Población callejera: derechos vulnerados

Ciudad de México, 11 de febrero. En los últimos años las autoridades en el país ofrecen cada vez mayor atención al problema de la población callejera e impulsan políticas públicas que atiendan y prevengan las raíces del fenómeno callejero, así como estrategias y programas integrales que eviten acciones de “cero tolerancia”, estigmatización, discriminación y criminalización de la pobreza contra esas personas.

Hoy se reconoce en lo general que las acciones y programas gubernamentales con base en la “discriminación tutelar” tratan a estas poblaciones como objetos de protección, como víctimas o como potenciales delincuentes, con lo que se afectan entre otros sus derechos a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal.

En numerosas ciudades importantes del país las poblaciones callejeras incluyen a niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad y otras con variados problemas de salud y adicciones que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales.

De hecho, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) intitulado Panorama social de América Latina 2015 revela que los mexicanos en situación de calle representan 13.3% de la población total, cuando la media latinoamericana es de 11.5 por ciento.

Este fenómeno humanitario, dicen los expertos, es producto de las condiciones que conllevan las ciudades que aglomeran a numerosos grupos poblacionales.

Los integrantes de la población callejera se caracterizan por vínculos familiares rotos; carencia de vivienda, lo que les obliga a buscar espacios públicos (calles, plazas, puentes) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados) como espacio de habitación y subsistencia temporal o permanente, también ocupan lugares administrados institucionalmente, como albergues o casas de asistencia.

Ahora la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, con el fin de construir una iniciativa que expida la Ley General sobre Seguridad Social de las Poblaciones Callejeras, ha comenzado ciclos de diálogos para que a la población en estas condiciones se le garantice acceso a justicia, salud, trabajo, salario y vivienda dignos y se apoye a todas las personas que sufren violencia, discriminación y abusos en sus derechos humanos.

Diagnóstico

Las poblaciones callejeras se constituyen ya como un dilema auténtico que construye una identidad cultural como resultado de la exclusión social: la atención del Estado hacia estas minorías se ha visto modificada en los últimos seis lustros, sobre todo, al pasar de un modelo de criminalización y represión a medidas legislativas de control con base en leyes y políticas de corte asistencial.

Cabe señalar que la población callejera no aparece en las estadísticas de pobreza en México porque el organismo encargado de su medición, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), se basa en encuestas en hogares generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que no incluye a esas personas. Sin embargo, sí hay algunos indicadores.

A nivel nacional, por su perfil complejo y por tratarse de un grupo social excluido, no existe un conteo oficial sobre el número de personas que viven en situación de calle, quienes en la mayoría de los casos enfrentan indigencia y abandono.

La Encuesta Intercensal 2017 del INEGI realizó un cálculo de la población que habita viviendas colectivas (albergues), aplicando el mismo ritmo de crecimiento que las personas residentes en viviendas particulares. El resultado reflejó que más de 407 mil 720 personas son albergadas o indigentes.

Pero definitivamente las estadísticas disponibles no precisan el número de población que habita en la vía pública, sobre todo niños, niñas y adolescentes de la calle, en su mayoría de zonas marginadas de la Ciudad de México (CDMX) y de estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Querétaro y Morelos.

Es en estas entidades, revelan las estadísticas, donde la situación de indigencia es principalmente manifiesta porque existe inestabilidad económica originada por falta de fuentes de trabajo, bajos ingresos y deficiencia o inexistencia de prestaciones sociales y políticas públicas.

No obstante, este problema se intensifica más en zonas donde la densidad de urbanización y la potencialidad económica son más prominentes, como es el caso de la CDMX.

En julio de 2017 el Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, coordinó el Censo de poblaciones callejeras. En este padrón participaron organizaciones de la sociedad civil, expertos y la academia.

De acuerdo con los resultados preliminares, publicados por el propio Iasis, en la CDMX existen 100 puntos de alta concentración (con más de cinco personas en calle) y 346 puntos de baja concentración (donde hay menos de cinco personas).

En suma, en esos 446 puntos hay seis mil 754 personas integrantes de poblaciones callejeras. De ellas, cuatro mil 354 se ubicaron en el espacio público y dos mil 400 en albergues públicos y privados. En cuanto al sexo de las poblaciones censadas, 87.27% (cinco mil 894) son hombres y 12.73% (860) son mujeres.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2014) destacan que de los niños nacidos vivos en el periodo 2008 a 2013 se notificó ante el Registro Civil de 96.1%. De este porcentaje, en tanto, 82.7% quedó registrado antes de cumplir los seis meses y 10.5% entre los seis meses y el año de edad, ambos periodos considerados como registro oportuno. En cambio, 6.3% fue registrado cuando tenía un año o más, lo que significa un registro extemporáneo o tardío, que se considera una barrera para la integración social de niños y adolescentes.

A este respecto la Enadid 2014 señala que más de 760 mil niños nacidos entre 2008 y 2013 fueron registrados después de cumplir el año de edad.

Uno de los factores asociados al registro tardío es el nivel de escolaridad de la madre: en los casos de ocho de cada diez niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 y registrados después de cumplir un año sus madres no superan la educación secundaria.

Otro factor es la edad de la madre: 4.7% de los nacidos vivos cuya madre es menor de 24 años fue registrado tardíamente, en tanto que este porcentaje se reduce a menos de 1% cuando la madre tiene 25 o más años.

Por otro lado, según cifras de la Enadid 2014 más de 378 mil niños nacidos entre 2008 y 2013 no tenían al momento de la encuesta registro de nacimiento. Al igual que en el registro tardío, existen factores de orden social que inciden en el no registro de los nacimientos —uno de ellos, ya comentado, es la escolaridad de la madre. Y de hecho los porcentajes de no registro de nacimientos son hasta cinco veces más altos cuando la madre no cuenta con escolaridad (8.4%), respecto de cuando la madre tiene estudios superiores

(1.6%).

