Una vez aprobada en el Congreso de la Unión y los 32 Congresos del país la Guardia Nacional sigue su proceso de conformación para entrar en funcionamiento y cumplir su objetivo de garantizar la seguridad pública, sobre todo en las regiones que padecen mayor violencia e inseguridad en el territorio nacional.
En espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice la declaración constitucional de la nueva instancia de seguridad, continúa el armado legal y normativo con el que se dará forma a su actuación, capacitación e identificación.
El jefe del Ejecutivo federal nombró al general de Brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, como comandante de la Guardia Nacional, así como de los militares que integrarán la Coordinación Operativa Institucional.
Por su parte el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, entregó al Senado el paquete de cuatro iniciativas que contienen las leyes orgánica, de uso de la fuerza pública, de registro nacional de detenciones y la que modifica el sistema de seguridad pública.
A cuatro meses del inicio de la actual administración los niveles delictivos, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal, se mantienen elevados en rubros de alto impacto, como el homicidio doloso, por lo que en el gobierno y el Congreso trabajan para concluir el proceso legal y administrativo que permita entrar en operación a la Guardia Nacional lo antes posible.
Estrategia fundamental
El respaldo prácticamente unánime que recibió la conformación de la Guardia Nacional durante las discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República (salvo por el debate respecto de si debería tener un mando civil o militar a la cabeza) fue ratificado posteriormente por los 32 Congresos locales.
Con ello se demostró el reconocimiento del gobierno de la República, gobernadores, partidos políticos y Congreso de la Unión respecto de la necesidad de contar con una nueva institución que enfrente a la delincuencia en todas sus formas de manera efectiva.
En efecto, las autoridades y los expertos coinciden en que el país se ha visto envuelto en una espiral de inseguridad y violencia desde hace más de una década, lo que deja una cruenta estela con miles de muertos y víctimas, sin que se haya logrado frenar la criminalidad.
De ahí que el gobierno federal haya concebido la creación de la Guardia Nacional como una estrategia fundamental para regresar la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas, empeño que busca abatir la comisión de los delitos que más agravian a la sociedad —los homicidios, los secuestros y los asaltos en todas sus modalidades—, mediante un enfoque nuevo que permita lograr resultados efectivos.
Realidad
Los niveles de inseguridad se han mantenido al alza. Los distintos estudios y estadísticas del gobierno federal ratifican esta realidad que se vive en amplias regiones del territorio nacional y no solo afecta a las personas o sus bienes sino que su daño se extiende a otros ámbitos de la vida del país.
El comienzo de la actual administración federal en materia de seguridad se considera el más violento al registrarse nueve mil 703 homicidios dolosos en los primeros cuatro meses de acuerdo con información oficial: representa 53.6% más que al arranque del sexenio anterior, 181% más que en el gobierno de Felipe Calderón y 104% más que en la administración de Vicente Fox.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 se iniciaron siete mil 299 carpetas de investigación por muertes violentas, lo que sumando los dos mil 404 homicidios dolosos de marzo, de acuerdo con el reporte diario que realiza un equipo interdisciplinario constituido por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República, la cifra en este gobierno alcanza nueve mil 703 homicidios dolosos.
Esta situación la corroboran otros análisis, como el del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que en su informe 2018 refiere que la tasa nacional de delitos con violencia subió 15% con incrementos en asaltos, robos y la violencia de género; con un indicador que llama la atención: la tasa mensual de violencia en la familia escaló 32% en los últimos tres años, con lo que se establece que la violencia doméstica y la violencia fuera del hogar van de la mano y los ilícitos en las calles ya no son el único problema de paz en México.
Experiencia y capacidad
El presidente López Obrador afirmó que con el nombramiento del general Rodríguez Bucio se satisface la petición de organizaciones civiles de que el mando de la corporación no fuera un militar en activo.
Subrayó que se tiene el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en el país sin guerra y con oportunidades para lograr el bienestar.
Reveló que en el Comité de Seguridad se escuchó este punto de vista y no se actuó con cerrazón, por lo que el nombramiento de un general en proceso de retiro no afecta lo sustancial: que opere bien la Guardia Nacional.
