Desde el primer día de su administración Andrés Manuel López Obrador y los titulares de 15 dependencias y organismos del Estado se allegaron de toda la información necesaria para tomar la que será, sin duda, una de las principales decisiones del sexenio: combatir el robo de combustible, delito que tan solo en 2018 representó una pérdida de 66 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La medida representa la movilización de un considerable número de trabajadores y personal de seguridad (soldados, marinos, policías federales) para recobrar el control de refinerías, terminales de almacenamiento y despacho, estaciones de rebombeo y, sobre todo, el Centro de Control de México; además de la vigilancia de puntos específicos de los ductos que trasladan el combustible y de las pipas que lo distribuyen.
Por otro lado, la decisión trajo consigo complicaciones en la distribución de combustible a estaciones de servicio de diversos estados en los que, precisamente, existía una alta incidencia del referido ilícito.
Sin embargo la sociedad entendió el tamaño y la trascendencia de la medida y mantiene firme su apoyo al gobierno federal: “Son molestias temporales por un beneficio permanente”, expresó el presidente de la República, al tiempo que agradeció “el respaldo” de la gente.
Plan
El 1 de diciembre pasado los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Hacienda, Energía, Gobernación, Seguridad, Trabajo, Función Pública, Fiscalía General de la República, así como los titulares de la Consejería Jurídica, Centro Nacional de Inteligencia, Petróleos Mexicanos, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria y Procuraduría Federal del Consumidor tenían una de sus primeras instrucciones giradas por el presidente de la República: allegarse de toda la información relacionada con el robo de combustible e iniciar la elaboración de un plan para resolver este problema.
La estrategia quedó lista unos días después y el 20 de diciembre el grupo de 15 dependencias puso en marcha el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, conocido también como Plan vs.Huachicoleo (como se conoce coloquialmente a dicho ilícito), mismo que dio a conocer a la opinión pública la mañana del 27 el jefe del Ejecutivo federal.
El presidente López Obrador indicó que para ese día 27, gracias a las acciones del referido plan, ya se reportaba una reducción inicial de 17.4% en la incidencia de este delito, en comparación con el mes de noviembre.
Precisó que “se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 66 mil millones de pesos”.
Agregó que el robo de hidrocarburos de Pemex opera de tiempo atrás con el conocimiento de las autoridades en turno: “Esto se sabía desde hace tres sexenios: sabían del robo. Ya en el periodo 2000-2003 se aceptaba oficialmente que se robaban doce mil millones de pesos. Yo no tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento”.
El primer mandatario refirió que el plan “involucra acciones más allá del alcance del gobierno” y en ese sentido convocó a los ciudadanos a “terminar juntos con el saqueo a la nación”.
Además llamó a los concesionarios de gasolineras para “que no vendan gasolinas robadas” y, en consecuencia, lanzó un llamado en general a “no comprar combustible robado a la nación”.
Primeras acciones
Al hablar de las acciones emprendidas el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, destacó: “Se intervino el sistema de monitoreo y control de los ductos en Pemex; el día 20 hubo remoción de funcionarios y ellos fueron puestos a disposición del órgano de control y de las autoridades: eso fue el mismo día 20 y el resultado lo empezamos a ver a partir del día 21”.
Asimismo el director de la empresa productiva del Estado precisó que en 2016 el promedio diario de robo de combustible fue del orden de los 26 mil barriles, aproximadamente; en 2017 arriba de 43 mil barriles, y en 2018 fue de 58 mil 200 barriles al día: “En dinero esto significa, a precio de hoy de la gasolina, para 2016 más de 30 mil millones de pesos; para 2017, 50 mil 100 millones de pesos, y para 2018, 66 mil 300 millones de pesos”.
Resaltó que una vez puesto en marcha el plan se logró que para el día 25 de diciembre de 2018 el robo de combustible representara solo 19 mil barriles, “de manera que la intervención que se hizo al sistema de monitoreo y control está dando resultados”.
También señaló que durante los últimos tres años el robo de pipas con combustible de Pemex promedió mil 336 al día, en tanto que después del 20 de diciembre de 2018 el promedio diario disminuyó a menos de 200 pipas únicamente.
Por su lado el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio cuenta de que la dependencia que encabeza, así como la Secretaría de Marina, trabajan de manera coordinada con Pemex para resguardar las instalaciones estratégicas de esta empresa: “Se determinaron 58 instalaciones a las que se les debería dar atención dentro del plan conjunto. Estas son seis refinerías; 39 terminales de almacenamiento y despacho, dentro de las que se encuentra una marítima; doce estaciones de rebombeo, y el centro de Control México”.
