Con el ánimo de contribuir a la garantía de protección del derecho a la salud y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló a diversas autoridades federales, de manera respetuosa, varias consideraciones relacionadas con el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y/o la no transferencia de recursos a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración.
Entre ellas, les pidió adoptar las medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.