El general Rodríguez Bucio cuenta con maestría en Seguridad Militar y doctorado en Seguridad y Defensa Nacional. Estuvo a cargo de guarniciones militares y fue director del área de investigación sobre narcotráfico de la Sedena. Hace poco fue presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington, Estados Unidos.
Por su parte, Alfonso Durazo remarcó el carácter civil de la Guardia Nacional con el nombramiento del general Luis Rodríguez ya que se trata de un mando castrense en proceso de retiro.
Coordinación Operativa
El Ejecutivo federal también dio a conocer a los elementos que integrarán la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, que tendrá la responsabilidad constitucional de asesorar en la elaboración de la estrategia de seguridad y de los planes operativos.
Por la Secretaría de la Defensa Nacional formará parte el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor (cuyo proceso de retiro concluye en julio) Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez; en representación de la Secretaría de Marina el contralmirante de Infantería Diplomado de Estado Mayor retirado, Gabriel García Chávez, y por la Policía Federal la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel.
El general Núñez Márquez ha encabezado operaciones contra el tráfico de drogas y actualmente pertenece al cuartel general de la 24 Zona Militar.
Por su parte el contralmirante García Chávez comandó diversos batallones de infantería de Marina, cuenta con maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, diplomado en Derechos Humanos y fue jefe de sección de la Primera Región Naval.
A su vez Patricia Trujillo es maestra en medicina forense, cuenta con doce doctorados, nueve de ellos honoris causa. Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha cursado 34 diplomados y es autora de 28 libros. Es precursora en el área de certificación y acreditación en el ámbito policial. Fundó la División Científica y es la primera mujer en obtener el grado de comisaria general de la Policía Federal.
Normar operación
El paquete entregado al Senado contiene las cuatro leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, en las que se establece el entramado jurídico para normar su operación, regular el uso de la fuerza entre sus integrantes y los de otras corporaciones de seguridad pública.
Se propone crear un registro nacional de detenciones y una base de datos que concentre la información a escala nacional sobre personas privadas de la libertad por algún hecho delictivo o faltas administrativas.
Establece delitos aplicables a los integrantes de la Guardia Nacional, como colaborar e incorporarse a la delincuencia organizada, con penas hasta de 60 años. Y prevé que sus miembros puedan objetar órdenes de sus superiores contrarias a lo establecido en esa ley, en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Respecto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza se indica que la Guardia Nacional, y en general las corporaciones policiacas del país, no podrán emplear armamento de fuego para controlar o dispersar manifestaciones, pero sí medios no letales, como chorros de agua a presión, gases irritantes en aerosol y toletes, cuando se trate de movilizaciones o protestas violentas.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones permitirá combatir las desapariciones forzadas y que ciudadanos no sean apresados de forma arbitraria. También prevé crear una base de datos única, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que garantizará a cualquier ciudadano con interés legítimo acceder a la información sobre personas privadas de la libertad.
Leyes reglamentarias
Orgánica | Establece la forma en que se desempeñará la Guardia Nacional. |
Del Uso de la Fuerza Pública | Prevé que la Guardia Nacional no podrá emplear armamento de fuego para controlar o dispersar manifestaciones, pero sí medios no letales, como chorros de agua a presión, gases irritantes en aerosol y toletes, cuando se trate de movilizaciones o protestas violentas. |
Del Registro Nacional de Detenciones | Combatirá las desapariciones forzadas y que ciudadanos no sean apresados de forma arbitraria. |
Ley que modifica el Sistema de Seguridad Pública | Contiene las modificaciones que se proponen hacer en materia de seguridad. |
Fuente: Senado de la República
Conformación
La Guardia Nacional contará con 266 coordinaciones territoriales a lo largo del país, de las que 150 empezarán a funcionar en el presente año, en 2020 sumarán 200 y en 2021 se completará la totalidad.
El gobierno federal calcula que se requerirán entre 120 a 150 mil efectivos, cantidad que no se alcanza a cubrir con la suma de los elementos de las policías Militar, Naval y Federal, por lo que habrá un proceso para reclutar nuevos elementos.
Integración de la Guardia Nacional
Año 2019 | Institución | Elementos |
Sedena | 35,000 | |
Semar | 8,000 | |
Policía Federal y Gendarmería | 10,000 | |
Efectivos que se reclutarán y capacitarán | 20,000 | |
Total | 73,000 |
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana