Washington, Estados Unidos, 27 de diciembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó serias preocupaciones sobre la crisis política en Nicaragua y, junto con varios países, sugirió invocar la Carta Democrática Interamericana ante la denuncia de crímenes de lesa humanidad en esa nación.
Al presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), la comisión denunció igualmete la intensificación de la campaña de represión oficial contra opositores del gobierno.
Señaló en particular las acciones que lleva a cabo el gobierno para silenciar a los medios independientes de prensa e impedir el trabajo de grupos de la sociedad civil, además de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la OEA.
La vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acusó al Congreso de Nicaragua de complicidad, haciendo notar que junto con el gobierno ha adoptado medidas bajo la apariencia de legitimidad para restringir los derechos de libertad, de asociación y de reunión.
“La comisión expresa su seria preocupación, ya que en días pasados el gobierno de Nicaragua intensificó sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos y en especial para la libertad de expresión”, dijo.
Arosemena hizo eco de la conclusión del GIEI de que el gobierno de Nicaragua llevó a cabo conductas “que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse como crímenes de lesa humanidad”.
“La configuración de crímenes de lesa humanidad y la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, impone un llamado a la comunidad internacional a actuar de modo más enérgico, especialmente en los países de nuestro región”, dijo.
Hablando ante el Consejo Permanente de la OEA, la también relatora para Nicaragua consideró que la situación que se vive en ese país hace necesario evaluar la adopción de medidas correctivas, incluyendo evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como lo sugirió el GIEI.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que frente a la actual situación “nos vemos obligados a pensar en la aplicación de Carta Democrática Interamericana”.
“Quisiera aferrarme a que usted y su gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua”, dijo dirigiéndose al representante nicaragüense, Luis Exequial Alvarado.
En su turno, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que su gobierno condenaba los ataques y las detenciones de manifestantes, periodistas o toda aquella persona percibida como hostil por el gobierno, y llamó a otros países a pronunciarse sobre la situación.
“La OEA no puede mantenerse en silencio en este momento. Es imperativo que la OEA reconozca la consolidación del poder por (el presidente nicaragüense Daniel) Ortega y empezar a aplicar la Carta Democrática Interamericana”, sugirió.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina, recordó el mandato que tiene la OEA para ayudar a la solución pacifica de los conflictos políticos que sufra un país miembro y que atenten contra el orden democrático.
“Por eso muchos de nuestros estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática. Por eso muchos de nuestros estados estamos también pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua”, dijo.
Arosemena dijo que la Carta “constituye el instrumento más representativo de solidaridad y compromiso que países del hemisferio asumieron para asegurar que en las naciones americanas existan condiciones propicias para el goce de garantías de los derechos humanos”.
Dio a conocer que desde el inicio de las manifestaciones en Nicaragua, el pasado 18 de abril, 325 personas han muerto como consecuencia de la violencia desatada tras la represión de fuerzas policiacas y grupos parapoliciacos, entre ellos 24 niños, niñas y adolescentes.
La violencia ha dejado además más de dos mil personas heridas y 550 detenidas en tanto que 300 profesionales de la salud han sido despedidos por brindar atención médica a lesionados y 80 estudiantes expulsados de la universidad autónoma.
La mayoría de los países que hicieron uso de la palabra condenaron la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de cancelar la personalidad jurídica de nueve organizaciones civiles, bajo acusaciones tales cómo promover acciones contra el gobierno.
La comisionada dejó asentado que pese a la decisión del gobierno nicaragüense de expulsar a los miembros del GIEI y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ambos instrumentos continuarán su trabajo y recibirán denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que sucedan en esa nación.