Lunes 19 de agosto de 2019

DOS PREJUICIOS SOBRE LA GUARDIA NACIONAL

Foto: Especial
2019-01-18 13:41:58 por
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El primer prejuicio sobre la Guardia Nacional, y el más extendido, es demandar que en el caso de que se apruebe su creación sea un civil quien la dirija. Este a su vez está muy relacionado con el segundo, que parece más una consigna que un razonamiento: que no se militarice la seguridad pública.

Analicemos, de manera breve, dichas propuestas que se repitieron a lo largo del foro de consulta al que convocó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del 8 al 12 de esta semana.

En lo que concierne al mando civil, en tanto la Guardia Nacional debe ser una Fuerza Armada permanente, de acuerdo a lo contenido en el artículo 89 fracción VI de la Constitución el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, por tanto, cuenta con ellas para la defensa exterior de la Federación y para garantizar la seguridad interior.

En esos términos es muy claro, salvo que haya una postura ideológica más que analítica, que el responsable de convocar y movilizar a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina-Armada de México y, en su caso, a la Guardia Nacional, es en efecto el titular del Poder Ejecutivo.

Ahora bien. Debe distinguirse entre lo que es el mando y lo que es el comando. El mando es directo y la responsabilidad también respecto de los resultados tácticos y operativos, mientras que el comando es la dirección en general de una organización. En otras palabras: el mando (militar) queda subordinado al comando (civil). De tal forma que el mando militar de la Guardia Nacional queda subordinado por ley y doctrina a lo que el poder civil (Presidencia de la República) determine para el curso de las operaciones.

Espíritu

Y aquí viene el segundo gran prejuicio: la militarización de la seguridad pública. Ya he tenido la oportunidad de tratar de manera específica el verbo militarizar. Pero insistiré en su precisión de manera breve. México es el país que peor trata a sus Fuerzas Armadas con relación al Producto Interno Bruto: 0.5%. Solamente somos superados por Guatemala, que les destina 0.45%. En comparación está Colombia, que les asigna ni más ni menos que 3.5%. Los comparativos internacionales recomiendan 2%. Así que de militarización en el gasto —absoluta prioridad, en nuestro caso— no hay nada.

Ahora bien, todas las policías en el mundo cuentan con una estructura paramilitar. Entiendo que esa palabra no tiene buena fama en Latinoamérica, pero así es. Son corporaciones que cuentan con jerarquías, uniformes, axiología (que funcione o no es otro asunto), adiestramiento, armamento e infraestructura (cuarteles, campos de entrenamiento, stands de tiro). De tal suerte que una buena parte del espíritu de servicio y eficacia de las corporaciones policiales pasa por la influencia histórica de lo que son las Fuerzas Armadas.

Sin embargo hay otro punto muy sensible para el caso de México respecto del trasvase de personal militar a corporaciones de seguridad pública. No hay historias de éxito, al menos desde que en 1994 comenzaron este tipo de prácticas. El resultado ha sido, por lo menos, decepcionante. Quizás el más sonado sea el de la conversión de un grupo de elementos de tropa para formar un grupo criminal: los zetas (sin mayúsculas, no las merecen, ni ellos ni ninguna organización delictiva).

Es deseable que durante el periodo extraordinario de sesiones (16 y 17 de este mes) prevalezca la visión de largo alcance y, sobre todo, se despejen los prejuicios con los que se ha abordado el asunto, como es la creación de la Guardia Nacional. Al final se trata de solventar una severa crisis estructural de áreas de competencia civil. No podemos seguir por esa ruta.

 

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