Guardia Nacional con mando civil

Al cierre de esta edición, en medio de los debates sobre si la nueva Guardia Nacional debe quedar a cargo de un militar o un civil, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, sorprendió a todos al anunciar la decisión del Poder Ejecutivo para modificar la propuesta respectiva.

En horas del mediodía del viernes 11, en efecto, Durazo dijo que la nueva Fuerza Armada ya no estaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional sino a la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mando civil y no militar, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una decisión que al parecer se adoptó como resultado de los debates que se realizaron en torno del tema a partir del pasado martes 8 y donde fueron numerosas las voces que advirtieron sobre la necesidad de garantizar que la seguridad pública en el país no será militarizada.

Contexto

A lo largo de tres décadas el país ha enfrentado un conflicto social que atrapó a México en un ciclo de violencia generalizada, para salir del cual se requiere adoptar un enfoque totalmente nuevo hacia la paz y la seguridad, por lo que el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, gobernadores, presidentes municipales, expertos y la sociedad civil debaten el armazón corporativo, jurídico y parlamentario con que contará la propuesta Guardia Nacional como organismo de élite encargado de restablecer el tejido social, tan fragmentado por causa de la inseguridad que generan grupos delictivos altamente constituidos y lucrativos.

Durante los debates que se desarrollaron en la Cámara de Diputados los participantes en las audiencias públicas se confrontaron ante la posibilidad de retirar a las Fuerzas Armadas del combate a la violencia.

Sin embargo, al mismo tiempo reconocieron la ausencia evidente de una fuerza policial eficaz, estructurada y capaz de confrontar al poderío que representa el crimen organizado en sus diversas vertientes, como extorsión, secuestro, narcotráfico, asalto a trenes, feminicidio, asesinato y robo (a personas, autos, casa habitación), entre otros delitos altamente rentables.

Lo meritorio de la discusión es que gobernadores, legisladores federales, diputados locales, alcaldes y especialistas en el tema ven con aprobación la instauración de esta entidad de seguridad ciudadana, aunque el punto crítico del proyecto es ahora si la dirección de la Guardia Nacional debe ser de corte militar o con un mando civil.

Para los legisladores es un hecho que se aprobará la activación de la Guardia Nacional. A tal grado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobó un incremento considerable para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia a la que se integrará la Guardia Nacional.

Asimismo se prevé en el PEF una reasignación presupuestaria para consolidar financieramente la operatividad de la entidad una vez que se desahoguen las audiencias públicas, la consulta ciudadana y el entramado parlamentario por parte del Poder Legislativo, donde se plantean reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución federal.

Cabe señalar que la Guardia Nacional está prevista en la Constitución desde 1857 y en la Carta Magna vigente desde su emisión en 1917. Sin embargo no está clara su naturaleza ni las funciones que puede desempeñar, por lo que se debe dotar de un nuevo contenido al concepto para que se adecúe a las urgentes necesidades de nuestro país para la construcción de la paz y la garantía de seguridad.

Para los expertos consultados la sociedad ya no puede esperar más: la inseguridad alcanzó un nivel insostenible donde los grupos criminales y su violencia se extienden por todos los rincones del territorio nacional e indicadores del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) 2018 arrojan que un año antes (en 2017) 25 de las 32 entidades del país experimentaron un deterioro que afecta hogares y lugares de origen de más de 100 millones de personas.

Violencia

De acuerdo al IEP la tasa nacional de delitos con violencia subió 15% con incrementos en asaltos, robos y violencia de género.

Un indicador llama especialmente la atención: la tasa mensual de violencia en la familia escaló 32% en los últimos tres años, con lo que se establece que la violencia doméstica y la violencia fuera del hogar van de la mano, por lo que los ilícitos en las calles ya no son el único problema de paz en México.

En materia de pérdidas económicas establece que en 2017 la inseguridad le costó al país 4.72 billones de pesos, que equivalen a 21% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cantidad ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la establecida en educación en ese año.