Están distribuidas, puntualizó, “en todo nuestro territorio; en ellas ya hay gente que da seguridad a la instalación desde el punto de vista periférico. Además se verifica lo que es el monitoreo (vigilancia de los ductos desde un centro de control) y se comprueba el procedimientos de abastecimiento y reparto, esto es, el acceso a las instalaciones, el control de la entrada y salida de todos los vehículos, de todas las pipas, el cuarto de control de las respectivas instalaciones y los tanques verticales”.
Posteriormente Arturo Velázquez Bravo, subdirector de Salvaguarda de Pemex, precisó que el país tiene aproximadamente 56 mil kilómetros de ductos, de los que se consideran “críticos” alrededor de seis puntos que demandan una vigilancia especial: “A los seis puntos críticos desde el 5 de enero los vigilan elementos de las secretarías de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública”.
Finalmente el encargado del despacho de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que los trabajos iniciaron desde el área Pemex Logística, responsable del control de los ductos: “Con ello establecimos que quienes manejaban el control de esos ductos desde las oficinas centrales de Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo”.
Añadió que “tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar. De esta manera establecimos que había un grupo de individuos a cargo de ese sistema y se establecieron con toda claridad las responsabilidades, tanto de carácter administrativo como posiblemente penales, al respecto”.
En este sentido expresó que el Ministerio Público federal inició procedimientos penales contra algunas personas, cuyos nombres no se dan a conocer por respeto al debido proceso.
Trabajo de inteligencia
Funcionarios del gobierno mexicano también informaron sobre las investigaciones en torno del robo de combustible, pero en el terreno financiero.
Margarita Ríos Farjat, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó que las doce mil estaciones de servicio del país cuentan con un sistema que genera información sobre compras y venta de combustible, lo que permite conocer si existen inconsistencias.
“En diciembre de 2018 el SAT solicitó a Pemex la información del ejercicio fiscal de 2017, misma que ya ha sido analizada por la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación del SAT, cruzándola con las bases de datos relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes, asociados con las estaciones de servicio”, indicó.
“El hallazgo en la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos”, explicó.
Precisó que “54% de ese quebranto —mil 742 millones de pesos— se generó en estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla”.
Respecto de las acciones que realiza el SAT la funcionaria refirió que “se ordenaron medidas para recuperar recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible”.
Añadió que “entre esas acciones destacan auditorías y revisiones fiscales profundas. En tanto los contribuyentes no regularicen su situación fiscal se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones”.
Refirió que en cuanto a cooperación institucional, “a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con robo de hidrocarburos. Y a su vez la Auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que encontramos con irregularidades. Con base en dicha información y otra que posea la propia UIF se procederá a la congelación de cuentas bancarias”.
A su vez Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, explicó que esta instancia analiza dos tipos de reportes relacionados con el robo de combustible: por un lado el reporte de operaciones inusuales y, por otro, el reporte de operaciones relevantes: “Las operaciones relevantes son aquellas relacionadas con depósitos de más de diez mil dólares y las operaciones inusuales son aquellas que varían significativamente el comportamiento habitual del cliente usuario del sistema bancario”.
Puntualizó que el esquema de trabajo les permitió analizar los depósitos en efectivo. “Encontramos que gran parte de las gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo y que estos son diferentes al número de recursos con los que operan, es decir, las ventas de muchas gasolineras superan las compras que han desarrollado ante Pemex”.
¿Qué significa eso? “Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos lleva también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”.
El titular de la UIF aseveró que en las 32 entidades federativas encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes: “Esto hace una sumatoria, solo de robo de hidrocarburos, relacionada con diez mil millones que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”.
Agregó que junto con otras dependencias e instancias del gobierno federal generan las denuncias correspondientes para “congelar las cuentas bancarias que así lo ameriten”.
Precisó: “En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
El funcionario también destacó que se han “detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de dos millones de dólares”.
Nieto Castillo aseguró que también detectaron que algunos ex servidores públicos “adquirieron bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas, o bien algunos se compran boletos de avión, joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos”.
Abasto garantizado
Desde los primeros días de enero el gobierno federal ya contaba con información que le permitía constatar los avances del llamado Plan contra el Huachicoleo, mismo que para el 14 de enero ya representaba ahorros de dos mil 500 millones de pesos.
