La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos en el país, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustancial a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos. México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.
La seguridad, expresó, es una necesidad y no un campo para intereses políticos o de otra índole. Ante ello, solicitó a los diputados que, por graves y apremiantes que sean las circunstancias en materia de seguridad pública en el país, no se renuncie a la institucionalidad civil y democrática. La primacía de las instancias civiles sobre las militares, afirmó, no debe verse como un mero postulado teórico, sino como condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.