NI MODO, ES UN ESTADO DE SEGURIDAD INTERIOR

Con adecuaciones coyunturales, la estrategia de Estado se extenderá a 2024.

Carlos Ramírez
Columnas
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Todos los gobernantes —de Echeverría a la fecha— le han entrado a la seguridad de manera tangencial, como eludiendo el hecho de que la función primordial del Estado, la principal, la función-eje, es la seguridad. Ahora mismo el gobierno de López Obrador da pasos adelante pero, como todos, tratando de disfrazar el hecho de que la seguridad de los ciudadanos es la prioridad de todo Estado.

El tema viene de lejos. Tucídides recoge en su Historia de la guerra del Peloponeso el famoso discurso del gobernante Pericles a las viudas de los soldados caídos: la guerra se hizo para defender la democracia ateniense. Así de simple y así de complicado. Estados Unidos ha desarrollado guerras imperiales para salvaguardar su modo de vida.

La seguridad del Estado mexicano y de su sociedad ha tenido tres fases: cuando los jefes políticos rebeldes se alzaban en armas; cuando la disidencia se salió de la institucionalidad y se pasó a la lucha armada vía la guerrilla, y ahora que los grupos delincuenciales penetran el Estado y se apropian de zonas territoriales de su soberanía.

Desde 1984, cuando los grupos criminales irrumpieron con el asesinato del columnista Manuel Buendía a finales del gobierno de Miguel de la Madrid, la inseguridad se enfrentó con los instrumentos tradicionales de la seguridad pública: la policía. El 11 de diciembre de 2006 el presidente Calderón decidió sumar las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado porque los delincuentes ya no eran carteristas sino verdaderas bandas organizadas que habían superado la precaria capacidad policiaca. Con adecuaciones coyunturales, la táctica de Estado se extenderá a 2024 con la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Nacional.

Democracia

El desafío del gobierno de López Obrador radica en entrarle al tema central: el marco jurídico de la defensa nacional dentro de la República, englobado en el concepto de seguridad interior, por cierto incluido en la Constitución eje de Cádiz de 1812 y luego mantenida por las constituciones de 1824, 1857 y 1917, con el intento fracasado del presidente Peña Nieto en 2018 para reglamentarla con la Ley de Seguridad Interior que diseñó, aprobó, promulgó y congeló… y que echó abajo la Suprema Corte.

La seguridad interior es la garantía de estabilidad interna para el desarrollo. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 la define con claridad: “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”.

La Estrategia 2018-2024, la Guardia Nacional y el marco jurídico ampliado de seguridad deberían están englobados en una nueva Ley de Seguridad Interior. La pluralidad, la delincuencia y el clamor social por la tranquilidad exigen una nueva doctrina de seguridad de la sociedad definida en la reglamentación de la seguridad interior.

Al final de cuentas la seguridad interior sería el eje de las políticas de desarrollo y bienestar y la garantía de funcionamiento de la democracia.