Después de estar en campaña desde cuando menos 2005, de haberse autonombrado presidente legítimo, de haber obtenido un triunfo abrumador y de haber esperado impaciente en una transición de cinco meses, Andrés Manuel López Obrador asume la Presidencia de la República este 1 de diciembre.
López Obrador recibe el país con un crecimiento económico de alrededor de 2.2% en 2018. En el sexenio el promedio será de alrededor de 2.4% anual. Son cifras muy lejanas a la oferta inicial de Enrique Peña Nieto de 6% al concluir su sexenio. Pero cuando menos Peña Nieto concluye el primer sexenio desde los años setenta sin crisis económica, con la creación de cuatro millones de empleos formales —la mayor cifra de la historia— y con la realización de una serie de reformas estructurales que se intentaron durante décadas sin éxito. Termina también con una crisis de violencia, con los homicidios en niveles sin precedente y con una percepción de corrupción generalizada en el gobierno. La aprobación de Peña Nieto, según un diario de circulación nacional, es de 28%, el nivel más bajo desde que hay encuestas.
López Obrador asume la Presidencia, en cambio, con una popularidad abrumadora. No solo fue electo con una mayoría de 53%, la mayor en una elección presidencial desde 1982, sino que su respaldo se incrementó durante la larga transición. Según otro diario nacional López Obrador llega al poder con una aprobación de 66%. Cuenta, además, con una ventaja que no ha tenido ningún presidente desde los tiempos del viejo PRI: el control de las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo cual le permite cambiar las leyes a discreción.
Consecuencias
Este poder enorme debe utilizarse con precaución. López Obrador ha sentido ya las consecuencias que pueden tener los errores. Si bien los inversionistas nacionales e internacionales se mostraron ecuánimes ante López Obrador durante la campaña y la transición, sobre todo por su insistencia en señalar que respetaría el sistema de mercado y no incurriría en un mayor déficit de gasto público, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México generó una incertidumbre económica que se incrementó por una serie de iniciativas de Morena y del Partido del Trabajo que produjeron un desplome de la Bolsa Mexicana y del peso.
La cancelación del aeropuerto implica tirar a la basura un proyecto ya muy avanzado, con una pérdida de entre 60 mil y 150 mil millones de pesos, a cambio de desarrollar un sistema de tres aeropuertos que no puede cumplir la función de un centro de conexiones, el hub que necesitan las industrias aeronáutica y turística. Pero un proyecto de 13 mil millones de dólares no tiene por qué descarrilar una economía de un billón 150 mil millones de dólares anuales.
Las iniciativas de Morena y el PT de confiscar las reservas internacionales o las pensiones de los trabajadores, o la de prohibir las comisiones bancarias, tendrían consecuencias negativas mucho más importantes. Tanto el presidente López Obrador como su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, descartaron estas propuestas, a las que Urzúa calificó de un “absurdo” o “sin pies ni cabeza”, pero eso no acaba con la incertidumbre. Ha habido fugas de capitales y muchos proyectos de inversión están suspendidos.
López Obrador tiene un mandato muy claro de combatir la corrupción y la violencia pero también de acelerar el crecimiento de la economía. Los retos apenas empiezan.