Al momento de redactar esta colaboración en la Cámara de Diputados comenzaba la discusión, y se entiende aprobación, de la minuta modificada de la ley que crea la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública y que le remitió el Senado de la República.
Como sabemos, luego de una intensa y exitosa negociación parlamentaria y política se dio pasó en la cámara alta a una extendida demanda de la población y gobiernos locales para contar con un recurso efectivo que contenga, y revierta en el mejor de los casos, la creciente ola de violencia criminal que agobia a varias partes del país.
Hay que distinguir tres fases de un mismo proceso. La primera es la que corresponde a la discusión y aprobación, en ambas cámaras, de la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la Guardia Nacional. En ambos ordenamientos se contiene la estructura, objetivos, operación, responsabilidades, entre otros aspectos cruciales para un cuerpo de seguridad pública. También allí deberán quedar claros los alcances como agente coadyuvante en la investigación, que van desde la cadena de custodio hasta la figura del primer respondiente. De avanzarse en ese sentido se dotará a la nueva organización de verdaderos recursos para que en actos de flagrancia —la gran mayoría de los eventos criminales en el país así se manifiestan— pueda hacer frente de manera muy importante a los desafíos del crimen, organizado o no.
La segunda fase tiene que ver con la distribución interinstitucional que tendrá el reclutamiento, adiestramiento, formación y procedencia de lo que se conoce como el pie veterano o personal fundador de la Guardia Nacional. Es indudable que las Fuerzas Armadas llevarán la principal carga para alcanzar dichos logros, mismos que en el corto plazo deberán traducirse en al menos la contención de los actos criminales vía la disuasión y, de ser necesario, en la contención. De persistir el señalamiento, como viene en la iniciativa de ley expedida por el Senado, en el sentido de que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la principal responsable de su despliegue táctico operativo, se continuará por una línea que no ha demostrado ser ni viable ni exitosa.
Riesgo
Esto último, responsabilizar a una autoridad civil de manera permanente de la conducción de personal militar comisionado, puede generar un ambiente de incertidumbre laboral y de inquietudes en el futuro del desarrollo profesional de los primeros integrantes de la Guardia Nacional. Por ello, como he apuntado desde hace tiempo, la conducción militar de dicho cuerpo de seguridad pública garantiza que la proyección y opciones de ascenso de los integrantes de las Fuerzas Armadas queden garantizados. Sin embargo, de imponerse los prejuicios respecto de las capacidades de los militares de México para actuar apegados a derecho y respetando los derechos humanos, se corre el riesgo de afectar de manera permanente a miles de soldados y marinos, quienes de forma vocacional han decidido servir a la patria desde las Fuerzas Armadas.
La tercera y última fase, no por ello menos importante, es el calendario para que la Guardia Nacional comience a funcionar a plenitud. La gravedad de la situación en el país exige que esta corporación inicie sus trabajos de forma inmediata, pero para alcanzar dicho objetivo requerirá de un amplio respaldo político, administrativo y presupuestal para estar a la altura del desafío que implica la ola de criminalidad. Desde luego que las Fuerzas Armadas seguirán en las labores de apoyo a la seguridad pública, como vienen haciéndolo desde el sexenio 1988-1994, es decir, casi 31 años. Mientras tanto, y de forma paralela, aportarán recursos, factor humano, infraestructura, desde luego presupuesto, por lo que el esfuerzo institucional será mayúsculo.