Para el análisis y respuesta de esta pregunta debemos partir de dos variables objetivas: la experiencia o la historia, por un lado; y las condiciones estructurales e institucionales, por el otro.
En la primera no existe un precedente de éxito, como apunté ya en anteriores entregas, en el que la transferencia de personal militar a áreas de seguridad pública de manera permanente haya tenido buen fin. Pero más importante aún es que en la enorme mayoría de los casos las corporaciones policiales, sean municipales, estatales o federales, han sido encabezadas y dirigidas por civiles.
En cuanto a la segunda variable la construcción de la Guardia Nacional implica un sustancial esfuerzo institucional de las Fuerzas Armadas para readiestrar a personal que por vocación escogió servir al país desde la milicia. Esa readaptación, además de las aportaciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México, demandará de los posibles integrantes una enorme disposición para asumir un nuevo rol como soldado de la Guardia Nacional.
Ante semejante desafío solo un mando superior militar será capaz de dirigir una nueva Fuerza Armada, que es el proyecto inicial y original del presidente de la República.
Cifras
La polémica levantada por impulsar la responsabilidad civil sobre la conducción de la Guardia Nacional no se explica a partir de las experiencias acumuladas desde 1994 y mediante los datos oficiales. Por ejemplo, sobre los fundados temores de violaciones a los derechos humanos por parte de los posibles nuevos integrantes de la Guardia Nacional debemos revisar con objetividad los datos que proporciona la misma CNDH, donde se constata que durante el sexenio anterior (2012-2018), sumando a Defensa y Marina, acumularon 22 recomendaciones, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, duplicó y un poco más dicha cifra.
Hay que considerar también que tan solo la Defensa Nacional realizó 17 operaciones diarias durante ese mismo periodo, lo que da un total de más de 250 mil acciones de apoyo y coadyuvancia en tareas de seguridad pública.
Como se observa, el adiestramiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas de México en general en materia de derechos humanos es de muy alto nivel. De allí que los temores a las “violaciones sistemáticas” no son sino posturas mediáticas y sin sustento analítico.
Ahora bien, por mandato constitucional el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, el mando civil de las mismas. Es último y principal responsable de la conducción del gobierno y el Estado mexicano, lo que incluye las políticas de defensa, seguridad nacional y seguridad pública.
De ahí que insistir en el mando civil sobre la Guardia Nacional nos conduce a otra pregunta: ¿qué perfil de funcionario y trayectoria tenemos a la mano para que un civil encabece la referida Guardia Nacional? Por eso las lecciones de la historia reciente son ilustrativas y nos conducen a tomar el camino correcto del mando militar.
Resulta alentador por tanto el segundo artículo transitorio de la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, aprobado por unanimidad el pasado jueves 21, donde se lee que el presidente de la República cuenta con la facultad para nombrar al principal responsable de la conducción de la Guardia Nacional. Para muchos resulta deseable que sea un militar de la más alta jerarquía en el activo quien encabece un cuerpo intermedio para traer la paz y la tranquilidad al país.