La principal dificultad de Andrés Manuel López Obrador después de la victoria electoral del 1 de julio fue empatar la disidencia con la institucionalidad. Desde la oposición se puede criticar sin preocupaciones, porque la tarea de la oposición es justamente la de oponerse. Sin embargo el ejercicio del poder institucional coloca a la oposición en el papel de gobierno frente a una oposición intolerante.
El interregno entre la victoria y la toma de posesión era usado por anteriores presidentes como un espacio para madurar propuestas; López Obrador, no obstante, comenzó a gobernar desde finales de 2016 porque tenía la certeza de que iba a ganar. En cuatro meses —de julio a octubre de 2018— ha mostrado más las contradicciones en sus propuestas que los programas para atender los problemas. En todo caso el ejercicio de una presidencia electa activa le sirvió para evitar que el gobierno saliente se dedicara a tapar hoyos.
El problema número uno del gobierno de López Obrador en funciones reales a partir del 1 de diciembre será la seguridad en sus tres variables: pública, por el activismo de las bandas criminales; interior, por la inestabilidad para el desarrollo, y nacional, por la presión de Estados Unidos. Pero antes que ello el presidente electo se enfrentó con la peor parte de las inseguridades: el daño a familias no involucradas en el crimen organizado por asesinatos, secuestros, desapariciones y agresiones de familiares.
Dimensión
En el debate social del tema, sin embargo, había dos asuntos asociados: las razones del poderío de las bandas delincuenciales organizadas o atomizadas y la pérdida de predominio del Estado y del gobierno en las políticas de seguridad. Por razones de sensibilidad López Obrador y su equipo político y de seguridad le dieron prioridad al aspecto social desde el enfoque de los derechos humanos, olvidando que el ejercicio de la autoridad del poder vía la fuerza se define por el daño a las bandas criminales y no por evitar los daños colaterales. Al mezclar derechos humanos con políticas policiacas la estrategia de seguridad quedó atada a la disminución de la fuerza; por eso, quizá, se exploró la posibilidad de legalizar todas las drogas.
La dimensión del Estado moderno se basa en dos pivotes fundamentales que se deben aplicar de manera simultánea: el desarrollo para la estabilidad social y la fuerza para combatir a la delincuencia. Si se prioriza una a cambio de soslayar la otra el Estado nunca podrá regresar a la estabilidad del pasado y quedará ahogado entre las demandas sociales estridentes y el aumento de la violencia criminal en la disputa por el dominio territorial, social judicial y político.
Bien que mal los diferentes gobiernos lograron mantener las políticas sociales como factores de estabilidad política; sin embargo, en seguridad pasó del control institucional de la delincuencia a la administración de complicidades y se llegó al punto en que los gobiernos aumentaron la ofensiva armada. El resultado está a la vista: la república como campo de batalla.
El desafío del gobierno de López Obrador consistirá en no mezclar de manera interdependiente derechos humanos con seguridad, porque entonces habría que disminuir la ofensiva policiaca beneficiando a las bandas criminales y paradójicamente afectar los derechos por el aumento en la delincuencia. Los Estados nacieron para darle seguridad a los ciudadanos.