Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, presentó un paquete presupuestario que cumple con todos los requisitos formales. Ni los gobiernos “neoliberales” presentaban proyectos tan equilibrados.
El aumento en el gasto es moderado: no hay impuestos nuevos, las alzas en gravámenes existentes son pequeñas y puntuales, los aumentos de los proyectos políticos del presidente son compensados con recortes en otros rubros.
Si bien sí hay un déficit de presupuesto, que obligará a contratar 540 mil millones de pesos de deuda, este es moderado. El déficit en su acepción más amplia, de requerimientos financieros del sector público, será de 2.5% del Producto Interno Bruto… si se respeta el presupuesto.
Las dudas surgen cuando se escarba más a fondo. Algunas de las cifras parecen difíciles de alcanzar. Los incrementos de los ingresos son demasiado fuertes para una economía que se prevé crezca solo 2%. Han sido muy cuestionados también los recortes a las universidades ya establecidas, lo que obligó al presidente a echarse para atrás. Otros recortes, aunque no generan tanta inconformidad, tendrán consecuencias más negativas. La baja en la inversión en agua, sumada a los intentos de Morena por prohibir la inversión privada en infraestructura hídrica, provocará de manera inevitable una fuerte escasez del líquido en los próximos años.
El presupuesto parece un ejercicio de derecha. Sube los recursos para las Fuerzas Armadas, en buena medida porque estas asumirán un papel protagónico en la seguridad pública, a pesar de que Morena se opuso a esto en la campaña. Mientras tanto, habrá una disminución en el dinero para la educación, particularmente en los presupuestos a las universidades ya establecidas.
Compromiso
Hay incrementos también muy fuertes para la Secretaría de Energía pero esto es porque llevará a cabo inversiones para la construcción de una nueva refinería y el remozamiento de las que ya existen, que son proyectos en los que la iniciativa privada no se interesa porque no serán rentables.
También habrá inversiones en petróleo crudo, pero directamente de Pemex, a pesar de su excesivo endeudamiento, ya que se cancelarán las licitaciones en exploración y producción a empresas privadas. Esto podrá llevar a una reducción de la calificación crediticia de Pemex, que se verá obligado a pagar mayores intereses. La rebaja en la calificación de la petrolera podría arrastrar al gobierno federal e incrementar de forma importante el servicio de la deuda. El resultado sería hacer más difícil cumplir con los objetivos del presupuesto gubernamental.
Algunos de los recortes que se hacen podrían volver imposible para algunas instituciones cumplir con sus funciones. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Energía. Son decisiones producto del prejuicio que el presidente López Obrador tiene hacia los organismos autónomos.
Para los inversionistas, sin embargo, lo importante es que el gobierno hace un esfuerzo por mantener el déficit bajo control. Cuando se echó para atrás en el recorte a las universidades públicas anunció que haría ajustes adicionales a las secretarías con el fin de obtener recursos. No sabemos si los recortes a estas secretarías serán buenos o no pero los inversionistas se muestran hasta ahora tranquilos porque ven un compromiso del nuevo régimen para mantener un presupuesto razonablemente equilibrado. Por eso el peso se ha fortalecido.