“El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia en 2017 fue el de homicidios, que representó 46% del impacto total. Esta cifra equivale a 2.18 billones de pesos o 10% del PIB de México”, reporta el IEP.

Según el informe 2018 del IEP, “a diferencia de la cantidad perdida a causa de la violencia el gobierno de México invierte apenas 1% de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial. A su vez esta cifra representa solo 60% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

También asume el estudio que “hubo un incremento de 10.7% en la tasa de homicidios, lo cual convierte a 2017 en el año más violento del que se tiene registro: en total hubo más de 29 mil asesinatos”. De estos crímenes 69% se cometió con armas de fuego.

Cabe destacar que otros estudios señalan ya a 2018 como el año más violento, pero el IEP no cuenta todavía con el reporte correspondiente al año pasado.

A nivel nacional, añade el informe, en 25 de los 32 estados empeoraron los niveles de paz: Baja California Sur ocupa el primer sitio como el lugar menos pacífico de México, seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas; mientras que Yucatán fue el estado más pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Cuatro de estos estados mejoraron en su nivel de paz: Yucatán, Tlaxcala, Campeche y Chiapas.

También se informa que la brecha entre el estado más pacífico —Yucatán— y el menos pacífico —Baja California Sur— aumentó, lo cual evidencia la creciente desigualdad en el nivel de paz en México.

El IEP asegura que “la causa de violencia que más se denuncia en México es la de crímenes de la delincuencia organizada y el factor impulsor más citado es el conflicto entre grupos criminales”.

Argumenta que el tipo de violencia más fuerte es el que surge de combates entre cárteles, “por lo que contener y desmantelar a las organizaciones criminales es el mayor reto de seguridad para el país. Pero no solo crece la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada sino también la delincuencia común y la violencia interpersonal”.

Por si fuera poco a la clase política ya la alcanzó la inseguridad cuando el asesinato de políticos en México aumentó 55% en 2018, al registrarse 159 víctimas frente a las 102 de 2017, indica la consultora privada Etellekt en su informe anual Indicador de violencia política.

Diseño

Con toda esta problemática a cuestas el pasado 20 de diciembre se aprobó en comisiones una iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones de la Constitución con la finalidad de instituir orgánica y jurídicamente a la Guardia Nacional.

El texto hace alusión en su exposición de motivos al hecho de que “desde fines de 2006 México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad, reconocida por propios y extraños, que causa un enorme sufrimiento social, hace imposible la construcción de bienestar, inhibe el desarrollo y amenaza con llevar el país a la ingobernabilidad. El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra, destruye el tejido social, se cobra decenas de miles de vidas al año y causa graves afectaciones patrimoniales”.

Y se argumenta: “En la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada”.

Para su diseño alude a que “es necesario emprender la reforma a diversos artículos de la Constitución a fin de readecuar el término Guardia Nacional a los requerimientos actuales y, en una modificación posterior, los ordenamientos secundarios a nivel reglamentario y de la normatividad interna, con el objetivo de alinear la operación de la corporación al marco constitucional”.

En la iniciativa la modificación al artículo 21 de la Carta Magna sobre el organigrama de la Guardia Nacional quedaría así: “La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservando el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación; esta institución estará conformada por hombres y mujeres que, previo cumplimiento de los requisitos de la ley, la aplicación de los exámenes de ingreso, permanencia y ascenso, así como los procesos de profesionalización, integrarán un cuerpo especializado con estructura, funciones y estándares sobre el uso de la fuerza debidamente establecidas en su ley orgánica”.

La Guardia Nacional, añade, “en el ámbito de su competencia deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con que cuenten las entidades federativas y los municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan”.

Presupuesto

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que la Sedena tendrá como prioridades la pacificación del país, la reducción de la violencia y la política de seguridad.

