Ya pasó más de un año del sismo del 19 septiembre de 2017 y los pendientes se acumulan porque todavía no hay siquiera cifras exactas del número de damnificados ni concluyen los censos de viviendas. En concreto: no hay certeza de cómo se distribuyeron los apoyos ni claridad de las acciones y tareas de reconstrucción.
“Es por eso que para brindar certeza jurídica y un ejercicio pleno de los derechos de las personas afectadas el pleno del Congreso local turnó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México”, dice la diputada por Morena, Esperanza Villalobos Pérez.
Bueno, otra ley que se suma a las ya existentes para la reconstrucción. Deseamos que sea para bien. Pero lo importante es que los recursos lleguen a los afectados, muchos de quienes viven en condiciones extremas desde que sus viviendas resultaron dañadas con el sismo de hace 14 meses. Y todos confían en que será pronto. Ojalá.
“Ante la emergencia el gobierno de la ciudad emitió el decreto por el que se instruyó la elaboración del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Se creó el órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción en una Ciudad más Resiliente. Tres meses después el gobierno publicó el decreto que expide la Ley de Reconstrucción actual”, comenta Villalobos Pérez.
Los damnificados por el sismo, uno de los más fuertes que ha padecido la ciudad, quieren que les resuelvan su situación. Ya no quieren vivir en la calle. Demandan de la autoridad una solución. Ya no promesas. Así que el cambio de nombre a la ley veremos en qué ayuda para resolver el problema: requieren de actos operativos para volver a sus viviendas, de apoyos efectivos.
La legisladora reconoce que “hay pendientes. No hay cifras exactas sobre el número de afectados. Los censos no se han terminado, por lo que desconocen cómo se entregó la ayuda. Y el gobierno tiene la obligación de continuar con los trabajos de reparación, rehabilitación y reconstrucción para dar cumplimiento a lo mandatado por los artículos primero y cuarto de la Carta Magna, que establecen la obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa”.
Pues no les queda más que revisar lo que se ha hecho, continuar con los censos, organizarse para entregar los apoyos, recuperar lo que se ha hecho… Porque no todo puede estar mal hecho y hay que aprovechar lo que se pueda. ¿O me equivoco?
El bolso de Laura
Y bueno, el miércoles dejó la coordinación de la fracción mayoritaria del Congreso local y las riendas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ernestina Godoy, quien se perfila para ocupar la Procuraduría de Justicia de la CDMX. En un cónclave muy complicado, nos dicen, se logró apaciguar las aguas. Y en una negociación política el diputado Ricardo Ruiz, quien sustituyó al ex diputado Alejandro Encinas, logró la coordinación y el control de la Jucopo. ¿Cómo ve? Heredó la silla y los cargos de su jefe y amigo. ¡Faltaba más!...Los nuevos alcaldes van contra el abuso inmobiliario. No solo han clausurado las obras en construcción y llenado de sellos todas estas sino que hay por ahí una iniciativa para sancionar severamente a quienes rompen los sellos de suspensión o clausura. O sea, aumentar de cuatro a siete años de cárcel la pena para los dueños que los alteren o destruyan. Y multa de mil a dos mil 500 días o unidades de cuenta. ¿Lo seguirán haciendo?...