EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Las Fuerzas Armadas realizan hoy tareas fundamentales en materia de seguridad pública.

Javier Oliva Posada
Columnas
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Por lo menos desde 1996 las disfunciones en los diversos ambientes de la seguridad llevan a que nuestro país observe una preocupante tendencia de deterioro. Sea por un gobierno, partido político o élite la cuestión no ha variado.

De allí que ante el lógico y explicable optimismo derivado de los comicios del pasado 1 de julio resulte urgente que las problemáticas en cuanto a los más relevantes asuntos de la agenda nacional se atiendan con oportunidad.

Porque si ante algún hecho se encuentran hoy sensibles tanto la sociedad como las estructuras de gobierno es precisamente ante lo que sucede en materia de seguridad pública, en primera instancia.
Como ya es una costumbre, o bien una tendencia histórica, las Fuerzas Armadas realizan hoy tareas fundamentales en materia de seguridad pública. A partir del Programa de Paz y Seguridad nuevamente los integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México llevan a cabo labores prioritarias. No obstante, con la creación de la Guardia Nacional es que estamos por ver —o esperamos ver— resultados que traigan a amplias zonas del país la tranquilidad necesaria.

Responsabilidad
¿Cómo puede medirse o evaluar dicha variable? Desde luego que los indicadores de los delitos de alto impacto son un referente, pero no los únicos: inversiones, posibilidad de desplazamientos, comercialización y en general las actividades cotidianas, realizadas con la certeza de la planeación, implican la auténtica recuperación del ambiente productivo.
Foros van, foros vienen, pero la ausencia de un marco legal para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al menos en esta ya prolongada crisis de violencia, no solo es un problema institucional sino también una verdadera incertidumbre sistemática donde la única perdedora es la sociedad.
El Congreso de la Unión tiene en este sentido la más sustancial responsabilidad para proveer las condiciones jurídicas necesarias. Las demandas de parte de grupos sociales —y de la población en general— a propósito de la necesidad de contar con aparatos policiales y jurídicos ágiles es la otra parte de la ecuación que sin saber por qué poco se menciona o alude en los planes y programas de seguridad.
Es en resumen un proceso de varias velocidades pero con un mismo fin: normalidad y tranquilidad pública y jurídica.