Aunque la Guardia Nacional no ha sido creada la Sedena ya tiene un proyecto de inversión de más de doce mil millones de pesos solamente para adquirir los vehículos para operaciones, patrullaje y traslado de tropas: esta flota terrestre —según el plan— sería para las unidades de la Policía Militar, la cual será el motor de la Guardia Nacional.

Así lo revela el Programa y proyectos de inversión de la Sedena para 2019, al establecer que se requerirán tres mil 901 vehículos para las distintas tareas que desempeñará en campo y aparte solicita la adquisición de 42 vehículos blindados para aumentar la capacidad operativa de un regimiento de reconocimiento, que según expertos son “usualmente requeridos para zonas de siembra de enervantes”.

Entre las nuevas misiones del Ejército se encuentran adiestrar y equipar a la Guardia Nacional, con un presupuesto que se incrementó en 15% al pasar de los 81 mil millones de pesos en 2018 a 93 mil 600 millones en este 2019.

Dicho incremento se debe a que la Sedena continuará con un rol importante en materia de seguridad, pero ahora con elementos de la Policía Militar que conformarán junto con la Policía Naval y Federal a la Guardia Nacional, así como para dotarla de sus propios vehículos, uniformes y equipos.

Su conformación bajo este presupuesto constará de tres etapas hasta alcanzar los 50 mil efectivos, a los que además de los policías se podrán integrar miembros activos de las Fuerzas Armadas y posteriormente se abrirá la convocatoria para jóvenes civiles que deseen ingresar.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señala que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no prevé aún los recursos económicos determinados para la Guardia Nacional, aunque una vez que se ponga en marcha se realizarán las adecuaciones presupuestales pertinentes.

“En términos presupuestales no viene el presupuesto adecuado para la Guardia Nacional en 2019. Pero también hay que decir que como es una reorganización o que partes que ya funcionan actualmente en el Ejército, en la Marina y en la Policía Federal van a ser readscritas a la Guardia Nacional; no necesariamente implica un costo o un impacto presupuestal importante”.

Y expone: “Habrá una reasignación, una vez que se apruebe la Guardia Nacional, en el Presupuesto de Egresos para que pueda funcionar; no habrá ningún obstáculo porque el presupuesto se haya aprobado antes que la Guardia Nacional, porque puede readecuarse”.

A la Secretaría de Marina-Armada de México le fueron asignados 32 mil 83 millones para el presupuesto 2019, mientras que en 2018 dicha dependencia ejerció 31 mil 305 millones de pesos.

En el caso de la Policía Federal sus recursos pasarán de 28 mil 231 millones 216 mil pesos en 2018, a 26 mil 667 millones 846 mil en 2019; es decir, una disminución de 5.5 por ciento.

Acuerdos

Durante las mesas de trabajo de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional diputados y gobernadores destacaron la importancia de este organismo en materia de seguridad.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno, destacó que “la Guardia Nacional es bienvenida siempre y cuando se tomen en cuenta estrategias acordes a la realidad de cada estado”.

Recalcó: “Un traje a la medida que combata a la delincuencia organizada solo se puede confeccionar con un trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal”.

El gobernador de Campeche mencionó que “la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional no debe confundir ni traslapar las facultades de cada orden de gobierno, ya que la seguridad pública es uno de esos grandes retos federalistas. Esperamos que el Congreso de la Unión cree una institución bajo criterios de la soberanía estatal, privilegiando la coordinación y el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos”.

El vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, Omar Fayad (gobernador de Hidalgo), resaltó a su vez que es necesario que se clarifique si la Guardia Nacional será civil, militar o híbrida: “Mi experiencia me dicta que los modelos híbridos no son tan exitosos, ya que es compleja su operación; sin embargo ya vivimos un modelo híbrido muy singular porque las Fuerzas Armadas cumplen tareas de seguridad pública en el país”.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, refirió que la inseguridad en el país es real y aunque en el pasado se buscó dar una base jurídica a las acciones del Ejército, no se concretó. “Estoy de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional en lo general, pero con algunas consideraciones. La coordinación es lo que da resultados. Por eso no tiene que darse un cheque en blanco al Ejército”, expuso.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, determinó que la grave crisis de inseguridad y violencia que vive el país exige asumir sin cortapisas el compromiso de reconstruir y fortalecer a las instituciones. Y afirmó que la coyuntura en su entidad no puede enfrentarse sin el apoyo del Ejército y la Marina, ya que en las Fuerzas Armadas “vemos a una institución que tiene la confianza de los ciudadanos”.

El gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, expresó que “es necesario que el dictamen que se discutirá especifique las funciones de la naturaleza de la Guardia Nacional; es decir, caracterizarla desde la Constitución como una institución distinta y diferenciable de la seguridad pública, establecer las atribuciones de cada uno de los ámbitos de gobierno, así como las bases de coordinación en el territorio”.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, mencionó que el nacimiento de la institución no solamente es una prioridad sino una urgencia en el país. Sin embargo se deben revisar algunos detalles como las leyes reglamentarias, las cuales después de su aprobación tendrán 90 días para generar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la del Uso de la Fuerza y la General del Registro de Detenciones.

“La creación de esta figura es un factor muy significativo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, por lo que sugiero que sea híbrida para que se permita la participación de la sociedad civil y posea un componente de evaluación y revisión, la cual se debe iniciar en la Marina, la Defensa Nacional y la Policía Federal. Por eso es importante que la Secretaría de Seguridad sea la responsable de la operatividad de la Guardia Nacional”.

Lineamientos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró por su parte que “laGuardia Nacional sí contará con un mando civil, pero en un régimen transitorio de cinco años”. Esto tras la exigencia de los gobernadores de que el mando sea civil.

“En el tema de mando hay coincidencia en que sea civil. La propuesta es que el mando esté en la Secretaría de Seguridad y haya un régimen transitorio de cinco años donde el mando esté en la Secretaría de la Defensa”, refirió.

Pero dijo que concuerda con los mandatarios estatales en un tema central: “Coincidimos absolutamente con ellos en que la Guardia Nacional debe tener una estrecha coordinación con policías estatales y municipales, pero de ninguna manera ejercer el mando sobre ellas. Lo que necesitamos en materia de seguridad es coordinación”.

Sobre los tiempos de legislación Delgado expresó que “nos proponemos que en 60 días esté aprobada la ley (a partir del 16 de enero); nos urge que funcione la Ley Orgánica; por eso en los artículos transitorios que están en el proyecto del dictamen se señalan 60 días. Y no solo la ley de la Guardia sino también la Ley para Regular el Uso de la Fuerza y la Ley de Registro de Detenidos”.

Pablo Gómez (también Morena) indicó en tanto que los órganos de seguridad representan un porcentaje muy bajo de lo que puede llegar a ser una política de lucha en favor de la paz y bienestar de la gente. “La propuesta es crear la Guardia Nacional como una institución civil, con mandos civiles, con carrera civil y disciplina militar, donde haya grados, carrera, exactamente igual que el Ejército y este sea el que establezca cuáles son los grados, disciplina y ordenanzas”, explicó.

Ernesto Robledo (del PAN) señaló que “en materia de impartición de justicia no se está atendiendo, fortaleciendo o recuperando la parte en que finalmente se administre la justicia con el poder. También existen muchos policías municipales fuera de toda capacitación y gobiernos estatales sin capacidad presupuestal para atender el tema de la seguridad”.

El senador y coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, mencionó que su grupo parlamentario apoyará la creación de esta institución “si se realizan las modificaciones pertinentes para que no se vulnere la competencia constitucional de los gobernadores y los presidentes municipales, no se nulifique a las policías estatales, reclutando a 50 mil jóvenes para incorporarlos a un frente de batalla contra la delincuencia organizada”.

Rubén Moreira, diputado del PRI, comentó que la Guardia Nacional no resolverá el problema de inseguridad y que valdría la pena voltear a ver a los estados que tienen buen índice de seguridad y las reformas legales en las que han trabajado. “¿Qué pasará con los mandos militares y con quienes se integren a la Guardia? No queda claro si serán militares, policías o marinos, si ellos harán arrestos e investigación de delitos”.

Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, dijo que no hay modelo perfecto y para que esto funcione se requiere que pase el filtro de la ciudadanía, derechos humanos, del federalismo y el municipalismo; y, sobre todo, fortalecer las instituciones democráticas. “El tema de la Guardia Nacional no puede verse de manera descontextualizada mientras no tengamos instituciones democráticas y no veamos el paquete completo de la posible reforma constitucional, la implicación de las capacidades locales y las leyes secundarias”.

Oposición

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó por su parte que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, ya que las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

“No se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas”, puntualizó.

El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a su vez a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

“Preocupan algunos puntos: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles”, expresó.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, dejó claro que apoya un mando civil y por ningún motivo militar. Además consideró “que la temporalidad para la Guardia debe ser de tres años, porque con cinco años de mando castrense prácticamente este determinaría quién gobernaría el país los siguientes seis años; me niego a poner eso como antesala”.

Última hora

Las críticas a la iniciativa presidencial y los llamados a cerrar toda posibilidad de que la seguridad pública en el país se militarice encontraron eco en la Presidencia de la República.

Al cierre de esta edición, al mediodía del viernes 11 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que habrá un cambio en la propuesta de la creación de la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia y la inseguridad en el país.

Durazo dijo que la nueva Fuerza Armada ya no estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional sino a la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mando civil y no militar.

Durante su participación en la octava mesa de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados el secretario añadió: “Originalmente se propuso que dicha institución quedara adscrita a la Sedena, toda vez que el Ejército y la Marina son de las instituciones más sólidas con las que ha contado históricamente el Estado, pero el presidente López Obrador ha sostenido siempre la máxima de que el pueblo manda y a ella se ha atenido invariablemente”.

Agregó que, en este sentido, “el presidente de la República ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en su recorrido por el país y ahora en estos foros organizados por la Cámara de Diputados para analizar dicha iniciativa; consecuentemente transmite por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuesto para la Guardia Nacional mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Esta propuesta de modificación “brindaría un marco de referencia constitucional para transitar al diseño de un cuerpo de seguridad pública de carácter ubicado en el ámbito civil, pero con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación profesional y doctrina homologados a los que se aplican actualmente en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”, puntualizó Durazo.

De esta manera, con algunas diferencias jurídicas, los participantes en las audiencias públicas coincidieron en señalar que es urgente la instauración de la Guardia Nacional: tres décadas de una desmedida violencia tendrá que ser detenida de manera quirúrgica por una dependencia bien organizada, disciplinada, capacitada y jurídicamente bien sustentada para hacer frente a los grandes grupos delictivos que, aunque son minoría, han deteriorado la vida social y económica de millones de ciudadanos.

Presupuesto Fuerzas Armadas 2019

Fuente Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

Integración de la Guardia Nacional

Fuentes: Sedena, Semar y Gobierno de la República

Fuerzas Armadas en 2018

Fuentes: Sedena, Semar y Policía Federal

Anexos a los artículos de la Constitución que se modificarían

Artículo 13 Las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente.

Artículo 16 Bajo ninguna de las circunstancias referidas por este artículo un detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares.

Artículo 21 Tratándose de conductas que presuntivamente puedan ser delitos del orden federal, la Guardia Nacional podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público federal, bajo su conducción y mando.

Artículo 123 Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos, los miembros de las instituciones policiales y los miembros de la Guardia Nacional se regirán por sus propias leyes.

Artículo 5 (transitorio)En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser obligación del Estado tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. No obstante lo anterior la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación.

Fuente Iniciativade Morena.