“LA CORRUPCIÓN HA IMPEDIDO EL DESARROLLO DE MÉXICO”

La corrupción ha tenido implicaciones graves, como el aumento en la criminalidad y de las desigualdades sociales.

Antonio Caporal
Política
Foto: Especial
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Hace apenas unas semanas la organización Transparencia Internacional publicó su reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual dio cuenta de que México se ubica en el lugar 138 de 180 naciones calificadas.

Asimismo, una medición de la Cámara de Diputados expuso que siete de cada diez mexicanos consideramos que la corrupción aumentó en los últimos años.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad reportó que 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.

Dicho panorama fue uno de los principales argumentos de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos para convencer a los integrantes de las pasadas LXII y LXIII legislaturas de que aprobaran la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Poco a poco el sistema se consolida con la creación de nuevas instituciones y la promulgación de un nuevo marco jurídico para coordinar a los organismos, dependencias e instancias de los tres poderes de la Unión en la tarea de investigar y sancionar hechos de corrupción.

Para la presente edición Vértigo platicó con José Octavio López Presa, quien inicia su periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA.

Aportaciones ciudadanas

En mayo de 2015 se publicó el decreto de creación del SNA y en febrero de 2017 se conformó el primer CPC. En este 2019 el comité inicia su tercer año de trabajo y sobre sus aportaciones al sistema, su agenda de trabajo para este año, así como sus observaciones sobre el problema de la corrupción en nuestro país nos habla José Octavio López Presa.

—¿Cuáles han sido las principales aportaciones del Comité de Participación Ciudadana al SNA?

—El CPC ha construido bases para servir efectivamente como un vínculo entre las personas y el gobierno. Un ejemplo de esto es la propuesta de Política Nacional Anticorrupción que surgió de una amplia consulta con los comités de participación locales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos.

Añade que “los formatos de declaración patrimonial y de intereses presentados por el CPC son otra importante aportación, porque son una propuesta nacida desde la ciudadanía con miras a servir como una verdadera herramienta que favorezca la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las funciones de las autoridades competentes para fiscalizar a los servidores públicos”.

Asimismo el entrevistado considera especialmente importantes los pronunciamientos del Poder Judicial que se han conseguido ya que “aportan a la construcción del sistema mismo al aclarar el alcance de ciertas atribuciones del CPC frente a todo este andamiaje”.

Por ejemplo, dice, “al resolver el amparo 1072/2017 se reconoció el interés legítimo del CPC en temas relacionados con el combate a la corrupción; además, se reconoció el derecho humano al desarrollo en relación con el combate a la corrupción y se concedió también el amparo por la omisión del Congreso de Tlaxcala de no emitir su ley local anticorrupción”.

Asimismo refirió que “al resolver el amparo 589/2018, presentado por la omisión del Senado de ratificar a los magistrados anticorrupción, el juez ordenó al Ejecutivo federal publicar en el Diario Oficial de la Federación la idoneidad de las personas designadas a través de una motivación reforzada detallando méritos, calidad ética y profesional en las materias de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”.

Además, “al Senado de la República y a la Comisión Permanente les ordenó tomar las acciones necesarias para ratificar, o en su caso rechazar, a los magistrados anticorrupción nombrados en abril de 2017, asegurando la máxima publicidad y transparencia en la toma de esta decisión”.

—¿En esta nueva etapa qué acciones impulsará el CPC al interior del SNA?

—Yo he denominado a estas líneas de acción las 4 I, para el SNA y los sistemas locales anticorrupción: 1. Independencia de las instituciones: medición de grado de independencia, impulso a la profesionalización, asegurar que actos de autoridad sean imparciales, justos y ágiles. 2. Integridad de los individuos: elevar los estándares éticos de profesionistas y servidores públicos; comenzar con los colegios de abogados y contadores, fortalecer y comprometer a comisiones de Honor y Justicia. 3. Información: eliminar el uso del efectivo en transacciones gubernamentales y eliminar papel en actos de autoridad y de gobierno en el SNA y los sistemas locales anticorrupción aprovechando firmas electrónicas con validez legal. 4. Índices: mejorar los índices de la corrupción que más afectan negativamente a las personas (sobre todo a las de menores ingresos) y que más afectan negativamente a las empresas (sobre todo a las Pymes).

Hacia el futuro

A juzgar por la cantidad de actos de corrupción de los que se tiene conocimiento —lo mismo de servidores de la Administración Pública Federal, de la estatal o municipal—, así como por el vergonzoso sitio que ocupa México en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional, pareciera que el SNA ha avanzado muy poco.

—La sociedad percibe un magro avance en materia de combate a la corrupción…

—Es importante recordar que el SNA se creó el 27 de mayo de 2015 por medio de una reforma constitucional y que la normatividad secundaria, al menos la federal, se publicó el 18 de julio de 2016. Esto ha significado un importante esfuerzo desde entonces para construir las bases jurídicas y operativas para el funcionamiento de este sistema. Sin embargo hay que reconocer que en esta etapa de construcción el mecanismo de combate a la corrupción ha adolecido de importantes elementos para su efectivo funcionamiento, empezando por la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y de magistrados anticorrupción en el nivel federal, así como una lenta conformación de los sistemas locales.

Aun así, explica, “considero que entre los avances que propicia el SNA en el combate a la corrupción podemos señalar el establecimiento de un diálogo entre los principales actores clave para hacer frente a este gran problema y con ello la identificación de los puntos de contacto donde se requiere coordinación. Otro avance que destacaría es el proceso de elaboración de la Política Nacional Anticorrupción, que contó con una amplia participación y próximamente se someterá ante el Comité Coordinador”.

—¿Ve voluntad política en el nuevo régimen para erradicar la corrupción?

