En el Congreso local los diputados van por que se deje atrás la simulación y todos los trabajadores que desempeñan alguna actividad para los legisladores —aun cuando sean de confianza, como asesores, asistentes, secretarias— gocen de derechos, beneficios y estabilidad salarial. O sea, que todos cuenten con seguridad social.
“Eso proponemos con base en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en su reglamento, que establece un Comité de Administración y Capacitación para el funcionamiento administrativo, al cual corresponde formular las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos”, sostiene la diputada panista Margarita Saldaña.
Es interesante la propuesta porque la mayoría de los trabajadores del Congreso son contratados como de confianza y por ello no tienen ninguna prestación, ni derecho de antigüedad que les permita ir acumulando años de trabajo para en un futuro aspirar a una jubilación.
“Acción Nacional pide que el Comité de Administración haga un análisis de las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores al servicio de este Congreso”, dice Saldaña.
“Si nosotros exigimos eso a todos los empleadores de este país en la iniciativa privada creo que los primeros que debemos cumplir con este mandato constitucional de brindar seguridad social a sus empleados somos nosotros. Porque todos los trabajadores de esta Legislatura tienen derecho a gozar de beneficios en la administración pública. Pero hay que empezar por reforzar los laborales”, puntualiza la diputada.
“En la supuesta era de la transformación por la que atraviesa México se necesita coherencia en los hechos y asumir los retos de una Constitución política que garantice derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de nuestra sociedad. No debemos desvirtuar la existencia de las garantías laborales”, advierte la legisladora blanquiazul.
Si la mayoría parlamentaria en el Congreso quiere ser congruente con su discurso de apoyo a los que menos tienen y hacer algo por los trabajadores a su servicio estarán de acuerdo en que se cumpla con lo establecido en la Constitución en beneficio de cientos de trabajadores que carecen de seguridad social. ¿Se pondrán de acuerdo? ¡Veremos!
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que se dice que los diputados de color serio van por reformar el Código Penal capitalino para garantizar el derecho a la protesta social, que hasta donde se sabe está garantizada, porque a diario vemos a manifestantes y nadie los agrede ni los detiene la autoridad. Si la protesta es un derecho y la represión un delito, dónde empieza ese derecho y dónde el de los demás. Porque los manifestantes son agresivos, atacan a la autoridad, se burlan, la ridiculizan y lo aplauden. ¿Entonces ahora podrán hacer lo que quieran bajo el amparo de la ley?... Y sigue la molestia entre adultos mayores porque no saben cuándo les depositarán en sus tarjetas la ayuda prometida. Como se ha dicho, pronto se normalizará la entrega de tarjetas. Pero lo que no les han explicado es que varios millones de personas no cobrarán porque con el incremento de la edad, de 65 a 68 años, algunos que ya cobraban quedaron fuera. Hasta que cumplan los 68 podrán ingresar nuevamente. ¿Y ahora?...