FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Estamos manejándonos dentro de un marco de impunidad de 99% de los delitos que se cometen.

Antonio Caporal
Política
AMLO fiscalías.
Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR), que recién se transformó en un órgano público autónomo, será el principal protagonista en la tarea de erradicar los delitos, abatir la impunidad, acabar con la corrupción, garantizar elecciones limpias, conseguir que los culpables de cometer ilícitos paguen sus culpas… En resumen: procurar justicia para abonar al fortalecimiento del Estado de Derecho.

La tarea del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, será ardua, como él mismo reconoce: “De acuerdo con informaciones fidedignas del INEGI en México se cometen más de 33 millones de delitos al año. De estos, poco menos de dos millones se denuncian. Y de esos dos millones poco más de 200 mil se consignan; de ahí una buena parte obtiene alguna sentencia más o menos razonable. Quiere decir que estamos manejándonos dentro de un marco de impunidad de 99% de los delitos que se cometen”.

En este sentido expresa: “Esa es la realidad en la que debemos enfrentar el cambio de una estructura y de una institución como es la nueva Fiscalía General de la República”.

Asimismo el fiscal asevera que su propuesta concreta es “tener una procuración de justicia transparente, que rinda cuentas, que trabaje sobre bases técnicas verdaderamente eficientes y tenga oportunidad de volver a ganar el respeto que las instituciones del Estado mexicano merecen y que todos estamos pidiendo y necesitando”.

Tareas

La corrupción, en todas sus expresiones, es uno de los principales problemas del país que el nuevo régimen se ha fijado resolver y para ello avanza en dos sentidos: consolidar el marco jurídico en la materia y contar con los funcionarios que encabezarán la tarea de erradicar dicho flagelo.

En el primer punto se tiene un importante avance, toda vez que ya se cuenta con las instituciones correspondientes, pero aún se trabaja para tener pronto los instrumentos jurídicos necesarios; y en el segundo justo se acaba de dar un gran paso con los nombramientos de los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fiscalía Anticorrupción) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales(Fepade), María de la Luz Mijangos Borja y José Agustín Ortiz Pinchetti, respectivamente.

Al respecto cabe recordar lo establecido en el artículo 102 de la Constitución: “La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo se entenderá que no tiene objeción”.

Las designaciones se notificaron al Senado el 8 de febrero por parte del fiscal general de la República y el pasado jueves 14 la Comisión de Justicia analizó la comunicación.

Al respecto el presidente de la comisión referida, Ramón Menchaca Salazar, señaló que “los aspirantes tienen un alto reconocimiento social, independientemente de su trayectoria política”.

Y agregó: “No damos ningún cheque en blanco para ningún nombramiento. Seremos los primeros exigentes de que funcionen las instituciones que estamos creando”.

¿Quiénes son los fiscales?

María de la Luz Mijangos Borja estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y cursó un doctorado en Economía Aplicada al Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, fue becaria Fulbright para realizar una estancia posdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos.

Durante diez años se desempeñó como investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde tuvo como objeto de estudio el presupuesto, la fiscalización y el combate a la corrupción.

En 2000 fue electa como titular de la Contaduría Mayor de Hacienda y en 2004 fue reelecta para cumplir un total de siete años al frente de lo que hoy es la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Impartió cátedra de Derecho Financiero, Transparencia y Fiscalización en el Posgrado de la UNAM, así como en otras instituciones de educación superior.

Ha escrito capítulos de libros y artículos en publicaciones especializadas sobre combate a la corrupción. Es autora del libro Gastos fiscales y reconversión industrial y coautora del libro Estado de Derecho y corrupción.

Ella sostiene que es de suma importancia garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades como uno de los pasos para erradicar la corrupción ya que a su juicio la rendición de cuentas de las diversas autoridades abona a tener instituciones fuertes y transparentes, capaces de prevenir actos de corrupción e impunidad.

Asimismo considera indispensable revisar el marco jurídico en materia de adquisiciones.

Por su lado, José Agustín Ortiz Pinchetti estudió en la Escuela Libre de Derecho y cursó una maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Ejerció como abogado por más de 40 años.