Fenómeno

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la inscripción en el Registro Civil es también una primera condición que posibilita la participación social de niños y niñas. Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales como a la salud, educación y protección.

Por ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas es la de no ser registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso a sus derechos.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, (ENADID 2014), destacan que de las niñas y niños nacidos vivos en el periodo 2008 a 2013, 96.1% fueron registrados ante el Registro Civil, de ellos 82.7% antes de cumplir los seis meses de edad y 10.5% entre los seis meses y el año de edad, ambos periodos considerados como registro oportuno, y 6.3% fueron registrados cuando tenían un año o más de edad, lo que significa que tuvieron un registro extemporáneo o tardío.

El registro extemporáneo o tardío se considera una barrera para la integración social de las niñas, niños y adolescentes. A este respecto, los resultados de la ENADID 2014 muestran que más de 760 mil niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 fueron registrados después de cumplir el año de edad.

Uno de los factores asociados al registro tardío es el nivel de escolaridad de la madre: ocho de cada diez niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 y registrados después de cumplir un año de edad, su madre no supera la educación secundaria. Otro factor es la edad de la madre. El 4.7% de los nacidos vivos cuya madre es menor de 24 años, fue registrado tardíamente, en tanto que este porcentaje se reduce a menos del uno por ciento cuando la madre tiene 25 o más años.

Por otro lado, según cifras de la ENADID 2014, más de 378 mil niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 no tenían registro de nacimiento. Al igual que en el registro tardío, existen factores de orden social que inciden en el no registro de los nacimientos: uno de ellos es la escolaridad de la madre. De acuerdo con cifras de la ENADID 2014, los porcentajes de no registro de nacimientos son hasta cinco veces más altos cuando la madre no cuenta con escolaridad (8.4%) respecto a cuando la madre tiene estudios superiores (1.6 %).

Proyecto

Derivado de lo anterior, con el fin de construir una ruta de trabajo para elaborar una iniciativa que expida la Ley General sobre Seguridad Social de las Poblaciones Callejeras, la diputada Lorena Villavicencio (Morena), coordinadora del Parlamento Abierto, inauguró un ciclo de diálogos en el que personas que han vivido o viven en la calle aportarán sus experiencias.

La integrante de la Comisión de Justicia dice que la población en esta circunstancia “la conforman niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con discapacidad en situación vulnerable, por lo que urge realizar un diagnóstico y un censo que permita saber cuántas personas son”.

Afirma que es fundamental garantizar el acceso a sus derechos plenos. “Vamos a legislar para que obtengan el derecho a tener una identidad. Todos son sobrevivientes de la violencia que se vive en hogares, de pareja e institucional, que impide ejercer sus derechos plenamente y hacerlos visibles. Con este encuentro tenemos la intención de que tengan todos los apoyos”.

Agrega que el Parlamento Abierto es para todos los ciudadanos, independientemente de su situación, a fin de escucharlos y ayudarlos, porque es compromiso de los legisladores brindar seguridad social a cada persona. “Queremos que se sientan incluidos en la sociedad y que los niños tengan una historia distinta; hay que darles oportunidad de tener un horizonte distinto y lo haremos. Tenemos que construir la confianza de que podemos tener mejores situaciones porque son, en el fondo, superhéroes que lograron sobrevivir a situaciones adversas”.

El director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adalberto Méndez, explica que para garantizar el derecho al seguro médico es necesario corregir en la ley los huecos que impiden contar con un documento de identificación.

“La legislación, como está hoy, prevé que para tener acceso al servicio médico es requisito tener un documento de identificación y para esto se necesita acta de nacimiento, INE y domicilio fijo; y el problema es que no se han corregido”, menciona.

Es necesario, añade, “sensibilizar a los cuerpos de seguridad social, al INE, la Secretaría de Salud, el IMSS y a los sistemas de salud estatales en el sentido de que el domicilio que se exige para efectos de registro tendría que convalidarse en la legislación cuando se trate de una persona en situación de calle y esta pueda marcar como domicilio la frase: ‘Donde se encuentre’”, narra Méndez.

Otra idea es firmar un convenio de colaboración del IMSS con la organización de sociedad civil El Caracol AC “para realizar jornadas médico-quirúrgicas a personas en situación de calle, así como generar programas de capacitación y empleo”.

Luis Enrique Hernández, de El Caracol AC, puntualiza que son necesarios reglamentos y leyes que permitan garantizar los derechos establecidos en la Constitución para que no haya gente que viva en la calle.

“Viven en las calles no porque les guste sino porque se han violado sus derechos de manera sistemática y muchos de ellos desde que son niñas y niños, y luego de adultos se topan con barreras económicas y laborales”, determina.

Subraya que estas personas enfrentan conflictos como no tener acceso a la salud, dificultades para obtener una credencial de identidad e impedimentos para utilizar espacios públicos. “Es importante que esta población vuelva a tener confianza en las instituciones y que su voz sea escuchada y se refleje en su bienestar”, señala.

Así, diferentes circunstancias económicas, sociales o familiares conducen a muchos individuos a vivir en el espacio público y apropiarse de la calle como zona de trabajo, diversión, pernocta y demás, convirtiéndose en motivo de conflicto con transeúntes, automovilistas, comerciantes y autoridades públicas que compiten por el dominio de ese espacio: la población en situación de calle se fusiona con el entorno y se vuelve parte de un contexto social que nadie quiere ver.

Radiografía de grupos callejeros en la CDMX

Fuente: INEGI