los mexicanos ya que es fundamental la confianza de la sociedad en su gobierno. En Acción Nacional creemos en un gobierno ético que prevenga, evite y combata la corrupción”.

Menciona que “el acceso a la información del gobierno debe ser una garantía de los ciudadanos en los tres órdenes, es decir, a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo a los poderes Legislativo y Judicial”.

Y establece: “La transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del actuar de los poderes públicos requieren del involucramiento activo de la ciudadanía porque este es su derecho. La corrupción debe atacarse preventivamente a través de la educación y la responsabilidad ciudadana; los castigos a ciudadanos y funcionarios corruptos deben ser ejemplares, y al mismo tiempo deben consolidarse mecanismos que permitan a la sociedad prevenir y denunciar prácticas deshonestas”.

Con esta iniciativa, agrega, “buscamos fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción por medio de la instrumentación de mecanismos ciudadanos, auditorías independientes a contratos de obra pública de alto impacto económico y sin menoscabo de las atribuciones que en la materia corresponden a las autoridades correspondientes”.

Y concluye: “Estoy cierto de que con esta iniciativa daremos un paso más para la edificación de un sistema que realmente ayude a terminar con este lastre que tanto lastima a los mexicanos. La participación ciudadana será fundamental en todos y cada uno de estos procesos para que el Estado mexicano acabe con la corrupción”.

La propuesta legislativa ya se turnó a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictamen. De aprobarse se daría un primer paso para que la ciudadanía comience a involucrarse en procesos de gobierno a fin de contrarrestar los actos de corrupción que tanto laceran la vida administrativa del país.

 

 

 

 

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