Desde la reinstalación de la democracia en Latinoamérica las variables de análisis, programas y políticas referidos a las Fuerzas Armadas observan sustanciales cambios, si bien el largo periodo que arranca en 1964 con el golpe de Estado en Brasil inaugura una convulsa etapa que se prolonga y propaga por la gran mayoría de nuestros países hasta mediados de los noventa del siglo pasado: excepto en México y Colombia los militares ejercen un papel decisivo en la conducción política de Estados y gobiernos en ese lapso.
Quizá por generalización, por tendencias académicas o por posturas político-ideológicas es frecuente leer críticas desde Latinoamérica respecto de lo que significan las Fuerzas Armadas en una nueva era de democracia, alternancia y pluralismo.
De forma desafortunada, a esa propensión se suman visiones en nuestro país que se adhieren a lo que en otras latitudes se argumenta.
Sin vivir un golpe de Estado desde aquel que encabezó Victoriano Huerta; sin experimentar un solo periodo de militarización posrevolucionaria; sin tampoco tener elementos para señalar un protagonismo político de los militares en general, pueden percibirse en algunos sectores de la nueva clase política expresiones que evidencian más propaganda que reflexión.
La supremacía del poder civil en México respecto del poder militar se encuentra en la Constitución, pero también, y sobre todo, en la Doctrina Militar que se imparte en todas las jerarquías y planteles militares de adiestramiento y preparación. Puede seleccionarse cualquier discurso del secretario de la Defensa Nacional o el de la Marina-Armada de México en cuestión y si una constante encontramos en sus alocuciones es la lealtad institucional y la vocación de servicio a la sociedad.
Gobiernos van y grupos vienen; partidos pierden y partidos ganan, pero la referida conducta institucional es la generadora de la más amplia aceptación popular y hace de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México uno de los baluartes de la democracia en el país.
Recursos
En el estudio de las relaciones civiles-militares una constante es qué tanta aceptación tienen las Fuerzas Armadas respecto de sus respectivas sociedades y gobiernos. Una marcada tendencia es que en la medida en que las actividades militares se han ido ampliando (labores de rescate y apoyo a la población en situaciones de desastre; tareas de seguridad pública; acciones contra el terrorismo; atención a los efectos del cambio climático, entre otras), también el marco jurídico y los recursos presupuestales asignados se amplíen en forma proporcional.
La tendencia es que lo que hoy hacen las Fuerzas Armadas en la mayor parte del mundo y en las democracias consolidadas —como la nuestra— se convierte en actividades permanentes, sin abandonar por supuesto lo que de forma natural y estructural corresponde al estamento militar, como es la defensa de la independencia y soberanía de la nación.
Ante esas evidencias el próximo gobierno de la República, que ya actúa desde el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre pasado, debe reconocer que cuenta con un recurso institucional sin comparación en las actividades de las Fuerzas Armadas.
La primera prueba será sin duda el monto que se asigne para el próximo ejercicio fiscal tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina-Armada de México. Ya lo comentaremos.