La secretaria de Gobernación tiene un apartamento en Houston con un valor de once millones de pesos o alrededor de 500 mil dólares. ¿Y qué con eso? Olga Sánchez Cordero fue notaria pública, la primera mujer en tener esa responsabilidad en la Ciudad de México. Durante 20 años, por otra parte, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un sueldo que se contaba entre los más generosos del sector público. El apartamento lo compró, además, con su esposo, también notario durante décadas.
Una exasperada secretaria de Gobernación dijo este miércoles 6 de febrero que el apartamento es el fruto de 100 años de trabajo: 50 de ella y 50 de su marido. Nadie puede cuestionar la compra. Si las personas no tienen derecho a usar los recursos que han ganado con honestidad, y por los que han pagado impuestos, para adquirir lo que quieran no tendría sentido que trabajaran.
Quizá sea paradójico que la secretaria de Gobernación de un régimen que se precia de su cercanía con los pobres tenga un apartamento en Houston, pero quienes han seguido su trayectoria conocen su generosidad personal. En diciembre del año pasado la secretaria dijo que donaría a una casa hogar de Querétaro 100% de su sueldo como secretaria, aunque conservaría su pensión como ministra en retiro de la Suprema Corte, que representa un ingreso mayor.
Privacidad
El gran debate es si la secretaria ocultó o no la información de ese apartamento a pesar de que el presidente López Obrador ordenó que todos los integrantes de su gabinete hicieran pública su declaración patrimonial. Un reportaje del periódico Reforma mostró que en la declaración pública no aparecía el apartamento. La secretaria dijo que ella había dado instrucciones para que se revelara todo el contenido y responsabilizó del ocultamiento a la Secretaría de la Función Pública, la cual respondió que, si bien la secretaria había dado esa instrucción, no podía dar a conocer la información debido a que había un codueño, el esposo de la funcionaria, y no podía divulgar los datos sin autorización expresa de él también.
La atención que se presta al tema de la declaración es consecuencia de la insistencia del presidente López Obrador de que la suya es la única administración honesta que ha tenido México desde que empezó el “periodo neoliberal”. Pero exhibir el patrimonio de los funcionarios no ayuda a garantizar la honestidad ni de los funcionarios ni del gobierno. Es mejor tener una gran transparencia en el gasto público y en las licitaciones o asignaciones de contratos que exhibir la riqueza de los funcionarios, lo cual se convierte al final en una especie de circo público en el que cualquiera que tenga algún patrimonio de consideración es cuestionado.
El país ha sufrido los abusos de una clase política extraordinariamente corrupta durante mucho tiempo. Es imprescindible eliminar la corrupción, pero exhibir el patrimonio de los funcionarios no es la mejor forma de hacerlo. La discrepancia entre la secretaria de Gobernación y la SFP sobre quién debe revelar la declaración subraya cómo la práctica puede violar el derecho a la privacidad.
Debemos descartar la idea de que tener un patrimonio es un acto de deshonestidad. Mucha gente lo construye por medio del trabajo. En otros países se admira a la gente que prospera, en México tenemos la idea de que la riqueza es por sí misma una falta moral. Quizá por eso somos un país pobre.