La consulta popular fue hecha para justificar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Las reglas se diseñaron para ello. Andrés Manuel López Obrador pretende que él no está tomando la decisión, pero no era necesario: ganó la elección de manera contundente; tiene un control absoluto sobre la Cámara de Diputados y del Senado; maneja ya, antes de tomar posesión, todos los hilos del poder.
López Obrador no enfrentaba ningún obstáculo para cancelar el nuevo aeropuerto, pero no quiso pagar el costo político de desechar un proyecto que la enorme mayoría de los especialistas considera correcto y que tiene un avance de 30 por ciento.
¿Cuáles serán las consecuencias de la cancelación del nuevo aeropuerto? En primer lugar habrá un importante costo económico. Nada más el reembolso de las inversiones realizadas y de los compromisos financieros contraídos implicará un gasto para el gobierno federal de entre 100 mil y 120 mil millones de pesos. Esto no considera, sin embargo, la posibilidad de que haya demandas de las empresas que tenían contratos firmados que eleven esta factura mucho más.
López Obrador dice que los contratistas deben estar tranquilos porque se les darán nuevos trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía, pero las cosas no serán tan fáciles. Los nuevos contratos de Santa Lucía tendrían que ser licitados, si no se quiere violar la ley o generar situaciones de conflicto de interés. Muchas empresas, no obstante, pueden no estar interesadas en las nuevas licitaciones y buscar más bien las indemnizaciones que pueden conseguirse cuando una parte, en este caso el gobierno de México, viola sus contratos de manera unilateral.
Cicatrices
No hay ninguna certeza de que se pueda hacer de inmediato el aeropuerto de Santa Lucía. Si bien es más fácil transformar un aeropuerto militar en civil que construir uno de cero, el proyecto de Santa Lucía no cuenta con manifestación de impacto ambiental ni con proyecto ejecutivo. Esto quiere decir que la obra, si se hace bien, puede tardar varios años en comenzar y probablemente no quede concluida en el gobierno de López Obrador. Se abrirá quizás, entonces, la posibilidad de que un nuevo gobierno lo cancele y reinicie la construcción del aeropuerto de Texcoco, que los especialistas consideran como la verdadera solución de largo plazo.
Un costo que no se ha considerado es el de limpiar la construcción ya realizada. Suspender la construcción del nuevo aeropuerto no solo detendrá las obras de mitigación ambiental e hídrica que se consideraban muy importantes para Texcoco, sobre todo por la ampliación de la capacidad de regulación del lago Nabor Carrillo y otros cuerpos de agua de la zona, sino que además obligará a dejar la zona como estaba. Esto significa que habrá que demoler las construcciones, retirar las losas de concreto y extraer los pilotes de cimentación. Será un trabajo más intenso, complejo y costoso que la construcción inicial. La ley ordena que el predio quede en las condiciones previas. Lo que nos dice la experiencia, sin embargo, es que las ruinas de la construcción simplemente se abandonan y dejan cicatrices ambientales.
Cancelar el aeropuerto de Texcoco cuesta más que completarlo. Pero no importa porque ya hay una decisión política de eliminarlo. A cambio de este gasto perderemos la oportunidad de contar con un centro de conexiones de aviación que generaría decenas de miles de empleos. Tendremos, en lugar de eso, dos o tres aeropuertos sin conectividad.