—Hay voluntad política de la nueva administración. Pero es importante que se involucren todos los sectores para combatir este flagelo.

—¿Qué acciones considera que afectaron la buena marcha del sistema?

—La tardanza en la designación del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el nombramiento de los magistrados en esta materia.

Gobierno y corrupción

Desde hace varios años la sociedad mexicana atestigua una serie de casos de corrupción en dependencias y organismos del Ejecutivo federal, empresas productivas del Estado, instituciones educativas, gobiernos estatales y presidencias municipales. Al respecto López Presa nos da sus puntos de vista.

—¿En qué área de gobierno está el mayor riesgo para que se lleven a cabo actos de corrupción?

—En el área de contrataciones públicas, otorgamientos de permisos, licencias, autorizaciones, administración de presupuesto y actos de autoridad en general.

—La sociedad tiene la percepción de que los gobiernos estatales y municipales son, por decirlo de alguna manera, tierra de nadie en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

—Por esta razón es importante consolidar los sistemas estatales anticorrupción y trabajar de forma coordinada con ellos. Existen importantes esfuerzos a nivel local. Debemos compartir mejores prácticas y mejorar la comunicación para aprovechar el camino recorrido. También me parece importante fortalecer a la sociedad civil de los estados, porque son un importante aliado para vigilar y denunciar la corrupción en todo el país.

—¿A su juicio hasta qué punto debe llegar la responsabilidad del titular de una dependencia u organismo, o bien de un gobernador o alcalde, por actos de corrupción, negligencia u omisión de los servidores públicos que encabeza?

—Si el titular es directamente responsable la Constitución prevé un juicio político, independientemente de otro tipo de procedimientos de tipo administrativo o penal. Para otro tipo de funcionarios lo conducente es la separación del cargo, independientemente del inicio de procedimientos administrativos o penales que correspondan.

—¿Designar a una persona para determinado cargo sin que esta cubra el perfil debe considerarse un acto de corrupción?

—Se trata de una mala práctica de nombrar afines, que afecta a la independencia con la que deben ejercer sus cargos al no haber llegado a ocupar puestos con base en los méritos curriculares.

México

Diversos estudios dan cuenta de que la sociedad mexicana percibe a la corrupción como uno de los principales problemas del país.

Hace apenas unas semanas la organización Transparencia Internacional publicó su nuevo informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual dio cuenta de que México se ubica en el lugar 138 de 180 naciones calificadas, además de que se sitúa como el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Grupo de los 20.

Esta “vergonzosa ubicación de nuestro país en el referido índice se ha sostenido desde que Transparencia Internacional comenzó a dar a conocer sus informes en los noventa. Y de hecho cada año México cae más en las posiciones: por ejemplo, en 2015 estuvo en el lugar 95, en 2016 en el 123, en 2017 en el 135 y en 2018 en el 138”.

Por otro lado, la Encuesta Transparencia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados en la pasada Legislatura expuso que “siete de cada diez mexicanos consideran que en los últimos años la corrupción ha aumentado, mientras que más de la mitad de la población piensa que nunca se castiga a los responsables de la corrupción”.

A su vez, el Instituto Mexicano para la Competitividad reportó en su libro México: anatomía de la corrupción que “88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años”.

—Al SNA lo componen diversas dependencias y organismos ¿Los países con mayor índice de desarrollo tienen un sistema tan complejo como el nuestro?

—El mecanismo de combate a la corrupción que inicia en México es único en su tipo, principalmente por haber diseñado su dirección a cargo de los ciudadanos, lo que ha sido calificado como un gran acierto. Sin embargo, me parece importante resaltar que los países con mayor índice de desarrollo y con menor índice de actos de corrupción son un reflejo de un buen funcionamiento de gobierno, en particular de sus instituciones de administración, impartición y procuración de justicia. Esto significaría, en principio, que no existe la necesidad de crear sistemas como tal de combate a la corrupción, lo que no impide que cuenten con buenas prácticas, códigos de ética, procedimientos sancionatorios de ser el caso, etcétera.

—¿A usted qué le indica el lugar que ocupa México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional?

—Sin duda la percepción del aumento de la corrupción creció, lo cual va aparejado con la pérdida de confianza en nuestras instituciones. ¿Qué me indica este índice? Que tenemos que trabajar para recuperar la credibilidad en las instituciones y esto solo será posible si empezamos a dar resultados concretos. Es importante que la etapa de construcción del sistema dé paso a la etapa de su consolidación mediante acciones específicas en todo el país, como las 4 I que planteo, con base en datos que nos proporcionen organizaciones de la sociedad civil, grupos de ciudadanos, empresarios, académicos, etcétera, sobre aquellas áreas donde más se ven afectados por la corrupción.

—¿Qué tanto daño considera que le ha hecho al país la corrupción en todos los órdenes: social, económico, político?

—La corrupción ha impedido un desarrollo sostenible de México y ha tenido implicaciones graves como el aumento en la criminalidad, falta del Estado de Derecho, incremento de las desigualdades sociales, bajos niveles educativos de la población, entre otros. El daño es muy alto porque más allá de consecuencias negativas en términos monetarios, como se asocia en muchas ocasiones, al final estamos ante una grave afectación a los derechos humanos de la población.

¿Qué es el SNA?

El Sistema Nacional Anticorrupción es un esfuerzo de coordinación que se da entre todas las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Lo integran CPC, SFP, ASF, INAI, FECC, TFJA y CJF, cuyos titulares y representantes conforman el Comité Coordinador del SNA.

CPC

El Comité de Participación Ciudadana lo integran cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Propone al Comité Coordinador los proyectos de bases de coordinación entre las instituciones de fiscalización de recursos públicos, los proyectos de mejora a los instrumentos de la Plataforma Digital Nacional, así como los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción. Su actual presidente es José Octavio López Presa.