El debate en torno de las restricciones para la Guardia Nacional fue tan intenso como parcial: a lo largo de todo el litigio legislativo nadie se puso a pensar en que ese nuevo cuerpo de seguridad tenía como destinatario único a las bandas criminales del crimen organizado/desorganizado y no la sociedad. Objetivamente, los opositores a la Guardia beneficiaron a los malandrines.
Hasta ahora la lucha contra el crimen organizado ha tenido víctimas civiles colaterales en lo individual; en ningún momento hubo acción de la Policía Federal o de la Gendarmería contra movimientos sociales activistas. Solo una mente enferma puede suponer que la Guardia Nacional se usará para atacar y dañar a movimientos sociales. Las quejas fueron contra acciones de seguridad que afectaron a población civil en situaciones de operaciones en curso o de revisiones en retenes.
Los críticos tampoco aceptaron las evidencias: los operativos de seguridad del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto utilizaron personal de tropa regular en acciones de apoyo a la seguridad pública. Y a pesar de las quejas y recomendaciones los abusos de fuerza fueron menores a los 60 mil efectivos del ejército y 100 mil policías.
Demasiado tarde se percataron las autoridades del riesgo de usar tropa regular de las Fuerzas Armadas entrenadas para combatir de manera letal a los enemigos en acciones de seguridad pública que requerían otros protocolos. Lo que no entendieron los legisladores de oposición —o lo entendieron pero mañosamente no lo reconocieron— fue que la Guardia Nacional no usaría tropa regular del Ejército y la Marina sino que absorbería personal en activo de las policías militar y naval y el gobierno lopezobradorista no supo explicarlo por la falta de una coherente política de comunicación social.
Estrategia
Los policías militares y navales no participan en operaciones de guerra sino que su función es hacer respetar las leyes y reglamentos castrenses; es decir, participan en despliegues militares como guardianes de las leyes. Por tanto, son policías y no soldados de campo. Lo explicó una vez el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño: era policializar a la Guardia con policías militares y navales, no militarizarlos con tropa de combate regular. Este debió haber sido el argumento a repetir para desmontar las acusaciones de militarización de la seguridad pública.
Esta clave no supo ser usada por el gobierno.
A lo largo del debate buena parte de la sociedad civil activista cuestionó al gobierno y al Estado, acusó en falso a las Fuerzas Armadas de represión y se negó a reconocer que gracias a ellas se pudo descabezar a 90% de los cárteles del narcotráfico. En todo caso lo que falló fue la estrategia integral de seguridad, porque Calderón y Peña Nieto se centraron en operaciones de campo y no en una labor de inteligencia y desarrollo social para ir expulsando a los criminales de los territorios del Estado. La estrategia fue criminógena porque no acabó con los cárteles y sí facilitó nuevas organizaciones criminales.
Las bandas criminales deberían estar agradecidas con las protestas sociales contra la militarización porque adelgazaron las funciones de la Guardia, les quitaron agresividad criminal y pusieron los derechos de los criminales por encima de los de la sociedad.