Ciudad de México, 7 de enero. Como parte de la conversión administrativa señalada en la nueva Constitución de la Ciudad de México (CDMX) la Procuraduría General de Justicia de la capital ha comenzado su metamorfosis legal y operativa para convertirse en Fiscalía General de Justicia.
El objetivo primordial es que la institución se modernice en áreas específicas a partir del nombramiento de un fiscal y personal calificado para actualizar la procuración de justicia en una urbe necesitada de acciones legales contundentes y eficaces.
Durante este proceso el Congreso local tomó la protesta de siete reconocidos abogados que integran la Comisión Técnica encargada de planear y conducir la transición de la Procuraduría en Fiscalía, cuyo diseño incluye el apoyo de la sociedad civil mediante la coadyuvancia de un Consejo Judicial Ciudadano.
Bajo esta conversión, dicen especialistas, se prevé que la administración de justicia capitalina se convierta en una de las más modernas del país, con base en reglas estatutarias para innovar la investigación de los delitos y conducir el proceso.
La Comisión Técnica tiene a su cargo labores de transición, el diseño de una nueva institución, perfiles y selección de recursos humanos, así como sistemas de gestión y de control interno.
Integración
La Constitución local estipula la naturaleza jurídica para la creación de la Fiscalía al establecer que “el Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios”.
De acuerdo con lo anterior “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción en el ejercicio de esta función; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer acción penal ante la autoridad judicial”.
En lo que respecta a la Fiscalía, el artículo 46 de la Constitución capitalina describe su naturaleza jurídica al reconocer los siguientes atributos al Ministerio Público: “Se le quita el monopolio del ejercicio de la acción penal, pero no el control estricto de todos los trabajos relacionados con la investigación criminal”.
Para la designación del fiscal se acuerda que “el titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electo por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano mediante un proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley. La o el fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo”.
Otro punto a destacar es precisamente la figura del Consejo Judicial Ciudadano, que será de carácter honorario y deberá ser elegido por el Congreso local, lo que representa una independencia y autonomía plena de dicho Consejo puesto que no depende por sí mismo de ninguno de los tres poderes para ser constituido.
Aunado a lo anterior es preciso señalar que “al no recibir un sueldo el Consejo Judicial Ciudadano se asegura que el perfil de sus integrantes sea eminentemente ciudadano y transparente en el trabajo público”.
El nombramiento de sus integrantes se produce mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales, para que posteriormente lo apruebe una mayoría calificada del Congreso local.
También se empató el diseño en la creación de la Fiscalía capitalina con las reformas a la Constitución federal en materia penal de 2008, que iniciaron precisamente en la Ciudad de México el 24 de agosto de 2014, cuando se publicó el decreto por el que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal declaró la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la CDMX.
Con todo esto se fortalece “el papel que desempeñan las fiscalías especializadas ya que sus titulares se designarán por mayoría calificada del Congreso; ello le da mayor peso al Poder Legislativo en la procuración de justicia de la Ciudad de México y dota de autonomía a los fiscales especiales, permitiendo toda ausencia de favoritismos al impedir complacer, sin derecho ni razón, a un procurador general de Justicia de la Ciudad de México por haberlos designado al cargo”, se explica en el diseño.
Fases
Por el momento el Congreso de la Ciudad de México tomó ya protesta de quienes integran la Comisión Técnica, quienes deben elaborar el plan de instrumentación correspondiente que se encargará de planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Ellos son Ana Laura Magaloni Kerpel, Patricia Lucila González Rodríguez, Layda María Esther Negrete Sansores, Karla Juliana Sosa González, Héctor Carreón Perea, José Miguel Edgar Cortez Morales y Juan Antonio Araujo Rivapalacio, quienes rindieron protesta de manera individual ante el Poder Legislativo local.
Con el fin de cumplimentar esta transición la abogada de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos, ya se reunió con la Comisión Técnica, donde se acordó que el proceso de transición estará compuesto por cuatro fases: en la primera se desarrollará un diagnóstico detallado de la actual Procuraduría, se determinarán los componentes de la Fiscalía, el proceso de selección del personal y el plan de instrumentación.
Concluida esa fase se someterá a consulta del Congreso la emisión del plan, para luego dar inicio al proceso de consulta popular y Parlamento Abierto a fin de expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y establecer una Unidad de Instrumentación dentro de la Fiscalía.
En la tercera etapa, a partir de la promulgación de la ley, se iniciará el proceso de designación del fiscal general, cuyo nombramiento aprobará el Congreso.
Finalmente, el fiscal general, la Unidad de Instrumentación y la Comisión Técnica, en sus respectivas atribuciones, conducirán el proceso de instrumentación de la nueva institución de forma gradual.
El cometido de este proceso, se acordó, “es que el sistema de justicia penal y sus instituciones ofrezcan a los capitalinos la mejor manera de resolver las controversias judiciales, con estricto apego a los derechos humanos”.
Una de las integrantes de la comisión de transición, la constitucionalista Ana Laura Magaloni, expuso que “se necesita un año para hacer el diseño institucional de la Fiscalía y evaluar al personal que actualmente labora en la PGJCDMX”.
La Constitución, dijo, “habla sobre todo de fiscales: esos son los que pasan un proceso de selección. Pero la ley habla también de la policía de investigación y del resto del personal operativo de la Procuraduría”.
Otra integrante de la comisión, la abogada Layda Negrete Sansores, expone que “para diseñar una Fiscalía eficaz hay que comprender cuál es la dinámica del crimen en la ciudad”.
Y concluye: “La idea es entender cómo es el delito y la violencia en esta ciudad, cuáles serían las prioridades. Cómo redistribuir la oferta de justicia para que sea justa, no nada más a comercios o a quien puede pagarse su propia seguridad e implementarlo de una forma técnica y satisfactoria en términos presupuestales”.
De esta manera, la transición estará compuesta por cuatro fases, pero en el largo plazo se espera que la nueva Fiscalía cumpla con los más elevados estándares en su diseño burocrático y de especialidad en las investigaciones criminales, para hacer más efectiva la impartición de justicia en la capital del país.
Fases
La persona titular de la Fiscalía General capitalina durará en el cargo cuatro años y será electa por mayoría calificada del Congreso de la CDMX a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano mediante un proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley. La o el fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo.
Requisitos para ser fiscal
Ciudadanía mexicana y cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; título profesional de licenciado en Derecho, con experiencia mínima de cinco años; buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.
Nueva estructura jurídica
El artículo 46 de la Constitución de la ciudad describe su naturaleza jurídica al reconocer los siguientes atributos: organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios; tendrá el monopolio en la investigación criminal y se le quita el monopolio del ejercicio de la acción penal, pero no el control estricto de todos los trabajos relacionados con la investigación criminal.
Fechas clave
Respecto de la temporalidad para la designación del fiscal general de Justicia de la Ciudad de México los artículos transitorios de la Constitución local disponen que a más tardar el 31 de diciembre de 2018 se debe nombrar una Comisión Técnica (ya instaurada) encargada de planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, debiendo empezar esta sus operaciones a más tardar el 31 de mayo de 2019. Por lo que hace al Consejo Judicial Ciudadano se señala que debe estar constituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018, lo cual no se ha cumplido.