Las omisiones de diferentes autoridades federales, estatales y municipales para prevenir los actos de violencia que derivaron en que aproximadamente 5,266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, se vieran obligadas a salir de sus viviendas, dio origen a la Recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria, y a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia y así como a los derechos económicos, sociales y culturales contra las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, a quienes no se les garantizaron la ayuda inmediata, servicios de salud, seguridad pública, ni realizaron labores de prevención de delitos y conductas antisociales, como tampoco fueron auxiliadas ante la violencia, ni se implementaron acciones para salvaguardar sus derechos humanos.