Ante la problemática que se está presentando en diversas regiones del país en el suministro de gasolinas y combustibles, como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la pertinencia de emprender tales acciones pero llama la atención sobre la necesidad de prevenir que las mismas vulneren los derechos de las personas y se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
En este sentido, la CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles, así como a contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas.
En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles.