Luego de asumir el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que el Poder Judicial de la Federación será un “ejemplo de conducta”.
Asimismo aseguró que defenderá la independencia de los jueces federales, “porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos y es, además, defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica”.
En la sesión del pleno de la SCJN del pasado 2 de enero, en la que resultó electo presidente del alto tribunal para el periodo 2019-2022, Zaldívar anunció que iniciarán un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes, puesto que “independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo”.
Al respecto aseveró que “la independencia judicial no es una entelequia sino que es un presupuesto indispensable para que haya un Estado constitucional de Derecho”.
Salvaguardar la independencia
En su mensaje Arturo Zaldívar Lelo de Larrea destacó la importancia de que el Poder Judicial sea un ejemplo de conducta para los otros poderes, las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto.
En este sentido recordó a sus compañeros ministros que “la independencia judicial no es una cuestión teórica: es algo que se defiende todos los días, con sus sentencias, con sus proyectos, con sus votos, pero también con su conducta pública y privada”.
De esa manera exhortó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación a que “sigan siendo dignos de esta independencia que les otorga la Constitución, para que podamos recobrar la confianza en la ciudadanía en bien de nuestro país, en bien de todas las personas que habitan aquí, porque México está pasando un momento problemático, pero los momentos de crisis también son momentos de oportunidad”.
Añadió: “Tenemos una gran oportunidad de transformar al Poder Judicial, de renovar al Poder Judicial, de hacer las cosas mejor para beneficio de todos”.
Poder equilibrador
El ministro presidente señaló que no se podría explicar la transición democrática sin el papel del alto tribunal: “Ha sido un poder equilibrador, ha sido un poder que ha sabido establecer y cuidar la división de poderes, que ha venido desarrollando de manera creativa las diferentes atribuciones que la Constitución da a los distintos órganos de gobierno y de poder, pero ha sido también ante todo una defensora y desarrolladora de los derechos humanos de todas las personas”.
Reconoció que, sin embargo, toda esta riqueza de su trabajo no ha podido llegar a que la gente lo comprenda y lo conozca: “Tenemos un compromiso para estar más cerca de la gente, para comunicar mejor, para tratar de dialogar con la sociedad y que sepa que parte de su bienestar, de sus derechos y de su defensa se da precisamente en esta Suprema Corte y en el Poder Judicial de la Federación”.
Manifestó que cuando se habla del Poder Judicial de la Federación no se puede olvidar el trabajo de los jueces y magistrados federales: “A ellos les expreso mi reconocimiento y mi apoyo”.
Retos
El inicio de la gestión del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se presenta en un año especialmente crucial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no cabe duda de que 2019 será decisivo: como uno de los tres poderes de la nación habrá de continuar como garante de la legalidad y el Estado de Derecho, en una nueva etapa iniciada a partir de las reformas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, entre ellos el cambio de régimen.
La austeridad y el combate a la corrupción a que se comprometió durante su campaña proselitista el ahora presidente de la República —quien efectivamente anunció acciones inmediatas sobre ambos temas al arranque mismo de su administración— modificó en primera instancia la relación del Ejecutivo federal con el Poder Judicial, debido a la propuesta de austeridad del mandatario para la Suprema Corte.
Analistas consultados consideran al respecto que si bien la independencia que necesitan jueces, magistrados y ministros para desempeñar su labor no debe sustentarse en la percepción salarial sino en una sólida preparación profesional y una conducta ética a toda prueba, la realidad es que el déficit de justicia y la percepción que se genera en torno de los salarios de los máximos jueces del país han provocado tensión entre ambos poderes.
Esta situación, resaltan, no es conveniente en momentos en que los mexicanos demandan de manera urgente una impartición de justicia más expedita e imparcial, el combate a la impunidad y la disminución de la incidencia delictiva.
Razón y derecho
En este contexto de polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial el ahora ex ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, rindió su cuarto y último informe de labores, ceremonia que sirvió para fijar el punto de vista del máximo tribunal de justicia respeto a las diferencias surgidas.
Con la presencia del titular del Ejecutivo federal, así como de los representantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, entre otros invitados, Luis María Aguilar expuso que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son ajenos a la demanda ciudadana de un mejor servicio público, más eficiente, pero sobre todo honesto y transparente.
