Las tres masacres —Guanajuato, Morelos y Veracruz— en estos cuatro meses de Cuarta Transformación deben tener, además de la policiaca, una lectura estratégica: se trata de una crisis de hegemonía del Estado nacional frente a las organizaciones criminales poderosas que están ocupando espacios territoriales y estructuras de la soberanía del Estado. Los llamados cárteles están combatiendo al Estado.
La estrategia de seguridad del gobierno federal no debe ser únicamente sobre seguridad pública sino que debe ser llamada oficialmente como Estrategia Nacional de Seguridad Interior, porque las bandas delincuenciales no solo roban y trafican sino que se asientan en territorio del Estado para garantizar un orden criminal en zonas territoriales de la soberanía del Estado constitucional.
Mientras el equipo de seguridad pública del gobierno federal no asuma con valentía el enfoque de seguridad interior, las posibilidades de éxito serán nulas. Sobre todo porque las condiciones, acotamientos y reglas de la seguridad pública benefician hasta ahora a los delincuentes. Los adversarios de seguridad del gobierno lopezobradorista no son los delincuentes identificados por nombre y apellido sino las estructuras criminales que suplantan policías, cobran impuestos y funcionan como gobierno de facto.
Aquí se ha machacado el término de seguridad interior tomado de la doctrina de defensa nacional de las Fuerzas Armadas. Y hay que repetirlo: “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, establece las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”.
Poder
No se trata solo de defender a los ciudadanos de los pillos sino de garantizar el Estado de Derecho y atar el bienestar al control constitucional de seguridad de territorios del Estado. Es, lo dice la definición, un tema de gobernabilidad democrática, es decir, del control constitucional del Estado sobre todo su territorio y el sometimiento legal de los delincuentes al imperio de la ley.
En los meses de gobierno legislativo-presidencial —ocho meses desde la instalación de la nueva cámara en septiembre pasado— el gobierno de López Obrador ha lanzado iniciativas coherentes —aunque incompletas— sobre seguridad pública, por lo que estos hechos criminales por parte de los cárteles caen ya bajo su responsabilidad directa; acusar a gobiernos anteriores del tiradero no es más que la elusión de una responsabilidad policiaca y constitucional.
La realidad está alcanzando y rebasando los enfoques populistas de la crisis de seguridad del lopezobradorismo; ciertamente la delincuencia tiene a la pobreza como una de muchas explicaciones, pero el gobierno actual tiene el poder de decisión desde la noche del 1 de julio pasado para representar y defender al Estado y es la hora en que anda repartiendo culpas y eludiendo responsabilidades.
Si el Estado no asume con autoridad su poder frente a la delincuencia entonces el país estará a merced de los criminales y de las justificaciones.