Conforme pasan los primeros meses de la nueva administración las condiciones en general de la seguridad pública, conforme a todos los indicadores —sean de medios de comunicación y/o firmas de consultoría—, empeoran.
Es difícil aceptar y procesar el argumento de que se trata de la inercia del anterior sexenio. Sobre todo si se cuenta con el requisito, primero, de registrar ante la autoridad electoral una plataforma de gobierno; luego los cinco meses de la larga transición administrativa —que va del día de las elecciones al cambio de poderes—; y, tercero, la serie de facilidades políticas y legislativas que ofrece contar con mayorías relativas en ambas cámaras.
Las Fuerzas Armadas, mientras tanto, siguen haciendo bien el trabajo que sociedad y gobiernos les piden: contener y someter a la criminalidad en amplias regiones del país. Aunque sin las condiciones jurídicas adecuadas sigue siendo complicado y en no pocos casos, con la notable incomprensión de organizaciones sociales y algunos pocos analistas, una tarea difícil. La práctica creación de la Guardia Nacional, luego de un proceso de estira y afloja entre partidos políticos y diversos actores sociales, demuestra lo lejos que nos encontramos de trabajar en un mismo sentido ante un verdadero peligro para el país.
Mientras la compleja dinámica legislativa se impone y debe tratarse, la violencia —organizada o no— sigue sus corrosivas actividades. Es sorprendente la lentitud, casi pasmo, con que se intentan resolver los siguientes pasos, que incluyen diversas disposiciones jurídicas secundarias, así como la puesta en marcha de una nueva Fuerza Armada, la Guardia Nacional, en calidad de interposición para auxiliar de la mejor forma a amplios segmentos del país agobiados por la criminalidad.
Esfuerzo
Los grupos parlamentarios, comenzando por el partido oficial, deben darse a la tarea para que de forma ágil y oportuna se atienda uno de los principales compromisos del ahora presidente de la República a lo largo de su campaña electoral.
La cuestión, por ejemplo, del financiamiento de la Guardia Nacional debe ser suficiente y oportuna ya que la aplicación de criterios restrictivos hace inviable cualquier eventual recorte o limitación presupuestal. La Secretaría de la Defensa Nacional, al hacerse cargo del adiestramiento, equipamiento (armas, uniformes, pertrechos), construcción de infraestructura, política social, sueldos y salarios realizará un extraordinario esfuerzo institucional, porque al tiempo de levantar y construir a la Guardia Nacional deberá continuar sus intensas labores de apoyo a la seguridad pública.
De acuerdo con datos proporcionados a la opinión pública hay todos los días alrededor de 55 mil integrantes de las Fuerzas Armadas empeñados en contener y someter al crimen organizado. De esa importante cantidad, si se considera que México cuenta con alrededor de 270 mil militares, la exigencia para el personal del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Marina-Armada de México será mucha.
Además deberán continuar labores cotidianas como el resguardo de la soberanía, independencia e integridad del territorio (aire, mar y tierra), garantizar el pleno funcionamiento de instalaciones estratégicas y la importante cantidad de labores de apoyo a la sociedad (reforestación, campañas sanitarias, construcción de obras de infraestructura, entre muchas más). Como se lee, y conforme a la reforma constitucional ya aprobada, por varios años el país seguirá contando con las Fuerzas Armadas para lograr la tranquilidad y vigencia del Estado de Derecho.