México, Ciudad de México, 4 de abril. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con once mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, Estado de México, a quienes garantizó a nombre del Gobierno de México, el cabal cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Bárbara Italia Méndez, una de las once víctimas de los hechos ocurridos la madrugada del 4 de mayo de 2006, informó lo anterior al término de la mesa de instalación del caso Atenco, en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Lo anterior, luego de que la sentencia de la CorteIDH sobre el “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México”, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas por policías estatales contra las 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sicológica y sexual, además de falta de acceso a la justicia.
“El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Encinas se comprometió al cumplimiento cabal de la sentencia, por lo que a partir de hoy vamos a tener una mesa con las diferentes instituciones responsables de la implementación de cada uno de los puntos”, expresó Méndez Moreno.
Durante el proceso en la CorteIDH, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad por el uso de la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura contra las mujeres.
En entrevista, señaló que se recalcó a las autoridades presentes en la reunión que “nos interesa mucho el tema de justicia, que es una prioridad para nosotras y que cada una de las medidas sean reparatorias. Algo que no estamos dispuestas a ceder es que se vuelva a revictimizar o que se vuelvan hacer señalamientos sobre nuestras personas y familias”, acotó.
Acompañada por el grupo de mujeres dijo: “Ahora miramos la disposición del Estado para comenzar la instalación de las mesas. Vemos disposición, vamos a ver si en el área de los hechos se logra el cumplimiento cabal de la sentencia”.
Recordó que la sentencia marca algunos plazos, e insistió que uno de los temas más relevantes es el acceso a la justicia, que tiene que ver con fijar las responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno y, sobre todo, la investigación de la cadena de mando que se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo, hace casi 13 años.
Interrogada sobre las garantías de que se realizará una investigación en todos los niveles, indicó que esa es su apuesta, además de que ésta se amplíe y se “mire, no solamente a los responsables materiales, sino a la cadena de mando”.
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, precisó que la sentencia ordena la creación de un observatorio, con participación de sociedad civil y especialistas, para supervisar los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad federal y mexiquenses.
La CorteIDH determinó que “el uso de la fuerza de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.
Durante la reunión estuvieron presentes funcionarios de la Segob, Fiscalía General de la República, del Estado de México, de la Comisión Nacional de Víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de Salud, así como de la Policía Federal.