Fue militante del PRI y participó en organizaciones civiles de lucha por la democracia. Fue consejero ciudadano (lo que hoy es consejero electoral) del entonces Instituto Federal Electoral. Organizó el Seminario del Castillo de Chapultepec y participó en los trabajos para la reforma política del Distrito Federal. Fue observador de más de 25 procesos electorales nacionales y extranjeros.

Ortiz Pinchetti fue además secretario de Gobierno del Distrito Federal y diputado federal.

Formó parte de la Coordinadora Nacional de Resistencia Civil contra el Desafuero del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente integró el equipo jurídico que impugnó la elección presidencial de 2006.

En aquel entonces aseguró que “las elecciones en México no serán libres y justas hasta que no se impida legalmente la participación de los poderes fácticos que gobiernan el país” y aseguró que en aquellos comicios “ni el IFE ni la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electoralesactuaron de forma contundente para evitar la compra de votos”.

Política de Estado

Para el presidente López Obrador erradicar la corrupción en México es uno de sus principales objetivos porque, a su juicio, la corrupción junto con la impunidad impiden el crecimiento del país y el desarrollo de las comunidades de México.

El jefe del Ejecutivo ha sido enfático al resaltar que “el mandato” que tiene su administración de parte de la sociedad es, precisamente, “acabar con la corrupción y con la impunidad”. En este sentido sostiene: “No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”.

Y concretamente sobre los delitos electorales el primer mandatario expresa: “Así como aspiramos a dejar establecido un auténtico Estado de Derecho y erradicar por completo la corrupción y la impunidad, tenemos el propósito de acabar con los fraudes electorales y fortalecer el hábito y el ejercicio de la democracia”.

De esta manera el presidente precisa: “Esto en esencia significa, en la actualidad, garantizar elecciones limpias y libres, actuar con absoluta imparcialidad, combatir prácticas perversas como la compra del voto y eliminar por completo los fraudes electorales; es un ideal que se convertirá en realidad: habrá democracia plena y auténtica en nuestro país”.

Impulso legislativo

La mayoría de Morena en la actual LXIV Legislatura ha atendido el llamado de la sociedad para que “se revise y corrija la grave situación que generan los hechos constitutivos de los delitos de corrupción, así como los delitos graves contra el correcto desarrollo de los procesos electorales”.

Justo por ello es que se continúan impulsando modificaciones al artículo 19 de la Constitución para que los delitos de corrupción y electorales, entre otros, se consideren como “graves”.

Al respecto la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, establece: “En el sistema procesal penal anterior los delitos cometidos por servidores públicos no se consideraban como graves, lo que eventualmente les permitía seguir su proceso en libertad. Esta posibilidad también existe en el actual sistema penal acusatorio, porque la Constitución no los incluye entre aquellos ilícitos penales en los que los imputados son sujetos de prisión preventiva oficiosa”.

Sin embargo, apunta el documento, “es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a la impunidad. De ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales con respecto de las medidas cautelares que se aplicarán a los servidores públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción en materia del Código Penal Federal”.

En concreto “se propone que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga cuando existan pruebas suficientes que evidencien la comisión directa y/o la participación de los referidos servidores públicos en la realización de conductas tipificadas como delito por actos de corrupción. En esa virtud se considera pertinente que al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa establecido en el artículo 19 de la Constitución se incorporen los delitos tipificados como hechos de corrupción”.

Asimismo la iniciativa del senador Monreal indica que “para fortalecer las instituciones democráticas y lograr la observancia de los principios que rigen la materia electoral se propone endurecer los procedimientos penales que se sigan como consecuencia de la comisión de delitos durante el desarrollo de la actividad más significativa de nuestra democracia: los procesos electorales”.

Añade: “Permitir que quienes cometan delitos electorales sigan su juicio en libertad contribuye a dar incentivos a la realización de tales conductas ilícitas, mismas que afectan gravemente no solo a las instituciones electorales sino también a aquellas instituciones del Estado mexicano que se utilizan como medio para la realización de este tipo de conductas delictivas y van en detrimento del patrimonio de las mismas y de todos los mexicanos”.

