La ignorancia de algunos de nuestros políticos es realmente patética. Salomón Jara, ex militante del PRD y ahora vocero de Morena en el Senado, anunció que presentará una iniciativa para que se revoque el permiso de operación en México de las calificadoras “cuando atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera de una empresa o de un sector determinado”. Según Jara, “no puede haber una calificadora que descalifique”.
Lo que propone el senador es que si el gobierno no está de acuerdo con las evaluaciones de las calificadoras estas deberán ser expulsadas del país. En la conferencia de prensa en que dio a conocer la iniciativa declaró que las calificadoras “quieren presionar, chantajear” al gobierno en un momento en que este hace esfuerzos intensos por combatir la corrupción. El legislador no parece tener idea de las consecuencias que podría tener su iniciativa en caso de convertirse en ley.
Si se expulsa a las calificadoras de México, por supuesto, estas seguirán haciendo su trabajo en Nueva York y en Londres, donde se negocia la mayor parte de la deuda mexicana. Si se les pudiera impedir realizar su trabajo se desplomaría el mercado de deuda de nuestro país. El gobierno y las empresas mexicanas tendrían que pagar por anticipado todos sus pasivos y no podrían ya colocar nuevos bonos en el mercado internacional. El peso se desplomaría y México sufriría su peor crisis económica de la historia.
Jara no es el único legislador de Morena que quiere atacar a las calificadoras porque no está de acuerdo con sus decisiones: Martí Batres, presidente del Senado, afirma que las calificadoras no tienen calidad moral para bajar las perspectivas o las calificaciones del gobierno o las empresas mexicanas.
Posturas
Todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a protestar las decisiones del árbitro cuando estas no lo favorecen, pero una cosa es cuestionar al árbitro y otra amenazarlo con que no se le dejará trabajar porque sus decisiones son incómodas para el gobierno.
Las decisiones de las calificadoras, sin embargo, no sorprenden a nadie. Casi todos los analistas de la economía señalan que la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, la suspensión de las nuevas licitaciones de petróleo y electricidad, el uso de los pocos recursos de Pemex para construir una nueva refinería sin perspectivas de ser rentable y la cancelación del presupuesto de promoción turística para emplear el dinero para un Tren Maya que probablemente también perderá dinero son medidas que implicarán un menor crecimiento económico para el país, lo cual hará más difícil el pago de las deudas públicas y privadas. Tanto el Banco de México como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bajaron ya sus previsiones para la economía nacional.
Mucho más sana ha sido la posición del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien dice que “no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”. Las calificadoras, efectivamente, no han bajado hasta ahora las calificaciones, solamente las perspectivas. México está en observación, no reprobado. El gobierno, por otra parte, mantiene un presupuesto equilibrado y quiere demostrar que, a pesar del escepticismo de muchos, pronto comprobará a las calificadoras que toma las decisiones correctas.
El secretario de Hacienda sabe que lo peor que podría hacer el país es expulsar a las calificadoras, por muy incómodas que puedan resultar sus evaluaciones.