En el Poder Judicial, afirmó “queremos, como todo buen mexicano quiere, lograr, en la medida de nuestras competencias, un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación, y con la justicia que corresponde, como derecho inalienable, al pueblo de nuestra nación”.
Subrayó que ello no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país, sino la condición necesaria para alcanzar democráticamente estos objetivos.
“Su presencia —dijo—, señor presidente de la República, en este tribunal constitucional, al igual que la presencia de los que integramos esta Suprema Corte en su toma de protesta, es expresión de la normalidad democrática con la que estamos obligados a conducirnos quienes representamos a las instituciones del Estado mexicano”.
El saliente presidente de la Suprema Corte aseguró que “este recinto honra el legado de Benito Pablo Juárez García, ministro y presidente de este alto tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación, que no se olvide”.
Agregó que “entre muchas coincidencias una de las más importantes que tenemos con usted es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional: nada por la fuerza, todo por la razón y por el Derecho”.
Aguilar Morales pidió no perder de vista que la Constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social; y, como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación.
El ministro afirmó que “en estos momentos en los que el país se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que estas condiciones son, como ha dicho usted, presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia”.
Factor de equilibrio
De hecho, en los últimos 24 años la Suprema Corte ha jugado un papel crucial en la vida del país al desempeñar a plenitud —a partir de su recomposición en 1994— una plena autonomía, además de ser un factor de equilibrio en las disputas o controversias surgidas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ese rol de preservar el respeto a los principios contenidos en la Constitución y garantizar que estos no se violen aprovechando leyes o reformas aprobadas por el Congreso de la Unión o promulgadas por el presidente de la República, es la tarea que consolida a la SCJN como tribunal constitucional en pleno.
Hoy la nueva etapa que inició con la toma de posesión del presidente López Obrador el 1 de diciembre de 2018 vislumbra cambios profundos, por lo que habrá de esperar se lleven a cabo con respeto a la división de poderes y con observación de los preceptos constitucionales.
Luego de las críticas manifestadas por el presidente a los salarios que perciben los ministros de la Suprema Corte, y los amparos promovidos por funcionarios del Poder Judicial para evitar la afectación a sus sueldos con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, cuyo salario neto es de 108 mil pesos mensuales), propiciaron la movilización contra esos dichos y la reducción de salarios.
Independencia para juzgar
En un hecho inédito, el 10 de diciembre más mil 400 magistrados jueces federales y trabajadores judiciales externaron su rechazo a la citada ley mediante una movilización en las sedes judiciales de todo el país.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Luis Vega Ramírez, rechazó que existieran en el PJF salarios de más de 600 mil pesos mensuales.
Acusaron la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la justicia federal y advirtieron del riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores “haciéndoles pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal”, lo que deriva en “el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.
Afirmaron que la independencia no es un manto de impunidad sino el derecho humano “que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades, porque no puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes”.
Subrayaron además que en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, “no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”.
Suspensión
La confrontación por la reducción de salarios a los integrantes del Poder Judicial retomó fuerza cuando el 7 de diciembre la Suprema Corte ordenó la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al aceptar a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de la oposición (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) en el Senado de la República.
La suspensión que concedió el ministro Alberto Pérez Dayán, quien será el encargado de presentar el proyecto respectivo, impide que se modifiquen los salarios de aquellos cargos protegidos por la Constitución en los artículos 75 y 127, que atañen a los integrantes de organismos autónomos que se encuentren en funciones y entre los que se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, por tanto, lo relativo al Poder Judicial de la Federación.
Ante esta resolución, López Obrador manifestó que quienes deberían impartir justicia se equivocaron y dan mal ejemplo al ordenar la detención de los efectos de esa ley para mantener salarios de hasta de 600 mil pesos mensuales.
No obstante, el mandatario aseguró que respetará las determinaciones de los magistrados, jueces y ministros respecto de la norma que disminuye los salarios de los servidores públicos; y recordó que en México no vive solamente un cambio de gobierno sino un cambio de régimen. “Antes los poderes se sometían a las decisiones que tomaba el presidente: ahora se respetará la autonomía de cada uno”, puntualizó.
López Obrador afirmó que el tema no es de negociación, porque es un asunto de principios. Y calificó de extraordinaria la polémica porque muestra que el Poder Ejecutivo ya no es el poder de los poderes y se respetará el derecho a diferir.
