Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que le dan plena vigencia y operación a la Guardia Nacional, la seria problemática que representa la situación de la inseguridad pública implica y exige el mayor esfuerzo del Estado mexicano y del gobierno en turno.
De forma gradual, visible y violenta la sensación de vivir a expensas de los actos delictivos se ha convertido en uno de los principales distintivos de la sociedad mexicana en su conjunto.
Hacerle frente a esa condición será uno de los retos, si no es que el principal, ya que la exigencia en amplias zonas del país para intentar recuperar la normalidad en la vida cotidiana va acompañada de una serie de medidas adyacentes al funcionamiento de la Guardia Nacional. Estamos ante una salida de fuerza y disuasión del Estado mexicano; no obstante, la autoridad civil a nivel federal y local (estatal y municipal, se entiende) también tiene una importante responsabilidad para que la nueva Fuerza Armada pueda mejor actuar.
Ya lo he señalado en anteriores colaboraciones: la Guardia Nacional por sí sola no puede resolver el problema de la inseguridad, pero sí en cambio puede contribuir de forma decisiva a disuadir la actividad criminal, a confrontarla en su caso y someter a los delincuentes a la justicia. De allí, por ejemplo, la impostergable necesidad de revisar y robustecer —en cuanto a su funcionamiento— al sistema penal acusatorio, conocido de forma irónica como “la puerta giratoria”, dada la facilidad con que los criminales de toda ralea pueden evadir de manera fácil y rápida la aplicación de la ley.
Confianza
La Guardia Nacional, para decirlo en pocas palabras, es un decisión histórica porque a diferencia de la creación de otras corporaciones de seguridad, como lo fueron en su momento la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal —aun contando con personal militar—, ahora se trata de una responsabilidad plena de las Fuerzas Armadas y en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto instancia de la administración pública federal. De allí que los resultados, que esperamos sean del todo positivos, van a reforzar la buena imagen y confianza ciudadana que hay respecto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México.
En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció justo el día de la presentación de los uniformes de la Guardia Nacional que la posibilidad de que sea un militar en activo de la más alta jerarquía quien dirija la nueva corporación intermedia (es decir, militar de formación y de policía para la operación) es muy alta. Esta decisión, sin duda, sería la mejor forma de iniciar las acciones ante un antagonismo como el de la delincuencia común y la organizada. Lo anterior va en plena consonancia con los requerimientos nacionales ya que desde hace 30 años las Fuerzas Armadas han llevado el principal peso en las acciones para contener y someter a la criminalidad.
Funcionarios van y funcionarios vienen, grupos y partidos políticos igual; en cambio, la institución militar y sus integrantes son una de las áreas en donde la continuidad, actualización y vocación de servicio son más evidentes. Cierto que hay civiles experimentados en las áreas de Seguridad Pública (que son desplazados por visiones cortoplacistas y se desaprovechan su experiencia y formación), pero en cuanto a identidad institucional, no hay duda, las Fuerzas Armadas son una baluarte de la República.