En atención a estas consideraciones, señala el documento, “se propone incorporar en el catálogo de delitos respecto de los cuales es procedente dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa los delitos en materia electoral que se especifiquen en la legislación especial en la materia. Por lo anterior, se plantea su inclusión en el artículo 19 de la Constitución”.

Es previsible que en los próximos días los legisladores concluyan el análisis y discusión de diversas modificaciones al artículo 19.

Pendientes

Varios son los pendientes que tienen los nuevos fiscales María de la Luz Mijangos Borja y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Entre los principales asuntos de la Fiscalía Anticorrupción están, sin duda, las investigaciones respecto del posible desvío de recursos en la celebración de convenios entre Petróleos Mexicanos y diversas instituciones públicas de educación superior.

Además están los casos de los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; Chihuahua, César Duarte; Nayarit, Roberto Sandoval, acusados por supuesto desvío de recursos, así como también está pendiente el asunto de posibles actos de corrupción de la empresa Odebrecht.

En cuanto a la Fepade tendrá sus primeras pruebas con los procesos electorales que están en marcha en seis entidades, de manera particular el de Puebla ya que como bien recordamos la pasada elección constitucional fue impugnada ante el Instituto Electoral estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La judicialización del proceso duró poco más de cinco meses ya que la elección celebrada el 2 de julio se resolvió hasta el 8 de diciembre, cuando el tribunal federal emitió una resolución definitiva.

La resolución referida provocó una escisión en el tribunal federal, que a su vez causó la salida de Janine Otálora de la presidencia del mismo.

Los asuntos pendientes para ambos fiscales son varios más y la expectativa sobre sus resultados son muy grandes. De acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se trata de dos personalidades que tienen “los méritos y las capacidades” para estar al frente de tan importantes fiscalías.

María de la Luz Mijangos Borja

Licenciada y doctora en Derecho.

Investigadora en temas de combate a la corrupción.

Autora de libros y artículos en materia de corrupción.

Ex titular de Auditoría Mayor de la Ciudad de México.

José Agustín Ortiz Pinchetti

Licenciado y maestro en Derecho.

Abogado litigante.

Integrante de organizaciones impulsoras de la democracia.

Autor de un libro y artículos en materia de delitos electorales.

Diputado federal.

Secretario general de Gobierno en el Distrito Federal.

Consejero ciudadano del IFE.

Alejandro Gertz Manero

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM.

Catedrático en diversas instituciones de educación superior.

Agente del Ministerio Público Federal.

Director general del Instituto Técnico de la PGR.

Presidente y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal

Secretario de Seguridad Pública federal.

Rector de la Universidad de las Américas.

Diputado federal.

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Es un órgano con autonomía técnica y operativa que tiene por objetivo la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de tipos penales que establece el Código Penal Federal.

Se encarga de fortalecer los mecanismos institucionales por medio de los cuales se detecta, sanciona y erradica la corrupción, así como diseñar, establecer e implementar mecanismos de cooperación con autoridades federales en el ámbito de su competencia.

Se auxilia de la Coordinación General de Servicios Periciales, que desahogará los peritajes que le soliciten los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a esta.

Participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y contará con personal especializado y capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones.

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

Investiga y persigue las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco legal vigente.

Busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.

Da a conocer las consecuencias jurídicas en las que pueden incurrir un servidor público, militantes de un partido político, candidatos, dirigentes de partidos políticos, así como cualquier persona que realice hechos constitutivos de delitos en materia electoral.

Concientiza a los servidores públicos sobre sus derechos y obligaciones político-electorales, así como la importancia de no utilizar los recursos y programas institucionales con fines políticos.

Fiscalía General de la República

Tiene como fines:

Investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos.

Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a Derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla.

Prevenir el delito, fortalecer el Estado de Derecho en México.

Procurar que el culpable no quede impune.

Promover, proteger, respetar y garantizar la reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.