De ahí que pese el conflicto surgido ambas partes manifiestan disposición para superar las diferencias surgidas dentro de una relación republicana de respeto a cada uno de los ámbitos de su competencia, con el propósito de hacer de México un país más justo, menos impune y con plena vigencia del Estado de Derecho.
Unidos y fuertes
Es en este contexto que el pasado 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una nueva etapa bajo la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Y en el primer día de su gestión el ministro presidente puso énfasis en que “los méritos no serán del presidente de la Suprema Corte: serán de todos y cada uno de los ministros y también de todos y cada uno de los jueces federales, porque los jueces federales son nuestra mayor fortaleza y los jueces federales son precisamente lo que permite que este país goce de gobernabilidad y Estado de Derecho”.
En este sentido convocó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que “a partir de hoy trabajen en equipo y en unidad, por el bien del pueblo de México y del mismo Poder”. Los convocó a “una presidencia donde quepan todos, en que opinen todos, en que decidan todos y en la cual construyan juntos”.
A los consejeros de la Judicatura Federal también los exhortó a que trabajen en esta nueva etapa, en que tienen el compromiso de renovar el Poder Judicial “porque esa es la exigencia de la sociedad”.
Al respecto agregó: “Los exhorto a que mejoremos aquello en lo que hemos fallado, a que mejoremos aquello que hemos hecho bien y a que empecemos a llevar a cabo aquello que todavía no hemos realizado. Estoy seguro que también en unidad vamos a poder avanzar en bien de nuestro país”.
Finalmente apuntó que su compromiso con la independencia judicial lo avalan sus nueve años como ministro: “Mi conducta a lo largo de estos nueve años ha sido de manera inalterable defensora de la independencia, sin importar las coyunturas políticas y sin importar los costos. He antepuesto el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos humanos a cualquier otra consideración”.
Perfil
Arturo Zaldívar estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Cursó un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.
Actualmente es profesor titular de Jurisprudencia Constitucional en la Universidad Iberoamericana.
Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica; asimismo, ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales.
Es autor del libro Hacia una nueva ley de Amparo y de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas, así como de diversas obras colectivas de carácter internacional, entre las que destaca la coordinación —junto con Eduardo Ferrer Mc-Gregor— de la obra La ciencia del derecho procesal constitucional.
Integró diversas organizaciones, entre las que destacan el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, y el Consejo Asesor de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
También fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, creada por acuerdo del pleno de la SCJN.
Fue designado ministro de la SCJN por el Senado de la República en diciembre de 2009. Su periodo finaliza en noviembre de 2024.
Avances y pendientes
El ex ministro presidente de la SCJN Luis María Aguilar afirmó que durante su gestión —que inició en enero de 2015— se realizaron acciones para la aplicación y consolidación de la reforma penal, protección de derechos humanos, igualdad de género, grupos vulnerables, defensa de migrantes y avances de transparencia.
Destacó que se tienen 42 Centros de Justicia Penal Federal atendidos por mil 368 servidores públicos, de los cuales 156 son jueces de Distrito especializados.
El Poder Judicial también cuenta con un sistema de gestión automatizado que distribuye la actividad entre los jueces de manera aleatoria.
Entre 2015 y 2018 se designaron 202 magistrados de Circuito y 388 jueces de Distrito. En este sentido precisó que la designación de juzgadores no es una cuestión de intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales, porque ocupar esos cargos es tarea profesional y cuidadosa.
Y aseguró que si en un momento hubo alguna desviación fue inmediatamente detectada; se tomaron medidas estrictas y contundentes; y se iniciaron procedimientos de investigación y responsabilidad para sancionar a los malos servidores involucrados.
Además se atendieron más de siete mil quejas y denuncias, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios, se realizaron más de 90 investigaciones y fueron sancionados 260 servidores públicos, quienes recibieron sanciones desde amonestaciones privadas y apercibimientos hasta suspensiones, destitución e inhabilitación.
Nuevo ministro
El Senado nombró al magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Suprema Corte de la Nación por un periodo de 15 años. Previamente, al exponer su proyecto ante el pleno de la cámara alta, el jurista destacó que la justicia es un ingrediente ineludible de la paz, por lo que la Suprema Corte mediante sus resoluciones debe contribuir a afianzar la tranquilidad y la paz. Manifestó además que comparte la profunda convicción de que México no debe vivir en estado de guerra.