Y es que de las casi mil 400 pipas robadas al día se había pasado a menos de 200 diarias.
También se tenía plena vigilancia externa e interna de las principales instalaciones de Pemex relacionadas con la distribución de combustible. Esto último, por ejemplo, permite que ahora se conozca con precisión cuántas pipas cargan en los centros de distribución y hacia dónde se dirigen a entregar el combustible; además permitió detectar una toma clandestina que transportaba gasolina desde la Refinería Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, hacia un depósito fuera de la instalación.
Y, por supuesto, el plan propició tener vigilado el Centro de Control, que a su vez permitió cerrar el suministro de combustible vía ductos cuando se detectó que se interrumpía su fluidez, lo cual no sucedía durante las pasadas administraciones en Pemex.
Precisamente esta última acción dio origen, en los primeros días de enero, a una situación de falta de suministro de combustible en diversas entidades: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro e Hidalgo, principalmente.
La gente tuvo que hacer largas filas para cargar gasolina o diésel y buena parte de las gasolineras se quedaron sin combustibles. Algunos actores políticos y sociales criticaron la medida de cerrar los ductos.
El 8 de enero el presidente López Obrador reconoció que las medidas estaban causando “molestias” y expresó: “Quiero agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, ha habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado. Pero no ha sido en vano: si los ciudadanos nos siguen apoyando y nos siguen respaldando acabaremos con la corrupción, que ese es el propósit:, cero corrupción, cero impunidad. Ahí están los resultados”.
Posteriormente el primer mandatario volvió a referirse de los avances del plan y de nuevo agradeció a la gente su apoyo: “Se han portado más que bien. Se ha entendido que la transformación de México requiere de la participación de todos. Tengo que agradecer eso. Me siento muy respaldado, así me lo expresan en la calle, puedo hasta estar en una gasolinera, donde se están padeciendo molestias y la gente lo que me dice es: ‘Ni un paso atrás, no afloje’, y yo lo que les contesto es que: ‘El que se aflige, se afloja’. No nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el país”.
Asimismo el jefe del Ejecutivo federal desmintió las versiones sobre la cancelación de importaciones de combustibles y aseguró a la ciudadanía que no existe desabasto de los mismos. Añadió que, de hecho, el inventario de Pemex es de 5.3 millones de barriles, además de que se cuenta con siete millones de barriles en buques que ya están en puertos marítimos mexicanos y que otra flota de buques está por arribar a nuestro país con 3.8 millones de barriles adicionales.
Sobre el cierre de ductos explicó que la medida se mantendría porque se habían detectado nuevos sabotajes en algunos puntos, de manera particular en el que va de Tuxpan a Azcapotzalco y el cual surte a la Ciudad de México. Y para atender esta y otras situaciones semejantes, dijo, el gobierno adquirirá 500 pipas con capacidad de 60 mil litros para abastecer a diversas entidades.
Respaldo unánime
Para el gobierno federal el panorama es claro: se trata de “recuperar lo nuestro después de años de saqueos al país”. Y si bien es cierto que diversos actores sociales y políticos manifiestan críticas hacia los problemas de abasto en diversos estados, esta decisión ha obtenido el respaldo unánime de la sociedad.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comenta: “Esperamos que no haya vacilación para acabar de una vez por todas, en el corto plazo, con este negocio ilegal que daña al gobierno de la República, a sus empresas productivas y a toda la comunidad, por la dimensión que este fenómeno adquirió en los últimos años”.
Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señala: “Si a costa de este daño tienes una limpia de este problema de corrupción estimado en 66 mil millones de pesos al año, el beneficio sobre el costo sería aceptable”.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que a pesar de la difícil situación de abasto es “evidente que la estrategia para disminuir o combatir el robo de combustible tiene el mejor de los fines. Hay que combatir el crimen organizado en México”.
El sacerdote Alejandro Solalinde, activista defensor de los derechos humanos, indica: “No es la batalla del presidente contra el huachicol: es la guerra de la ciudadanía contra la corrupción. Ahora nos toca participar y defender el país”.
Asimismo, luego de reunirse con funcionarios de las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad, los gobernadores del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro e Hidalgo expresaron su respaldo a la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible.
Además, dirigentes de todos los partidos políticos expresan su reconocimiento a la decisión del gobierno federal para combatir el robo de combustible.
