Una de las luchas más loables del presidente Andrés Manuel López Obrador es la que ha lanzado contra el huachicol, el combustible robado. Su gobierno comenzó con una verdadera plaga de robo de combustible y venta de gasolina ilegal. “Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustible, con el huachicol”, dijo el 6 de enero el mandatario. “Este robo se permitía desde el gobierno”.
López Obrador llegó al extremo de cerrar los poliductos de Pemex para enfrentar el robo. La medida provocó una gran escasez de gasolina, sobre todo en el Bajío, Jalisco y la Ciudad de México. Las largas filas que los automovilistas hacían para cargar combustible generaron la imagen de un país en crisis y provocaron una desaceleración de la economía en los primeros meses de 2019. Pero la mayoría de la población, según las encuestas, respaldaba la posición del presidente. Cualquier sacrificio era aceptable a cambio de combatir el robo de gasolina.
Ya para el mes de abril, con los ductos nuevamente abiertos, las filas en las gasolineras habían desaparecido, pero también el huachicol. El 10 de abril el presidente mostró gráficas en su conferencia de prensa matutina que señalaban que este robo había bajado de 81 mil barriles diarios en diciembre de 2018 a 18 mil en enero, nueve mil en febrero y ocho mil en marzo.
Tabasco
La actitud del gobierno frente al robo de electricidad, sin embargo, ha sido radicalmente distinta. El 14 de mayo la Comisión Federal de Electricidad anunció un programa para perdonar la deuda de 500 mil usuarios en Tabasco, la entidad del mandatario, acumulada durante años por la práctica de no pagar el consumo. El costo de este programa, denominado Adiós a tu deuda, ascenderá según el gobierno de Tabasco a once mil millones de pesos. Los usuarios de Tabasco, y solo los de Tabasco, no solo se verán beneficiados con este borrón y cuenta nueva a cambio de ahora sí empezar a pagar la electricidad sino que además recibirán una tarifa preferencial en el futuro en comparación con la que paga la mayoría de los mexicanos.
La gran diferencia entre la dureza de un caso y la suavidad del otro es que el robo de combustible, según el presidente, es producto de los regímenes neoliberales/conservadores, mientras que los robos de electricidad son consecuencia de un llamado que él mismo hizo a sus simpatizantes en Tabasco, desde 1995, para dejar de pagar la electricidad como protesta por un supuesto fraude electoral de las elecciones para el gobierno estatal de fines de 1994. Los robos a Pemex son así un gran pecado contra el Estado, pero los cometidos contra la CFE son la expresión de una justa protesta social.
El robo de electricidad no es el único aceptado por el gobierno. La toma de casetas de peaje de autopistas se ha convertido en un hecho común en todo el país por parte de grupos que piden dinero de los automovilistas y financian así sus actividades políticas u obtienen ingresos personales. En Baja California, la Autopista Escénica de Tijuana a Ensenada ha sido tomada ya de manera casi permanente. La Policía Federal puede tener elementos a un lado de las casetas pero no intervienen para impedir el robo por instrucciones superiores.
Hay que respaldar, por supuesto, la posición del gobierno frente al robo de combustible. Pero resulta muy difícil entender por qué otros robos son solapados. Ningún robo, ya sea de bienes del Estado o de particulares, debe ser considerado normal en un Estado de Derecho.