La historia se repite. El regreso de los demócratas como mayoría en la Cámara de Representantes norteamericano representa una piedra más en el camino del acuerdo mercantil entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, en la idea de dejar impresa su huella en el documento final.
El punto reclamado para su revisión es el laboral. De hecho la nueva líder del equivalente a la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, ya le puso el cascabel al gato al reclamar que México descongele las leyes secundarias derivadas de la reforma laboral que se pautó a finales del anterior sexenio.
Uno de los pendientes es la conversión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en tribunales laborales, en un escenario en que tirios y troyanos reconocen que estas se corrompieron, colocándose el triste escenario en que las resoluciones las manipulan coyotes o abogados venales.
Aunque no estaba en el guion la sorpresiva decisión del Senado de que México, tras décadas de paréntesis, se adhiriera al acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical obliga a garantizar legalmente su cumplimiento.
El marco suprime las votaciones a mano alzada; las cláusulas de exclusión que los sindicatos aplican para disidentes, y el escalafón ciego que favorece a los que son leales a los dirigentes.
Fast track
La presión incluye también la exigencia de endurecimiento de las leyes ambientales.
Negociado y signado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el presidente republicano George Bush padre, en el periodo de aprobación por parte del Senado de Estados Unidos llegó el cambio de estafeta. Su sucesor sería el demócrata William Clinton.
Ante la posibilidad de descarrilar la ruta y aceptada por el Congreso la posibilidad del fast track o vía rápida que obliga al sí o no del documento final de lo negociado sin posibilidad de enmienda se optó por una adenda.
Surgieron así los llamados acuerdos complementarios o suplementarios, precisamente en materia laboral y ambiental.
En el primer caso se creó una suerte de tribunal de arbitraje para conocer denuncias de explotación laboral o falta de democracia sindical.
En el segundo se planteó que el área atendida sería la zona fronteriza norte, creándose incluso un banco binacional para ofrecer créditos tendientes a atenuar o mitigar posibles agresiones al medio ambiente.
A los diez años de vigencia del acuerdo mercantil la estructura había desaparecido.
La historia, pues, regresa a la escena, por más que una parte del capítulo, las percepciones salariales, obligará a las armadoras establecidas en México a mudar a Estados Unidos parte de su producción.
Segundo acto.