Y algo muy importante: diversas mediciones realizadas por empresas encuestadoras y medios de información dan cuenta de que la sociedad apoya de manera mayoritaria el combate del gobierno federal contra el robo de combustible, pese a las complicaciones que algunos han padecido en lo referente al tema del abasto.
Acabar con la corrupción
Al cierre de esta edición funcionarios del gobierno federal ofrecieron nueva información sobre los avances del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos:
El titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio, destacó que más de ocho mil elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, a bordo de vehículos y una flota de aeronaves (aviones y helicópteros) vigilan las instalaciones de Pemex y que de manera particular se vigilan once ductos, entre ellos el que va de Tuxpan a Azcapotzalco.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dio cuenta de que se creará una división especial, conformada por personal de diversas dependencias, para que atienda exclusivamente lo relacionado al robo de combustible.
Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que esta instancia ya presentó “cinco denuncias ante el Ministerio Público federal que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; y otras 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales”.
Finalmente el subprocurador de la Fiscalía General de la República, Roberto Ochoa Romero, informó que en el periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de este año “se han iniciado mil 831 carpetas de investigación”.
En ese mismo tiempo, agregó, “se han judicializado 97 de esas carpetas de investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas”.
Además, “se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se han realizado 29 cateos”.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha ido avanzando a pesar de los obstáculos. En este sentido lanzó un nuevo llamado: “Queremos pedirles a los ciudadanos, de manera especial pedirle a la gente de la Ciudad de México, que nos siga apoyando, resistiendo estoicamente ante las molestias que ocasiona hacer filas para cargar combustible. Si todos apoyamos en poco tiempo vamos a regularizar el servicio”.
Y concluyó: “El respaldo ciudadano ha sido fundamental. Entre todos estamos acabando con el huachicoleo y con la corrupción”.
Recursos públicos
66 mil millones de pesos es la pérdida de recursos para Pemex en 2018 por el robo de combustible.
58 mil barriles diarios se robaban cada día en 2018.
Mil 400 pipas al día se robaban el año pasado.
Menos de 200 se roban diariamente con la activación del plan.
Dos mil 500 millones de pesos se recuperaron hasta el 8 de enero.
96% ha disminuido el robo de combustible.
Inventarios de Pemex
5.3 millones de barriles es el inventario actual.
Siete millones de barriles están en buques anclados en nuestros puertos.
3.8 millones están en buques en tránsito hacia nuestro país.
Seguridad
Más de ocho mil elementos del Ejército, Marina y Policía Federal vigilan las instalaciones de Pemex:
Seis refinerías.
39 terminales de almacenamiento y despacho.
Doce estaciones de rebombeo.
Centro de Control México (monitoreo de los más de 68 mil km de ductos).
Acciones penales
15 denuncias penales ha presentado la UIF ante el Ministerio Público, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas.
13 empresas bloqueadas por operaciones con irregularidades.
14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales.
Mil 831 carpetas de investigación se han iniciado.
435 personas han sido detenidas.
Mil 21 tomas clandestinas han sido detectadas y neutralizadas.
Cuatro millones 321 mil litros de hidrocarburo asegurados.
955 vehículos asegurados.
Cuatro mil 749 bidones asegurados.
29 inmuebles asegurados.
Once armas de fuego de distintos calibres aseguradas.
Doce sentencias emitidas, de las cuales once son condenatorias.
Presuntos huachicoleros
El periódico El Financiero dio a conocer una lista de personas y empresas que, de acuerdo con la información que obtuvo de la UIF, son investigadas por el delito de robo de combustible.
Jesús Everardo Villarreal Salinas, ex diputado local del PRI y ex alcalde de Reynosa, Tamaulipas; además de su esposa Yanira Deandar Ayala, y su padre Arturo Villarreal Tijerina.
José Luis Romero Calzada, ex diputado del PRI en San Luis Potosí.
Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz.
José Manuel Medina Vázquez.
Emilia Velasco Cedillo.
Reynaldo Bernardi Manica.
Grupo Gasolinero Romcal, Tekmol de México.
Servicios Ecológicos Vidsa y su representante Juan Osman Silveira.
1 Dependencias que participan en el Plan vs Huachicoleo
2 Desviación de pipas por día
3 Lo que representa el robo de combustible
4 Pérdidas en miles de millones de pesos
5 Desviación de poliductos de Pemex
6 Tomas clandestinas por entidad 2003-2006-2012-2018